ESCUCHAREl relevamiento echó luz sobre cuántos argentinos somos y en qué lugares vivimos. Sin embargo, algunas sorpresas y otros cambios generan algunas preguntas sobre temas sociales y políticos que serán de gran importancia para los próximos años
Ya pasó casi un mes desde que se conocieron algunos datos oficiales del censo de población llevado a cabo el año pasado. Después de algunas idas y vueltas, de datos que se dieron y se retiraron, finalmente hay un número claro sobre cuántos somos en el país. Una vez que baja la espuma de la novedad, es necesario comenzar a pensar en el futuro.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) hace regularmente encuestas y muestreos para relevar la situación socioeconómica del país. Esa tarea es muy importante, por cuanto permite hacer un seguimiento sobre la evolución de escenarios cambiantes o de gran volatilidad. Desempleo, pobreza e ingresos son algunas de las cosas que hay que tratar de monitorear de manera periódica.
El censo, por su parte, permite una mirada diferente. Al realizarse sobre la totalidad de habitantes y cada una década, permite una mirada más estructural de los procesos sociales. De esta manera se puede saber cuánto se espera que viva la gente, en qué lugares se asienta, qué regiones expulsan a sus habitantes y cuáles reciben nuevos ciudadanos.
El censo es una herramienta fundamental para la planificación social y para el diseño de políticas públicas sostenibles en el tiempo. Hay tendencias que se registran desde hace al menos dos censos que todavía no han sido aceptadas por completo por los responsables de la toma de decisiones. El crecimiento de algunas regiones por sobre otras, así como la falta de infraestructura que acompañe dicho cambio, son claros ejemplos de ello.
En las próximas páginas se tratará de desarrollar algunas de estas cuestiones fundamentales para la sociedad y la política nacionales.
Cambios demográficos
La provincia de Córdoba sigue su crecimiento desde hace un tiempo, pero se ha acelerado desde el censo anterior, de 2010. La última medición mostró que en la provincia residen 3.979.000 personas, lo que la convierte en el segundo distrito más poblado del país, detrás de la provincia de Buenos Aires.
En los nueve años transcurridos entre los censos de 2001 y 2010, la provincia de Córdoba había aumentado su población ocho por ciento, lo que representó un crecimiento de casi uno por ciento anual. Era un valor normal, ya que la tendencia en los censos previos había marcado que las migraciones internas se habían dirigido principalmente a la Patagonia.
Esa tendencia de migración hacia la Patagonia no se modificó entre 2010 y 2022, pero sí lo hizo en lo que respecta a Córdoba. El incremento de la población provincial fue de 20,2%, empujando la tasa hasta 1,6% anual, muy por encima de lo registrado una década antes.
A partir de las estadísticas de natalidad y mortalidad con las que cuenta el Registro Civil, la única explicación posible para dicho fenómeno es que creció la inmigración, algo que se podrá apreciar mejor cuando estén los datos finos por franja de edad. Aunque de poco rigor científico, cualquier persona que circule por las sierras de Córdoba puede observar el fenómeno de la pluralidad de acentos que se encuentran en los negocios, donde la tonada genéricamente referida como porteña se destaca entre el resto.
Este tipo de aportes poblacionales producto de la migración obedece a múltiples factores, que pasan por cuestiones económicas, sociales o incluso vinculadas a una búsqueda de otra calidad de vida. El paso al home office durante la pandemia les permitió a muchas personas abandonar la reclusión por la inseguridad de las grandes ciudades y cambiarla por los espacios abiertos y el verde de las localidades del interior.
Cambios en la distribución geográfica provincial
La ciudad de Córdoba sigue siendo la más poblada de la provincia, con 39,3% de la población. En dos décadas se sumaron 280 mil habitantes, que más que duplican a los 132 mil habitantes que se sumaron al departamento Colón. Las comparaciones, sin embargo, son odiosas.
Aunque en valores absolutos eso es significativo, las casi 300.000 personas que agregó la ciudad son más fáciles de incorporar a la dinámica social a partir de la infraestructura existente que cuando se habla de localidades que duplicaron su población en el mismo lapso. El desafío para estos otrora pequeños poblados serranos son un dolor de cabeza para los intendentes.
