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La discusión sobre el proyecto de ley se extenderá varias semanas en comisión. El oficialismo apunta a su aprobación antes de fin de año.
Las cámaras que nuclean las pequeñas y medianas empresas argentinas participaron ayer, junto a referentes de diversos sectores, del debate en comisión sobre el proyecto de reparto de ganancias empresariales presentado por el senador del Frente para la Victoria (FPV) Héctor Recalde.
De esta manera se retomó una discusión que parecía clausurada semanas atrás, luego del frontal rechazo del proyecto por parte de las grandes cámaras empresariales agrupadas en el denominado G7 -que incluye la UIA, la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Sociedad Rural, la Asociación de Bancos de Capital Argentino y la Cámara Argentina de Comercio-.
Los grandes empresarios expresaron su oposición a la puesta en marcha de un “sistema de cogestión sindical” que, según dijeron en un comunicado, puede causar el “desaliento de la inversión”.
Proyecto alternativo
Las pequeñas y medianas empresas demostraron ayer estar lejos de la clausura del debate sobre el proyecto que plantea el reparto entre los trabajadores del 10 por ciento de las utilidades de los empresarios.
En ese sentido, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) anunció ayer ante la comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados la presentación de un proyecto propio sobre el reparto de ganancias.
En consonancia con el proyecto oficial, la iniciativa de CAME contempla que la ganancia neta por distribuir entre los trabajadores sea de 10 por ciento del total de las utilidades de la empresa a la que pertenecen.
De esa porción de las utilidades, 80 por ciento se repartirá entre los empleados (sin incluir al personal jerárquico) y el 20 por ciento restante se girará a la creación de un fondo solidario que financiará programas de asistencia y blanqueo de trabajadores en negro y desocupados.
El proyecto basa su espíritu en las experiencias de Brasil y Europa y afirma que la participación financiera de los trabajadores, “si se aplica correctamente, no sólo incrementa la productividad, la competitividad y la rentabilidad de las empresas, sino que también puede, al mismo tiempo, alentar la participación de los trabajadores, mejorar la calidad del empleo y contribuir a una mayor cohesión social”.
Las observaciones del sector
Resulta evidente que las empresas del sector pyme avalan la filosofía general del proyecto de ley presentado por Recalde. No obstante, guardan reservas respecto a la aplicación universal del reparto de ganancias que, según plantean, estaría encubriendo las desigualdades estructurales.
En esa línea, las cámaras pyme resaltaron ayer la necesidad de que el proyecto “no castigue las utilidades” de las empresas con gran cantidad de empleados, sin hacer diferencias con aquellas cuyo nivel de utilidades es mayor y concentrado en menos manos.
Al respecto, Eduardo Fernández, titular de Apyme, planteó la necesidad de que “en una primera etapa se dejen afuera las pymes”, hasta tanto se discutan un conjunto de medidas para profundizar el modelo productivo favorable a las empresas de menor envergadura. Entre ellas mencionó las políticas de financiamiento y de reducción de costos laborales para la mano de obra intensiva, con posibilidades de regularización de empleo no registrado con costos accesibles.
En ese sentido, Fernández sugirió que “la segmentación económica es sustancial”, en el marco del actual proceso de concentración de factores productivos en Argentina.
“No puede haber leyes iguales para desiguales”, afirmó el titular de Apyme, y aseguró que los trabajadores de este tipo de empresas sin duda tienen derecho a un salario digno pero resulta desigual si no se contemplan los distintos niveles de productividad que plantean diferentes márgenes de acción.
En un sentido similar al de las pymes, la Federación Agraria (FAA) -también presente ayer en la reunión de Diputados- solicitó “políticas públicas diferenciadas” y consideró que la ley deberá atender la coyuntura de pequeñas productoras agropecuarias, sin empleados, más allá de quienes integran el núcleo familiar. A modo de ejemplo, los referentes de la FAA mencionaron que “sólo unos cinco mil productores -de un total de 70 mil- cosechan 70 por ciento de la soja que se produce en todo el país”.
Lo cierto es que más allá de considerar las demandas particulares de los sectores convocados al debate del proyecto de Recalde, las cámaras que asisitieron ayer a Diputados demostraron no sólo la intención de diálogo sino que sumaron sus propias propuestas enriqueciendo el proceso.
“Estamos dispuestos a debatir, en defensa de la industria nacional”, afirmó el titular de Apyme, distanciándose de quienes “pretenden mantener sus privilegios”. “No nos sumamos a la conspiración de los que baten récord de ganancias”, concluyó Fernández.
