ESCUCHARLa CAME, el G6 y Fedecom coincidieron en criticar la decisión compulsiva del Gobierno nacional. Adujeron que es anticonstitucional y defendieron el esquema de paritarias. Aclisa analiza recurrir a la Justicia
Entidades que reunen a diferentes sectores empresarios de Córdoba y del país coincidieron en cuestionar la decisión del Gobierno nacional de imponer el pago de una suma fija de 60 mil pesos en dos cuotas a los trabajadores del sector privado.
En ese marco y si bien anticiparon que aguardarán la publicación de la normativa en el Boletín Oficial, aseguraron que se trata de una decisión contraria a la Constitución Nacional y que al mismo tiempo atenta contra el normal desarrollo de las negociaciones paritarias en las diferentes ramas de actividad.
En ese contexto, el Grupo de los Seis que reune a la Cámara de la Construcción, Fedecom, la Cámara de Comercio, de Comercio Exterior, la UIC y la Bolsa de Comercio emitió un duro documento en rechazo a la iniciativa.
“El conjunto de pequeñas, medianas y grandes empresas rechazan de plano la iniciativa oficial de un bono salarial a aplicar en los meses de agosto y septiembre. Solicitan firmemente dar marcha atrás con el anuncio y abstenerse de generar dicha obligación”, indicaron.
“Ante una economía en profunda crisis, intervenciones de esta naturaleza generan múltiples problemas que deprimen aún más la ya castigada actividad productiva. Esta política económica destruye el salario, el que de ninguna manera se recupera con estas iniciativas si no con la implementación de las políticas adecuadas”, señalaron.
“Las distorsiones que produce son múltiples. Primero, el Estado nacional toma decisiones que son de órbita estricta de los privados, fijando de manera arbitraria el monto, la oportunidad y la razón de esos “adelantos” salariales. Por otra parte, desvirtúa la herramienta de determinación de los salarios sector por sector, que son propios del dinamismo y características de cada actividad y región del país”, prosiguieron.
“Las empresas venimos realizando múltiples esfuerzos para sostener la actividad y el empleo y en acompañar a nuestros trabajadores en los impactos que les genera día a día la inflación. Las actualizaciones salariales están siendo pactadas en paritarias entre el sector sindical y el empresario y cumpliéndose en todos sus alcances. Por último, creemos urgente que las decisiones de política pública estén orientadas hoy a los problemas de fondo, íntimamente vinculados al déficit fiscal y se abstengan de tomar medidas sin previa consulta o consenso, más aún habiendo un proceso eleccionario en marcha”, finalizó el texto.
CAME
Por su parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) recordó que el “mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales por fuera de su alcance”.
En ese sentido, CAME sostiene que cada sector de la economía y cada empresa en particular “atraviesan diferentes situaciones que jamás pueden homologarse al punto de establecer unilateralmente aumentos generales, aun asumiendo el Ejecutivo nacional el 50% del incremento dispuesto”
En particular, los sectores de Comercio y de Trabajadores Rurales acaban de celebrar sus paritarias, lo que implica que el otorgamiento del bono en cuestión quedará absolutamente desfasado de la reapertura de las negociaciones, en el marco de un proceso inflacionario acelerado. Las micro, pequeñas y medianas empresas llevan varios meses perdiendo en su resultado económico y esta imposición agudizará esa pérdida.
“La injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente”, concluyó la entidad.
En la misma línea se pronunció Fedecom, entidad que integra la CAME.
Aclisa
En tanto, el titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios (Aclisa), Ignacio Escuti, confirmó a Comercio y Justicia que la entidad analiza interponer una acción judicial para evitar el pago del bono.
“El sector no está en condiciones de afrontar esa obligación”, recordó y consideró inconstitucional la medida implementada desde el Gobierno nacional.
