ESCUCHAREl juez neoyorquino hizo lugar al pedido de los holdouts, aunque no resolvió si penalizará a Argentina. Consideró que las medidas tomadas por el país son “ilegales”. Para Cancillería, se trató de una violación del derecho internacional.
El juez neoyorquino Thomas Griesa declaró en desacato al país, convalidando el pedido realizado por los fondos buitre, al considerar que Argentina llevó adelante acciones “ilegales” que violan sus órdenes, aunque evitó tomar una decisión respecto a sanciones o multas que podrían ser aplicadas ante esta situación.
Un par de horas después de que se conoció la decisión del magistrado, el Gobierno, por medio de la Cancillería, advirtió que la decisión “es violatoria del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos” y volvió a solicitar a Estados Unidos que acepte la jurisdicción del Tribunal Internacional de La Haya para dirimir esta controversia, debido a que ese país es el “único responsable” por las acciones de cualquiera de sus órganos, en este caso el judicial.
Ayer se conoció que la presidenta Cristina Fernández hablará hoy por cadena nacional y podría hacer anuncios sobre la continuidad del conflicto.
“Intento por evadir”
En la audiencia celebrada en la sede de la Corte distrital de Nueva York, Griesa justificó su decisión al señalar que Argentina “tomó y está tomando” pasos “en un intento por evadir partes críticas” del fallo del 23 de febrero de 2012, en el que ordenó al país no efectuar pagos a los bonistas reestructurados, si no abonaba también a los fondos buitre una suma cercana a 1.300 millones de dólares.
El magistrado consideró que Argentina dio pasos “ilegales” al “desplazar” al agente fiduciario Bank of New York Mellon (BONY), al “mover los asuntos sobre los bonos a la Argentina, lejos de los Estados Unidos” y al “realizar pagos de intereses a los tenedores de bonos reestructurados sin reconocer” las obligaciones con los demandantes.
Griesa se refirió de esta forma a la recientemente sancionada Ley de Pago Soberano, que modifica la sede de pago de los compromisos a los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010, entre otras cuestiones.
Bajo este escenario, Griesa dijo que “la Corte sostiene y falla que esos pasos son ilegales y no pueden ser llevados adelante” y nombró, por lo tanto, a Argentina “en desacato”.
En la audiencia, que duró poco más de una hora, los únicos expositores fueron el abogado del fondos NML Capital, Robert Cohen, y el representante legal de Argentina, Carmine Boccuzzi.
No decidió sanciones
Griesa reconoció que aplicar ese fallo “es raro”, pero sostuvo firme su posición, aunque evitó dictaminar sobre las sanciones económicas y de otro tipo solicitadas por los fondos buitre.
El tribunal “se reservará la decisión” sobre la aplicación de sanciones “para futuros procedimientos”, dijo el juez.
Por su parte, el abogado del fondo buitre NML Capital, quien habló en nombre de todos los demandantes, respaldó su solicitud, considerando que Argentina tomó “repetidamente pasos en violación” de las órdenes de lo dictaminado por la justicia y pidió al juez que declare al país en desacato.
En ese marco, Cohen dijo que el tribunal debía aplicar su “autoridad” y actuar en ese sentido para enviar un mensaje de que es necesario cumplir con los fallos y buscó convencer al juez, al mencionarle que ya existen otros casos de desacato aplicados a otros países soberanos.
“Hemos sido más que pacientes con la Argentina y es tiempo para la corte de efectuar su poder de autoridad para tomar acciones que le diga a la Argentina que realmente necesita cambiar su comportamiento”, aseveró el abogado de los buitres.
Inapropiado
Por su parte, Boccuzzi, en representación de Argentina, consideró la figura de desacato como algo “legalmente inapropiado” y aseveró que su aplicación “va a empeorar la situación y no ayudará” a resolver la disputa con los fondos buitre y el país.
El letrado, que ya había entregado antes de la audiencia la nota enviada por el Gobierno argentino en tal sentido, advirtió que convalidar el pedido de los buitre es “jurídicamente inadmisible, inaplicable” y afirmó que no es posible “prohibir” a los países soberanos “actos, incluyendo discursos” de sus funcionarios, así como “publicación de avisos” en los medios de comunicación.
Boccuzzi mencionó además en la audiencia que el pedido de desacato efectuado por los buitre responde a su intención de “castigar” al país, impidiendo el pago a quienes sí optaron por ingresar en las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010, a menos que ellos reciban la suma de dinero fijada por Griesa.
Envió una nota a John Kerry, secretario de Estado norteamericano
Timerman reclama igualdad soberana entre los estados
Antes de conocerse la resolución, en horas del mediodía argentino, el canciller Héctor Timerman brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que los tratados internacionales reconocen la “igualdad soberana entre Estados” y advirtió que el desacato “no sólo viola de forma manifiesta el derecho internacional sino que es un antecedente que podría ser utilizado en el futuro” contra Estados Unidos.
Por su parte, la embajadora argentina en Washington, Cecilia Nahón, entregó una misiva al secretario de Estado norteamericano, John Kerry, en la que remarcó que “Argentina advierte que es total y absolutamente inconcebible que los litigantes hayan considerado que un juez local pueda declarar a un Estado extranjero ‘en desacato”. Ello, agregó, iría en contra de los “principios sobre los que descansa la convivencia internacional”, que se encuentran en la Carta de las Naciones Unidas, e implicaría “una escalada sin precedentes y aún muy superior, inclusive, a la decisión de retener o impedir el cobro de los bonistas reestructurados”.
Cancelación de bonos
– El Banco Central efectuará hoy el primer pago de un vencimiento de deuda por alrededor de US$170 millones en la cuenta fiduciaria del Banco de la Nación, según la ley de Pago Soberano.
– Corresponde al bono Par de los canjes de deuda 2005 y 2010 y el monto total puede variar porque hay pagos en euros y yenes.
– En octubre, Argentina debe pagar otros 85 millones de dólares; en noviembre, US$ 207 millones y, en diciembre, US$852 millones, más los compromisos fijados en pesos para esos meses.
