ESCUCHAREl Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba, conocido como G6 e integrado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, la Cámara de Comercio de Córdoba, la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, la Cámara Argentina de la Construcción – Delegación Córdoba, la Federación Comercial de Córdoba y la Unión Industrial de Córdoba, se expresó respecto a un nuevo conjunto de disposiciones emitidas por el gobierno nacional.
El grupo asegura que dichas medidas son para financiar el déficit a costa del aumento de la presión fiscal sobre los contribuyentes, al impactar sobre la actividad productiva y comercial por la decisión del gobierno nacional de adelantar o incrementar percepciones de IVA y Ganancias. Las entidades aseguran que todo se terminará trasladando a los precios finales, tal como han señalado varios economistas.
El comunicado afirma que las resoluciones que ha emitido la Administración Federal de Ingresos Brutos “elevan significativamente la presión fiscal al ámbito de la producción”, y que aunque no se trata de nuevos impuestos “al modificar los regímenes de aplicación incrementa de manera notable la presión fiscal y recaudatoria sobre los privados”. Esto se debe a que la Resolución General 5329/2023 (que entraría en vigencia el 1 de abril) incrementa en un 3% adicional la percepción a cuenta de IVA sobre productos alimenticios, bebidas, de higiene y limpieza, algunos de los más azotados por el aumento de la inflación y de impacto directo en los cálculos de pobreza.
Por otro lado, la Resolución General 5339/2023 emitida antes de ayer suspende, para todo el año en curso, el beneficio de solicitar un certificado de exclusión de la percepción de IVA y Ganancias para importaciones que generen saldo a favor de manera permanente. El grupo considera que “el perjuicio directo que generan estas percepciones es acumular saldos a favor que, en gran parte de los casos, exceden ampliamente lo que se determinará como impuestos”. Aseguran además que los plazos para computar esos saldos a favor van de 9 a 18 meses, por lo que “según los índices de inflación proyectados, ese capital de las empresas se licua a la mitad o menos de la mitad”.
En uno de los pasajes más duros afirma que “la dimensión política de estas medidas es que anticipan recaudación para financiar el monumental déficit fiscal nacional. Según especialistas, sólo el efecto de la RG 5339/2023 (ya en vigencia) incrementa en más de un billón de pesos la recaudación de impuestos nacionales, un 10% adicional a la recaudación anual proyectada”, que remata asegurando que estas disposiciones “van en sentido contrario a solucionar uno de los mayores problemas macroeconómicos de la Argentina: el déficit fiscal. Se continúa en la línea de aumentar la presión tributaria sobre el ámbito productivo en lugar de enfocarse en recortar sensiblemente el gasto ineficiente”.
A modo de cierre el grupo se enfoca en el “círculo vicioso” que generan este tipo de medidas, impactando sobre el aparato productivo, “ya estrangulado por las dificultades de acceso a divisas, incrementos de costos de producción y retracción del consumo”.