En estos 21 años hubo tres departamentos que tuvieron las mayores tasas de crecimiento: Colón (por Sierras Chicas), con 77%; Calamuchita, con 75%, y Santa María (Alta Gracia es su cabecera), con 71%.
Las cifras indican que en este tiempo Colón pasó de 171 mil a 303 mil habitantes, Calamuchita trepó de 45 mil a casi 80 mil y Santa María lo hizo de 86 mil personas a 147 mil. Los cambios en la infraestructura vial juegan su partido: en ese tiempo se construyeron autovías a la región de Sierras Chicas, a La Calera, a Jesús María y a Alta Gracia que reflejan el vínculo de muchos habitantes de esas zonas con respecto a la capital.
Antes había crecido fuertemente Punilla, que está empezando a revivir esa expansión de los primeros 2000. La autopista a Carlos Paz sumó un carril, se está haciendo la nueva autovía de Punilla y -para el otro lado- se está avanzando en la autovía a Calamuchita. Esos caminos reflejan los cambios en la distribución de la población, no solamente la explosión de aquellas zonas como centros turísticos.
Infraestructura
Por supuesto, las rutas no son todo, aunque sean una parte fundamental para la actividad económica. Si se toman otras dos dimensiones fundamentales para la vida, salud y educación, se puede observar que la gente llega a vivir a las sierras a un mayor ritmo que el que llevan las obras.
Este proceso de migración interna genera un impacto muy fuerte en lo que hace la necesidad de lugares en las escuelas. Zonas de fuerte crecimiento, como las Sierras Chicas, se enfrentan al problema de la falta de bancos en las instituciones existentes.
Aunque cada año se abren algunas divisiones o se promueve algún anexo, la cantidad de escuelas permanece casi inalterada desde hace décadas. Para el caso del departamento Colón, apenas si en una década se sumó una escuela primaria pública, Sí se sumaron escuelas privadas, con y sin subvención, o incluso algunas sin reconocimiento oficial. El Estado corre por detrás del tema y se queda siempre corto.
El caso del departamento Santa María es incluso peor. Con ese crecimiento pronunciado en su cantidad de habitantes, las escuelas secundarias públicas son las mismas que hace 15 años. Los censos permiten desentrañar este tipo de desafíos para abordarlos de una manera seria y con proyección a que las soluciones perduren en el tiempo.
En lo que hace a la salud, la situación no es mucho mejor. Los tres departamentos de mayor crecimiento tienen los mismos hospitales de hace décadas, con una población que hoy es el doble. Apenas si se han hecho algunas mejoras o adaptaciones, como es el caso del hospital modular de Santa Rosa de Calamuchita.
Los municipios de esas zonas tienen dispensarios que son insuficientes para la demanda actual y que tampoco pueden atender urgencias de algún tipo de complejidad. La falta de médicos de guardia -que es un problema en toda la provincia- se hace patente en todas las localidades. La excesiva regulación de los precios del sistema de salud, sumada a los largos plazos de pago que tienen el Estado y las obras sociales, han contribuido a la progresiva desaparición de las clínicas privadas en muchas zonas del interior, que canalizaban parte de la demanda de salud.
El resultado es un aumento de la presión sobre los hospitales de la Capital, que tienen como contra la distancia que muchas veces no pueden recorrer quienes necesitan ser atendidos.
Falta de costumbre
Uno de los problemas con los que deben lidiar estas poblaciones de rápido crecimiento es que los nuevos inmigrantes no están acostumbrados a la precariedad y las distancias existentes fuera de las grandes ciudades. Exigen prestaciones propias de ciudades grandes y consolidadas, pero en contextos en los que no están resueltas muchas cuestiones simples.
La recolección de residuos, el transporte público y la provisión de agua corriente o luz eléctrica son apenas tres dimensiones básicas de la vida cotidiana que no pueden ser abordadas de manera eficiente por las distintas gestiones municipales. El mantenimiento de las calles en contextos de nuevas urbanizaciones, el tratamiento de afluentes y la contaminación de las napas (en el lago Los Molinos se han empezado a comprobar problemas similares a los que aquejan al lago San Roque desde hace años) son otras de las cuestiones que reducen la calidad de vida en estos lugares que los nuevos moradores imaginaban como la vida de sus sueños.
