ESCUCHARLa secretaria de Comercio Interior, Paula Español, dijo que el Sistema Informativo para la Implementación de Reactivación Económica (Sipre), instrumentado ayer por el Gobierno, permitirá «tener un monitoreo de precios y del abastecimiento a lo largo de la cadena», registro en el cual grandes empresas informarán mensualmente los precios de sus productos, cantidades vendidas y stocks de bienes finales e intermedios.
La funcionaria subrayó que el nuevo sistema «no es intervención, es un régimen informativo» y que su implementación responde a que «los problemas de los últimos meses tienen que ver con falta de algunos insumos y con comportamientos especulativos».
Por su parte, el presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, señaló que “si este caudal informativo que se está pidiendo es para fines estadísticos, me parece inoportuno; y si es para control, hay otros medios y otros caminos por los cuales el Estado puede controlar”.
Funes de Rioja consideró que “no es el momento oportuno (para la implementación del Sipre) porque estamos en medio de una emergencia muy profunda”.
“Entendemos la emergencia, no entendemos la finalidad de este Sipre; nosotros en la mesa de la alimentación hemos dicho que nuestros costos están por encima de nuestros precios porque nuestros precios están congelados”, agregó el también vicepresidente de la Unión Industrial Argentina.
En este sentido, Español explicó que «muchas empresas del sector alimentos tenían quejas con lo que sucedía con insumos» y que de esta manera «se va a poder detectar los problemas con insumos».
La economista detalló que, por medio del sistema «se les va a pedir un precio mayorista y minorista, cuánto se ha vendido y cuánto hay en stock. Y así se va a poder saber dónde puede aparecer el problema de abastecimiento».
Agregó que «si uno sabe la evolución de los precios en la cadena, el problema de abastecimiento o de insumos, se puede detectar con tiempo».
El Sipre se formalizó a través de la resolución 237/2021 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y no implicará para las empresas ningún gasto o trabajo adicional, debido a que es una información con la que ya cuentan y que deberán enviar por sistema y bajo declaración jurada.
En una primera etapa, la medida alcanzará a alrededor de medio millar de firmas de los sectores de alimentos y bebidas, higiene personal y limpieza; materiales para la construcción y muebles; químico y agroquímico; y de electrónica y electrodomésticos.
Los sectores comprendidos inicialmente son aquellos que cuentan actualmente con mayores tensiones de abastecimiento, stocks y precios; luego, en una segunda etapa se incorporarán más rubros hasta alcanzar alrededor de 1.000 empresas.
La primera presentación deberá realizarse en forma obligatoria entre los días 1 al 10 de abril de este año y las compañías que incumplan serán pasibles de sanciones a través de la ley 20.680 de Abastecimiento y sus modificatorias.
En relación a este punto, Funes de Rioja dijo que el sector empresarial considera «inconstitucional la ley de abastecimiento por la sencilla razón que avanza sobre el derecho de propiedad”.
En tanto, desde la cartera productiva aseguraron que la resolución no afectará la política comercial de las empresas porque «no deberán informar a quién/es le/s venden».
«Aquí no hay una cuestión de atacar márgenes de rentabilidad sino que se busca entender cuál es la evolución de los precios en la cadena y cuándo hay problemas de abastecimiento para poder administrar mejor situaciones», subrayaron.
Oposición desde Córdoba
La instrumentación de la nueva herramienta desde el Gobierno fue cuestionada por parte de empresarios de Córdoba.
Concretamente, Ercole Felippa, titular de la empresa Manfrey, consideró que con ese tipo de políticas no se logrará avanzar con una baja de la inflación, problema que requiere de medidas de fondo como, por ejemplo, el equilibrio presupuestario.
En la misma línea se pronunció el titular de la Cámara de la Construcción, Luis Lumello, sector también alcanzado por la resolución de la Secretaría de Comercio Interior.
“Son acciones que no suman y de hecho complican aún más a la actividad”, reveló.
