ESCUCHARLa ministra de Trabajo, la titular de Anses y su par de la AFIP, precisaron los alcances de las acciones anunciadas por Sergio Massa. El costo fiscal equivale al 0,5% del PIB. La suma fija de $60.000 fue la que generó mayor rechazo de las empresas con múltiples cuestionamientos. El G6 de Córdoba y CAME, entre otras, pidieron al Gobierno desistir de la obligación. Clínicas analizan ir a la Justicia
El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, afirmó que medidas anuncidas durante por el ministro Sergio Massa buscan alivianar el impacto de la devaluación impuesta por el FMI y que el costo fiscal de las ayudas representarán una inversión total $729.000 millones, una cifra equivalente al 0,5% del PBI.
Castagneto formuló declaraciones en la tarde de ayer durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la AFIP, en la que brindó detalles de los alcances impositivos de las medidas.
El titular de la AFIP aseguró que las medidas económicas representan «un gran esfuerzo del Estado, donde incluye a todos los sectores» y que está destinada a que «esta devaluación que sufrimos a través de un pedido del Fondo Monetario no se vea reflejada en sus bolsillos».
Luego de los anuncios de Massa, ayer diferentes funcionarios salieron a explicitar detalles de algunas de las medidas aunque subsisten dudas sobre los alcances de su aplicación.
Sin embargo y pese a los detalles informados, aún no fueron publicados en el Boletín Oficial las medidas enunciadas por Massa el domingo.
En ese marco, diferentes entidades empresarias se expresaron ayer contra el pago compulsivo de una suma fija de $60.000 para trabajadores con salarios netos de hasta $400.000.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fedecom y el denominado Grupo de los Seis (G6) de Córdoba, coincidieron en criticar la medida. En tanto, desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios (Aclisa), su titular Ignacio Escuti, adelantó que analizan avanzar con una presentación judicial para evitar el pago.
Las medidas
El combo de medidas anunciadas por Massa el domingo, comenzaron a ser detalladas ayer pese a que aún no están publicadas las normativas que las sustenten.
La primera en explicar las acciones fue la ministra de Trabajo, Raquel ‘Kelly’ Olmos.
En una conferencia de prensa brindada en la sede de la cartera laboral, la funcionaria brindó detalles sobre la suma fija de $60.000 que, en dos cuotas a cobrar en septiembre y octubre, deberán percibir aquellos trabajadores -del sector privado y público- que hayan tenido salarios inferiores a los $400.000 por todo concepto en el mes de agosto.
En el caso de microempresas, el Estado se hará cargo de la totalidad del bono; en el caso de las pymes será del 50% que podrá tomarse como parte de los aportes patronales; mientras que en el caso de las grandes empresas, será abonado en su totalidad por el empleador.
Por otra parte, el personal de casas particulares, será de un monto de $25.000 en dos cuotas de $12.500 que se abonará proporcionalmente a la carga horaria y el Estado devolverá el 50% a los empleadores que tengan un ingreso neto inferior a 1,5 millones de pesos y no hayan abonado bienes personales en 2022.
Respecto de una posible interferencia en las paritarias de esta suma no contributiva, Olmos subrayó que se trata de «negociaciones libres» que están entre los mecanismos «más virtuosos de nuestro sistema democrático» y que, allí, cada sector podrá discutir sobre el tema.
Recordó además que las paritarias que se están refrendando por estos días se suscriben con plazos inferiores al año, acto que otorga «dinamismo» a los salarios.
También sostuvo que se invita a las provincias «a tomar una medida en el mismo sentido», ya que esos distritos «son autónomos».
La funcionaria explicó que las medidas se adoptaron «en virtud de la propia capacidad de decisión» del Gobierno nacional.
Olmos sostuvo que las decisiones fueron pensadas para proteger «a los trabajadores y a los más humildes del país» en una situación «extremadamente restrictiva», esencialmente motivada por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
«El FMI actúa como el usurero del barrio, que ahora preocupado por todo lo que le dio a (Mauricio) Macri, pretende condicionar más la capacidad de decisión de nuestro gobierno. Nosotros estamos cumpliendo con los pagos al FMI, pero intentamos mantener el mayor nivel de autonomía y soberanía en las decisiones que nos es posible en el marco de la situación heredada», señaló.
Raverta
En tanto, la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, detalló que los trabajadores que no paguen Impuesto a las Ganancias -con salarios brutos menores a $700.000- podrán acceder desde septiembre a créditos por hasta $400.000 a tasa subsidiada, como parte del Programa de Fortalecimiento del Ingreso de las Familias Argentinas para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
En ese sentido, detalló que el crédito tendrá una tasa subsidiada del 50%, con tres meses de gracia y que se podrá devolver en 24, 36 o 48 cuotas.