Algunas consideraciones políticas
Esos cambios poblacionales -que representan un desafío para la planificación de políticas públicas de cada provincia- no son las únicas cuestiones importantes que surgen del relevamiento. La cuestión política es otra de las que comenzará a cambiar a la luz de los resultados.
El censo mostró cambios en la cantidad de habitantes de las provincias, pero uno de los más importantes fue que en muchos casos los números fueron inferiores a lo que se esperaba. Muchos distritos sumaron menos habitantes que los que se proyectó tras el censo de 2010.
Apenas la mitad de las provincias aumentó su población por sobre aquellos números. Catamarca (7.500 personas más), Córdoba (casi 145.000 más), Corrientes (alrededor de 60.000 más), Entre Ríos (15.000 más), Jujuy (10.000 habitantes extra), La Pampa (1.700 más), Neuquén (47.000 extra), San Juan (20.000), San Luis (21.000), Santiago del Estero (55.000) y Tierra del Fuego (9.000) son las que superaron las expectativas.
Esas modificaciones transforman la concentración de las preferencias políticas, pero también debería tener un correlato en la configuración institucional de su representación.
Diputados
La cantidad y distribución de los habitantes es un dato relevante para poder pensar los procesos políticos. Es fundamental saber dónde están asentados para tratar de entender por qué ciertas regiones o provincias se comportan de determinada manera. Los procesos de migraciones internas, la despoblación del entorno rural, la sobrepoblación de los grandes centros urbanos o la concentración en determinadas regiones tienen efectos claros sobre lo que pasa en la política.
La Cámara de Diputados de la Nación tiene una particularidad sobre el Senado. Representa a la población antes que a las provincias, por lo que es lógico que varíe la cantidad de representantes que le corresponde a cada distrito. De hecho, así está previsto en la Constitución Nacional desde 1853:
“Art. 45.- La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires, y de la Capital en caso de traslado, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado y a simple pluralidad de sufragios. El número de representantes será de uno por cada treinta y tres mil habitantes o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado”.
Si se mantuviera aquella regla de los 30.000 habitantes, nuestro Congreso debería hoy tener 1.534 diputados (sin contar las fracciones que pudiera haber en las provincias) ya que el último censo definió que somos 46.044.703 de argentinos.
Ese número es un tanto incómodo, especialmente si pensamos en la regla del tamaño de las legislaturas que desarrolló el estonio Rein Taagepera: la mejor relación de representación es si se respeta la raíz cúbica de la población. Así, para la cantidad actual de argentinos debería haber 358,4 diputados, que se debería redondear en 359 para poder desempatar.
En ese caso correspondería un diputado cada 128.200 habitantes, por lo que a Córdoba le tocarían 31 diputados de ese hipotético Congreso de 359 miembros.
Normativa vigente
Eso, sin embargo, no es posible de acuerdo a la ley vigente. El 12 de julio de 1983 el presidente de facto Reynaldo Bignone le puso su firma al decreto-ley Nº 22847 con el que Argentina volvía a ejercer la democracia. Este año se van a cumplir 40 años de que la organización electoral de la democracia se basa en un decreto de la última dictadura.
“ARTICULO 3º- El número de diputados nacionales a elegir será de uno por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500. A dicha representación se agregará, por cada distrito, la cantidad de tres (3) diputados, no pudiendo en ningún caso ser menor de cinco (5) diputados ni inferior a la que cada distrito tenía al 23 de marzo de 1976”.
Según esa norma, aún vigente, debería haber 285,9 diputados (de nuevo, sin las fracciones de cada provincia). Es menos que lo que plantea Taagepera, pero un poco más que los 257 que tenemos en la actualidad. La primera pregunta -ante la imposibilidad de adoptar el número que arroja el cálculo propuesto por el estonio- es si se mantiene el número de diputados y se redistribuyen las bancas, o si se respeta la cantidad de habitantes por banca y se aumenta el tamaño del Congreso a partir de la misma.
Si se pretende mejorar la representación, la opción lógica es adoptar la segunda, a los fines de ir poco a poco ordenando los números. La segunda pregunta, entonces, es sobre a qué provincias les correspondería sumar esos 30 diputados adicionales que se deberían agregar a los actuales según el decreto de Bignone.
