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Las pequeñas empresas nucleadas en Apyme, la Cámara de Comerciantes e Industriales Mayoristas y la de Metalúrgicos insistieron en la necesidad de una reforma tributaria que proteja el empresariado local.
Luego de que la Provincia condicionó una eventual rebaja en la alícuota de Ingresos Brutos (IIBB) a que el empresariado cordobés sugiriera un mecanismo para neutralizar el “rojo” de la Caja de Jubilaciones, las pymes locales no sólo tildaron la propuesta de “improcedente”, sino que aprovecharon la oportunidad para rechazar fuertemente la política fiscal instrumentada por el gobierno provincial.
Así se desprendió de un comunicado emitido por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), en el que se reclamó “una urgente reforma tributaria que transforme (el sistema) en progresivo, equitativo y no atente contra el consumo, la producción, los servicios y el comercio local”.
“Es insostenible un sistema cimentado en tributos que se trasladan al consumidor muy por encima de los que gravan las manifestaciones de riqueza, empeorado a partir de la existencia, en su momento, de una discutible emergencia financiera, en nuestra Provincia”, indicó el texto.
Asimismo, hicieron explícito el rechazo al “condicionamiento explicitado por el ministro de Industria, Comercio y Trabajo, Roberto Avalle -en nombre del gobierno de la Provincia- acerca de estudiar una baja en las tasas de impuestos a los Ingresos Brutos, a partir de una propuesta para enjugar el déficit de la Caja de Jubilaciones”.
En ese sentido, consideraron la propuesta lanzada por el funcionario luego de que este medio informó sobre el generalizado pedido de rebaja en IIBB como forma de apuntalar la competitividad del sector productivo, atento a la mejora de la situación económico-financiera de la Provincia, como “ofensiva”.
“No podemos ser sometidos a una presión (más parecida a un chantaje)”, advirtió la entidad y agregó: “No podemos elaborar una propuesta seria acerca de políticas previsionales porque técnicamente resulta prácticamente imposible. Además, la emisión de una opinión por parte de una organización empresarial, seguramente, servirá para justificar proyectos o medidas del Poder Ejecutivo provincial, y transformará a la organización que lo haga en avalista (o cómplice) de decisiones de altísimo contenido político”.
En el mismo sentido se expresó el titular de la Cámara de Comerciantes e Industriales Mayoristas, Héctor Luna, quien indicó a Comercio y Justicia que no se puede “endilgar al sector privado los desaguisados políticos”.
“Si cada vez que el gobierno tenga un agujero fiscal nos va a aumentar un punto en la alícuota de IIBB, denota falta de imaginación”, sentenció el dirigente.
En ese sentido, Luna dio a conocer que el viernes pasado la Cámara mantuvo una reunión con el titular de la Comisión de Economía de la Unicameral, Dante Heredia, con el que “consensuaron” la necesidad de que se reduzca en un punto la alícuota de IIBB.
Según pudo saber este medio, habría serias intenciones por parte del gobierno de realizar una rebaja específica para este sector, aunque no se conoció el plazo de la posible medida.
Por su parte, Emilio Etchegorry, titular de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba (CIMCC), indicó que “con esta estructura impositiva y la inestabilidad en materia de provisión energética, el gobierno no puede pretender que haya empresas más competitivas”.
“El gobierno no puede delegar un rol que es la esencia misma por la que la gente los eligió”, dijo en referencia a la propuesta del ministro de Industria de que las entidades empresariales busquen un mecanismo para poder reducir el déficit previsional, para de esa manera poder avanzar en una menor presión impositiva.
“De ninguna manera podemos tomar decisiones que son del gobierno”, concluyó.
En tanto, recordó que la entidad metalúrgica no está en contra de lo que pagan los empresarios en concepto de Ingresos Brutos, sino que lo rechaza por lo distorsivo del gravamen, que recae “sobre todas las transacciones”.
“En algún momento se va a terminar recaudando 100% de nada”, aseguró el dirigente, al tiempo que destacó: “Esto es lo que lleva a pensar que no hay ni una política industrial, ni una política de protección de las pymes”.
Frente a otras medidas
La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios también se manifestó disconforme frente a otras medidas o herramientas instrumentadas por el gobierno provincial.
Es el caso de la reciente ley de Promoción Industrial (modificación de una anterior) y la del Compre Córdoba, que fue sancionada en noviembre de 2006 con la intención de beneficiar las empresas locales, especialmente las pymes, a la hora de licitar las adquisiciones del Estado.
“Tienen efecto casi nulo entre las pymes cordobesas”, indicó Eduardo Fernández, titular de Apyme a este medio. “Días atrás, el propio secretario de Industria de la Provincia, César Martinelli, reconoció que tiene alrededor de 10 anotados en el registro del Compre Córdoba”, explicó el dirigente para hacer referencia a la falta de efectividad.
Respecto de la ley de promoción, Fernández recordó que aún no está reglamentada, pero aún así, “cuando lo esté, va a tener poco efecto entre las pequeñas empresas por dos factores: primero porque no está contemplada la segmentación de empresas y -segundo- porque no se considera la posibilidad de financiamiento y las pymes, sin esta pata, poco pueden hacer”.
Más costos
La UIA volvió a quejarse por los cortes de energíaLa Unión Industrial Argentina (UIA) volvió a quejarse por la influencia sobre la producción que tienen los recortes en materia energética y cuestionó los altos costos que representan los juicios por accidentes de trabajo.
De esta manera, la junta directiva de la central fabril alertó sobre el fuerte incremento en los costos del sistema y de los reclamos por accidentes in itinere (los que se producen en el trayecto desde y hacia el trabajo), en los cuales -consideró- la empresa no tiene ninguna responsabilidad “subjetiva”.
Además, los representantes de las distintas cámaras y regiones informaron sobre la continuidad de restricciones en el suministro a muchas de las industrias. Por tal motivo, se decidió efectuar un seguimiento de la situación en el corto plazo y, a la vez, evaluar y proponer soluciones de largo plazo para asegurar el abastecimiento, que permita sostener la actividad productiva.
Directivos de la UIA se reunieron, además, con los senadores Miguel Pichetto, Ernesto Sanz, Rubén Giustiniani y José Pampuro, y los diputados Ricardo Gil Lavedra, Oscar Aguad y Agustín Rossi para analizar modificaciones de la legislación laboral, medioambiental y tributaria.