«Es una nueva línea de crédito para trabajadores formales orientada al consumo, pero que, además, tiene el objetivo de desendeudar a las familias argentinas con la deuda de tarjeta de crédito. Esto es para trabajadores que no pagan impuesto a las ganancias, de ingresos de hasta $ 700.000», detalló Raverta.
Al respecto, dijo que «la forma en la que vamos a instrumentar el acceso a este crédito la vamos a estar contando en esta semana para que, en septiembre, ya pueda estar a disposición esta nueva línea de crédito para seguir cuidando el bolsillo de las familias argentinas».
Entre las destinadas a jubilados y pensionados, además del aumento del 23% que todos percibirán en el haber de septiembre por la Ley de Movilidad, habrá 5,1 millones que cobran hasta un haber mínimo que recibirán un refuerzo de $37.000 en los meses de septiembre, octubre y noviembre.
Esto es, un total de $111.000 que se cobrará en tres cuotas iguales de $37.000, en los meses de septiembre, octubre y noviembre.
«De esta manera, los jubilados de la mínima van a estar cobrando arriba de $124.000», aseguró Raverta, que señaló que el aumento interanual para jubilados de esta categoría será del 147%.
En detalle, la jubilación mínima será de $124.460 para los próximos tres meses.
También para jubilados, se ampliará el tope de devolución del IVA por el consumo con tarjeta de débito, que se cuadriplicará, al pasar de $4.000 a $18.000 por mes.
El reintegro es del 15% sobre el total de las compras en farmacias, comercios y mayoristas.
En relación con las políticas para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), señaló que los 2,4 millones de tutores de los beneficiarios accederán al aumento del 23,2% por Movilidad, que llevará el monto del programa a un total de $17.000 por beneficiarios, a lo que se sumará un refuerzo para los menores de 14 años a través del programa Alimentar.
«Las mamás que tienen hasta un hijo tendrán un aumento en el programa Alimentar de $22.000, las que tienen dos hijos tendrán un aumento de $34.500, y las mamás que tienen desde tres hijos en adelante $45.500», apuntó la titular de Anses.
Al respecto, dijo que la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, dará más detalles sobre este refuerzo «en las próximas horas».
Por último, los jóvenes 16 y 17 años que acceden a una beca Progresar, pasarán a cobrar $20.000 al mes, en lugar de los $12.780 vigentes.
La mejora en la becas impactará sobre casi medio millón de jóvenes de 16 y 17 años que reciben la beca Progresar.
Monotributo
Por su parte, Carlos Castagneto, titular de AFIP, explicó respecto al alivio fiscal para monotributistas que, “no pagarán el componente impositivo durante los próximos seis meses” aquellos que estén inscriptos en las categorías A, B, C y D, inclusive.
Esto implica para la categoría A, un aporte impositivo de $496, que llega a los $2.689 en el caso de los inscriptos en la categoría D.
“Los sujetos beneficiados son 1.829.544 contribuyentes”, precisó Castagneto, quien además destacó que ese aporte de dinero será “condonado” a partir de un artículo que se incluirá en la Ley de Presupuesto 2024 que se enviará al Congreso antes del 15 de septiembre próximo.
Además, “para incluir a más trabajadores independientes dentro de la economía formal, se modifica el monotributo productivo”, una escala por debajo del Monotributo Social, que baja el costo de la cuota mensual del 5% de la facturación al 1% por espacio de los próximos 36 meses.
En la actualidad son 188.346 monotributistas lo que podrían estar comprendidos en esta medida, con la que se apunta a formalizar a más de un millón de trabajadores que trabajan de manera informal.
Esto se va a instrumentar a través de un decreto del Poder Ejecutivo en los próximos días, precisó Castagneto.
Los beneficiados por estas medidas son 7.800.000 jubilados y pensionados y se implementa a través de una resolución general de la AFIP, explicó el funcionario.
Además, el Estado asume el costo de reducir las contribuciones patronales para 350.317 micro y pequeñas empresas. Este costo significa que el 100% de las contribuciones para 302.044 microempresas que emplean 1.263.638 trabajadores, y el 50% para 48.273 pequeñas empresas que emplean 1.186.921 trabajadores.
El total de los beneficiados por esta suma fija rondará los 5.500.000 trabajadores, de los cuales el Estado cubrirá a un total de 2.450.559 puestos.
Precios controlados
En esa dirección, en los próximos días «también a través de Precios Cuidados se va a dar la información de los otros beneficios fiscales que van a tener las empresas que adhieran a este beneficio y entre ellos es retrotraer sus valores y un incremento de un 5% mensual que va a ser supervisado por la Secretaría de Agricultura y Comercio en conjunto con la AFIP», dijo el funcionario.