En 1983 la provincia de Buenos Aires era el distrito más poblado, seguido de la Capital Federal, la provincia de Santa Fe y posteriormente Córdoba. De allí que nuestra provincia sea la cuarta en cantidad de diputados, detrás de los 70 de PBA, los 25 de CABA y los 19 de Santa Fe.
Desde el 31 de enero, Córdoba tiene oficialmente 3.978.984 habitantes. Según la proporción de la ley vigente, siete de los nuevos diputados que se deberían agregar lo harían representando a nuestra provincia, un incremento de 39% de representación parlamentaria.
Santa Fe sumaría apenas tres diputados para llegar a 22. La provincia de Buenos Aires debería sumar unos 40 diputados. Los futuros candidatos deberían convertir esto en un tema de agenda electoral.
¿Pero cómo, no era que se sumaban 30?¿por qué a Buenos Aires le corresponderían 40? Por el mínimo de cinco diputados por provincia, que distorsiona todo. Hay ocho distritos con más diputados que los que les corresponde.
CABA seguiría sobrerepresentada en seis diputados, como algunas de las patagónicas -caso Santa Cruz o Tierra del Fuego- que tienen tres o cuatro diputados por encima de lo que les corresponde según su población. Chubut es la más poblada y apenas llegaría a las cuatro, mismo caso que Formosa. Esos diputados de más son los que le faltan a provincias como Mendoza, que tiene 10 y le corresponden 13.
En los distritos en los que la oposición tiene mejor desempeño electoral se deberían sumar esos 30 diputados que corresponden según la ley vigente, o los alrededor de 50 que serían si se quitara esa cláusula discriminatoria de cinco diputados mínimos por provincia, que le da a la Cámara de Diputados un tipo de representación que le corresponde al Senado.
Córdoba tiene 21 veces más habitantes que Tierra del Fuego, pero tiene solo 13 diputados más: no llega a multiplicarla por cuatro. Mientras se mantenga esa desproporción será imposible desarticular una estructura político-económica en la que los distritos generadores de recursos siguen viendo cómo se mandan a pagar empleo público improductivo y regímenes industriales inservibles en lugar de volver como obras y servicios a sus territorios.
Algunos interrogantes
El censo llevó certezas pero también plantea muchas preguntas.
En primer lugar, cuestiones sociales referidas a la provisión de servicios públicos. ¿De qué manera están trabajando los gobiernos de distintos órdenes para hacer frente a estos cambios? No se trata solamente de cuestiones como caminos o puentes, sino también de escuelas, hospitales, electricidad, agua o internet.
La disparidad entre regiones que reciben población o aportan recursos a las arcas de la nación, frente a provincias que expulsan a sus habitantes y son premiadas con más coparticipación es un problema que se evidencia cuando salen datos duros como los del censo. Cuando se conozcan más detalles será más fácil hacer visible esa relación entre déficit de gestión y emigrantes internos.
La distribución de los recursos que recauda el gobierno nacional deben reorientarse a partir de estos nuevos datos. La sintonía política entre gobiernos debe dejar de ser la norma para hacer lugar a mecanismos formales, debatidos y consensuados de asignación de fondos. ¿Están dadas las condiciones para que esas discusiones lleguen al Congreso?.
Eso da lugar a otra pregunta, vinculada a la voluntad de las provincias para cambiar la distribución actual de bancas. ¿Cuánto están dispuestas a ceder las provincias que salen beneficiadas de manera desmedida por la ley de la dictadura que les aumenta el peso en la Cámara de Diputados?.
Parece una trampa difícil de esquivar, atento a que el sistema parece armado a prueba de cambios, quizás por su origen no democrático.
Finalmente, una última nota referida a aspectos metodológicos del censo. Las trampas detectadas en el censo anterior (el caso de La Matanza y la coparticipación extra que embolsó por haber inflado sus números), los problemas para la realización del censo digital, la precipitación para dar datos que resultaron errados, así como la demora en la carga y presentación posterior de los mismos, son una señal inequívoca de que la vigilancia sobre aspectos tan delicados para la confección de políticas públicas es una obligación de los ciudadanos y las instituciones.
