ESCUCHARLos sectores políticos y de consumidores que resisten el aumento del gas dispuesto por el Gobierno lograron ayer un importante avance, tanto en ámbitos judiciales como legislativos, y cercaron al Ejecutivo nacional alrededor de un incremento discutido en muy diversos puntos del país.
Por un lado, un juez federal de Río Cuarto hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo de esa ciudad y dejó sin efecto la suba en el ámbito de esa localidad.
Por otro lado, funcionarios nacionales tuvieron que defender ante una comisión de senadores la política tarifaria impulsada por el Ejecutivo. Allí estimaron que “95% o 96% de los usuarios comprendidos por la medida está en condiciones de pagar”, pero aceptaron revisar todos los casos de familias que no puedan pagar.
Por último, la oposición en la Cámara Alta buscó tratar la derogación del decreto que habilitó los incrementos, aunque no logró la aprobación necesaria para debatirla sobre tablas.
A nivel provincial, la decisión más importante fue la tomada por Carlos Ochoa, un juez federal de Río Cuarto, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por el defensor del Pueblo de esa ciudad, Eduardo Mugnaini.
Esta decisión judicial permitirá que los contribuyentes de Río Cuarto puedan pagar las facturas de gas sin los últimos aumentos dispuestos. En el caso de quienes ya los abonaron, la empresa Ecogas deberá efectuar el descuento correspondiente en la siguiente factura.
El fallo dispuso también que “las próximas facturas a emitirse deben imprimirse sin los cargos tarifarios anteriormente señalados”.
Por último, el juez Carlos Ochoa ordenó que “la distribuidora deberá abstenerse de interrumpir el suministro de gas a aquellas personas que no han podido pagar dichos conceptos”.
Defensa oficial
Por su parte, el Gobierno nacional buscó ayer defender su política tarifaria, para lo cual el secretario de Energía, Daniel Cameron, participó en una reunión de la Comisión de Energía y Combustibles del Senado. También estuvieron en el encuentro el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, y el interventor del Ente Regulador del Gas (Enargas), Antonio Pronsato.
Frente a los legisladores y durante tres horas, Cameron defendió la política tarifaria aplicada por el Gobierno en el servicio de suministro de gas natural por redes, y en particular la decisión de cobrar el “Cargo Gas” a usuarios de consumos medios altos y altos, para financiar los mayores costos derivados de la importación de este combustible durante el otoño y el invierno.
Según explicó el funcionario, el “Cargo Gas” dispuesto por el decreto 2067/08 “fue pensado para compensar el diferencial de precios entre el gas de importación en los meses de mayor demanda y el gas que se produce en el país. Creemos que 95% de los usuarios comprendidos por la medida está en condiciones de pagar por su mayor consumo”.
De todas maneras, frente a los reclamos suscitados en distintos puntos del país, Cameron manifestó que el Gobierno está dispuesto a “analizar caso por caso la situación de quienes objetivamente no puedan pagar” dicho cargo, al tiempo que ratificó la vigencia de la decisión, “en tanto la Justicia no se ha pronunciado sobre el fondo de la cuestión” en los reclamos formulados por ciudadanos particulares y por asociaciones de consumidores. También indicó que el Ejecutivo está
