El Ministerio de Industria y Comercio certificará las Buenas Prácticas de los negocios que asuman con responsabilidad social la relación que se genera entre el comercio y el consumidor. Desde junio habrá obleas identificatorias para los adherentes. Será un régimen voluntario para aquellos inscriptos en el Sifcos.
Por Cecilia Pozzobon – [email protected]
El Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico de la provincia certificará las Buenas Prácticas de los comercios cordobeses que adhieran a esta herramienta que busca fortalecer el sector y generarle mayor competitividad.
El proyecto fue presentado por el titular de la cartera, Martín Llaryora, quien el martes pasado disertó en las Primeras Jornadas de Derecho del Consumidor y Responsabilidad Social Empresaria, en la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC).
“Es un proyecto que se enmarca dentro de la Ley SIFCoS, como acción de fortalecimiento de la actividad comercial”, confirmó a Comercio y Justicia Tomás Grunhaut, secretario de Comercio de la provincia.
“La presentación se hizo para que todas aquellas instituciones o agrupaciones interesadas puedan sumar propuestas, generando así políticas de Estado que se construyan sobre la base del consenso”, agregó.
Esta herramienta encuentra su fundamento en el compromiso ético que los adherentes (voluntarios) pretenden asumir con responsabilidad social en la relación comercio-consumidor.
Según el proyecto, este código pretende generar una “permanente interrelación educativa” en la que el consumidor obtenga “mayor calidad en la atención y asesoramiento”.
Se busca “lograr un paradigma para preservar las conductas propias de la actividad comercial y de servicios que promuevan los derechos del consumidor, la actividad comercial sustentable, la protección del medio ambiente y el respeto de los principios reconocidos”, se indicó.
“Es necesario tomar conciencia de que en las empresas modernas, la responsabilidad social empresaria ya está arraigada en la concepción y planificación del funcionamiento institucional, y de que la política de defensa del consumidor no constituye un ataque a los comerciantes sino que significa una oportunidad para mejorar la gestión comercial y los estándares de calidad”, explicó Llaryora durante la presentación. Agregó luego que por esa razón, “quienes adhieran al Código de Buenas prácticas comerciales tendrán un reconocimiento de parte del Estado, porque quiere decir que eligieron mejorar la atención al usuario y respetar la Ley”.
Más competitividad
“El objetivo es fortalecer la actividad comercial, generando competencia leal y sana, brindando herramientas que van a derivar en una mayor competitividad de los comercios adheridos”, explicó Grunhaut.
“Es un código, un compomiso ético que conlleva el cuidado del cliente, de la confianza para con el consumidor, de la calidad de atención, el cuidado del medioambiente y del entorno comercial, entre otros ítems”, agregó.
Para ellos, la Secretaría de Comercio de Córdoba generará capacitaciones, a las que deberán asistir quienes estén interesados a adherirse al proyecto.
La dependencia provincial proveerá el Manual de Buenas Prácticas Comerciales, “que serán autogestionadas, es decir, las aplicará el comerciante y sus empleados por voluntad y convicción propia”, dijo Grunhaut.
“Desde la Secretaría se va a hacer una auditoría anual en la que se evaluará la aplicación de este código. Esa auditoría estará basada en una visita al comercio adherido, en encuestas realizadas entre los cliente, y otros”, agregó.
Las condiciones para acceder al certificado de Buenas Prácticas serán estar inscripto en el Sifcos, realizar las capacitaciones establecidas por la cartera provincial y no tener resolución en contraria en la Dirección de Defensa del Consumidor.
“La idea es que el comercio pueda publicitar que posee Buenas Prácticas Comerciales y que eso le dé un valor agregado como comercio”, indicó el secretario, quien consignó que se aspira a poner en marcha el mecanismo en el mes de junio.
Cabe destacar que para la puesta en vigencia de este proyecno no es necesaria una intervención de la Legislatura Unicameral. “Cuando esté listo, se pondrá poner en vigencia a través de una resolución ministerial”, explicó Grunhaut.
Los comercios
– Recibirán capacitación.
– Se comprometerán a cuidar el medio ambiente y el entorno comercial.
– Se comprometerán a respetar los derechos del consumidor.
– Mejorarán la calidad de la atención.
– Se concienciarán sobre los hábitos de responsabilidad social.Los consumidores
– Lograrán mayor satisfacción en la atención y respuesta a los reclamos.
– Recibirán información precisa.
– Lograrán que se protejan sus datos personales.