ESCUCHAREl resto se cubre con ingresos provenientes de los aportes de activos y contribuciones patronales. Según Idesa, los recursos tributarios comenzaron a mermar por fallos de la Corte y ahora por la revisión del artículo 104 de Ganancias, tras el Acuerdo Fiscal con las provincias. Así, la fórmula de movilidad actual no sería lo beneficiosa que fue hasta ahora
De las erogaciones de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) destinadas al pago de prestaciones, 40% se cubre con impuestos y aportes del Tesoro nacional, parte de los cuales fueron cuestionados por la Corte Suprema de Justicia. En ese marco, la sostenibilidad de la fórmula de movilidad previsional vigente quedaría cuestionada o, eventualmente, la mejora semestral a los pasivos no sería lo beneficiosa que fue hasta el momento ante una posible merma de esos recursos. La conclusión corresponde a un informe elaborado por la consultora Idesa, horas antes del tratamiento del proyecto de reforma previsional en la Cámara de Diputados.
Para Idesa, “debido a los cambios en la asignación de impuestos destinados al financiamiento de Anses, es necesario modificar el índice de movilidad”.
Con todo, señala que “sigue pendiente el desafío más importante que es una reforma previsional integral que le devuelva sustentabilidad y equidad al sistema”.
La consultora recordó que desde 2009 y luego de sucesivos fallos judiciales que ordenaban modificar el cálculo de la movilidad previsional, el Gobierno avanzó en la puesta en marcha de una fórmula que ajustaba en función de la evolución de salarios y de la recaudación de los impuestos asignados específicamente al sistema previsional.
La metodología que, tal como anticipó el viernes pasado Comercio y Justicia, llevó a que las jubilaciones aumentaran 950% desde 2009 a la fecha, está muy ligada a la evolución de la recaudación de los tributos que van a la Anses.
En ese marco, uno de los factores que, según la consultora, potenció la vulnerabilidad del sistema, es la creciente presión de las provincias, que cuestionan la constitucionalidad de usar impuestos coparticipables para financiar a la Anses.
“El caso más avanzado, pero no el único, es el fallo de la Corte disponiendo la suspensión de la asignación del 15% de la masa coparticipable a la seguridad social”, recuerda. De hecho, hay dos fallos de fondo sobre ese punto favorables a Santa Fe y San Luis, y una cautelar a favor de Córdoba.
Aunque no lo menciona en el informe, también estaba cuestionado el 11% del IVA destinado a Anses.
“Ante estas perturbaciones, la fórmula de movilidad actual es insostenible. Prueba de ello es que la primera alteración a la regla de movilidad se introdujo a través de un decreto de necesidad y urgencia firmado por el anterior gobierno nacional. Ante el fallo de la Corte que dispuso suspender la derivación del 15% de la masa coparticipable a la Anses, este decreto estableció que la pérdida de ingresos no se tome en cuenta para el cálculo de la movilidad”, por lo que debía ser el Tesoro nacional el que aportara la diferencia.
Si bien la administración Macri derogó ese decreto y acordó con las provincias una restitución gradual del 15%, “quedó pendiente la gran inconsistencia entre un esquema de distribución de impuestos judicialmente cuestionado y un esquema de movilidad jubilatoria atado a esa distribución”. Más acá en el tiempo, el Consenso Fiscal firmado entre Nación y provincias modificó el artículo 104 de Ganancias, parte de cuyos fondos iban a Anses. Si bien esos recursos se suplirán con el impuesto al cheque, también ponen en alerta el fondeo del sistema previsional en general.
“Este nuevo esquema de distribución de impuestos es el que impone la necesidad de revisar la regla de movilidad previsional”, concluyó el trabajo, en función de la potencial merma de los ingresos de Anses.
