ESCUCHARAndrés Chambouleyron, el funcionario autor de los nuevos cuadros tarifarios, actuó como perito de parte a favor de las compañías de servicios en al menos diez juicios contra el Estado argentino. Por Javier De Pascuale [email protected]
El aumento en las tarifas de los servicios públicos regulados en el ámbito nacional tiene costados polémicos, vinculados con la magnitud de las alzas, la terapia de shock elegida para su puesta en práctica, los alcances de la tarifa social o el contraste entre precios del “primer mundo” y calidad de servicio del “tercero”, entre otros.
Sin embargo, un costado polémico más se sumó en las últimas horas, a partir de un informe elaborado por el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec), que involucra a la Subsecretaría de Coordinación de Política Tarifaria, a cargo del economista Andrés Chambouleyron, ingeniero cordobés firmante de todas las resoluciones de actualización tarifaria desde diciembre pasado.
El informe destaca que en los últimos doce años, el hoy funcionario nacional actuó como “testigo experto” de parte para empresas extranjeras en al menos 10 juicios contra la República Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), impulsados por no poder subir las tarifas durante el kirchnerismo.
Dicha labor fue confirmada por el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, durante la exposición que brindó en el Parlamento Nacional con motivo del primer informe de gestión de la administración Macri. En efecto y consultado por los bloques opositores si “¿Sabía Ud. que Andrés Chambouleyron, el subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria del Ministerio de Energía, fue testigo de parte de empresas energéticas (gas y electricidad) en 10 juicios contra el Estado y el pueblo argentino ante el CIADI?”; y si “¿Le preguntó Ud. a Chambouleyron si sigue vinculado a Compass Lexecon, la firma que asesoró a las empresas en sus referidas demandas?”, el ministro respondió: “Tengo conocimiento de los antecedentes profesionales del Ing. Chambouleyron, por medio del Ministro de Energía y Minería que propició su designación”, y “obviamente, se desvinculó de Compass Lexecon para incorporarse a la función pública”. La consulta realizada por este diario a la web oficial de esta empresa confirma efectivamente que el hoy funcionario ya no figura entre los colaboradores de la consultora, aunque el conflicto ético subsiste toda vez que hoy es la persona que debe disponer concretamente los precios que cobran las empresas para las cuales trabajó durante una parte importante de su carrera profesional.
Como ya fue planteado por el observatorio para el caso de Daniel Montamat -actual director de YPF y testigo por El Paso Energy en su demanda al Estado argentino ante el Cisdi-, “la designación de funcionarios públicos que hubieran protagonizado acciones en contra de su propio país constituye una severa amenaza a la seguridad nacional”, según Federico Bernal, director General del Observatorio Oetec, quien reclama al mismo tiempo que “una vez comprobada la naturaleza de la administración macrista, la elaboración y aprobación de una ley que inhabilite a tales personas a ocupar cargos públicos de por vida constituye un deber insoslayable. Asimismo, consideramos que tal normativa debería ir en paralelo con una ley que regule la tarea de lobby, como por ejemplo se verifica en Estados Unidos, en varias naciones europeas, en México, Chile y Colombia, entre otros de América Latina”.
La ley 25188, vigente desde hace 17 años, que regula la ética en la función pública, estipula en su artículo 15 que las personas que han asesorado o prestado servicios a empresas que tengan concesiones del Estado deberán “abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos TRES (3) años o tenga participación societaria”, norma que alcanza a Montamat y al propio titular del área, el ministro Juan José Aranguren. Bajo estas normas, la ley busca precisar el terreno de lo que se considera conflicto de intereses en la función pública y evitar perjuicios a la Nación.
Currículum
El hoy flamante subsecretario nació en Córdoba y egresó en 1990 de la Universidad Nacional de Cuyo como ingeniero industrial, precisa el Observatorio. Se perfeccionó luego en la Universidad de Texas (EEUU), doctorándose en Economía en 1995. Ese mismo año ingresó a la Fundación Mediterránea hasta 2005, donde se desempeñó como investigador jefe en regulación de servicios públicos y prácticas antitrust, ejerciendo en paralelo la docencia en la Universidad del CEMA y la Universidad Nacional de Córdoba, entre otras. Entre 2000 y 2001 fue asesor del secretario de Comunicaciones de la Nación y del ministro de Economía en asuntos regulatorios y en políticas de competencia.
Simultáneamente a estas labores, Chambouleyron realizó una intensa actividad como consultor privado en relación de dependencia. Entre 1998 y 2011 trabajó para la consultora estadounidense LECG, célebre representante de los más altos intereses corporativos y una de las número uno en servicios de solución de controversias en arbitrajes internacionales. “En efecto, cabe señalar que LECG fue una de las firmas que mayor participación tuvo en la defensa de sendas compañías en sus juicios contra el Estado nacional ante el Ciadi, en esa ola de demandas que para fines de 2012 había alcanzado su máximo histórico rozando los 65.000 millones de dólares en juicios”, advierte Bernal. Luego, de LECG Chambuleyron pasó a Compass Lexecon, ejerciendo iguales funciones y desempeñándose hasta su designación en diciembre pasado en el Gobierno nacional.
La Oficina Anticorrupción (OA) nacional se pronunció en un caso que involucra al ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay. Antes de asumir dirigía la consultora APL, de asesoramiento de empresas. En el expediente de la OA, iniciado por una consulta del propio ministro, se determinó que no puede intervenir en cuestiones particularmente relacionadas con APL y sus clientes. Se descuenta que el mismo criterio debería aplicar Chambouleyron frente a las compañías a las cuales prestó servicios.
