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Por la polarización, mucha gente rechaza la idea de que es deseable buscar una especie de Pacto de la Moncloa, premisa frecuentemente expresada por aquellos que pretenden socializar el costo de su fracaso, buscando que se diluya su responsabilidad en él.
Sin embargo, ese rechazo al acuerdismo preelectoral no puede ocultar una realidad: pasadas las elecciones hace falta un acuerdo de gobernabilidad. Ésa es, probablemente, la palabra más importante para el próximo período presidencial, sea del color que fuere.
En diversos análisis y entrevistas la palabra emerge como el gran interrogante de cara a lo que se abrirá a partir del 10 de diciembre de este año. Si hay dudas sobre qué resultado mostrarán las urnas, es más que lógico que dicha incertidumbre se derrame sobre lo que va a venir después.
Seguramente algunos espacios encontrarán más trabas que otros, pero nada parece indicar que el ganador de los comicios de octubre pueda emerger con tal baño de legitimidad o respaldo institucional como para tratar de gobernar sin dialogar con sus opositores.
La magnitud del desafío implica que el próximo presidente deberá trabajar codo a codo con los derrotados para asegurarse la posibilidad de que su éxito individual sea también positivo para el conjunto de la población. De no buscar establecer acuerdos y compromisos políticos para diseñar políticas a mediano y largo plazo, el riesgo son el inmovilismo y una crisis política que transforme la apatía actual en una pulsión destructiva del sistema más extendida que la que hoy se puede observar en algunos grupos minúsculos.
Libertarios, cambiemistas y todistas se presentan ante el mismo escenario de carencias, aunque con herramientas levemente distintas.
La semana pasada Javier Milei planteó que puede gobernar con consultas populares, reflejando su ignorancia. No se refirió a que (incluso con una improbable victoria en todos los distritos) quedaría con menos de 25% del Senado y menos de la mitad de la Cámara de Diputados. Sus dos primeros años, los más duros, serían sin un Poder Legislativo afín, que se traduce además en la incapacidad de influir sobre el Poder Judicial a partir de los resortes institucionales.
El Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que miden números de manera muy pareja dentro del Congreso, están por debajo -pero muy cerca- de 50% de las bancas. La cooperación será fundamental para encarar las reformas necesarias.
Otro aspecto fundamental es el de los gobernadores. Pragmáticos, venden su apoyo a gobiernos centrales lánguidos sobre los que se impondrá la necesidad acuerdista, lo que definirá su alineación circunstancial.
Argentina ha llegado a esta instancia con todas las debilidades posibles. Es como si el Estado se hubiese convertido en el ciudadano argentino que tantas veces vimos: en tiempo de vacas gordas se acostumbró a vivir bien y a gastar mucho, pero llegó la sequía y fue como haberse quedado sin trabajo; la falta de reservas por esa vida de bacán sin ingresos fue como quedarse sin ahorros; falló tantas veces devolviendo lo que recibió prestado que nadie le quiere extender el crédito ni firmar una garantía; para colmo de males no se habla con parte de la familia y ha perdido buena parte del músculo que tenía para poner el lomo.
El desafío es mayúsculo. Pero si la resiliencia argentina es real, quizás esta vez los políticos encuentren la forma de dejar de lado los egoísmos para construir la gobernabilidad tan necesaria para lo que viene.
