ESCUCHARAvaló una cautelar presentada en 2013 por la Provincia. En tanto, para el caso de los distritos vecinos que habían iniciado demandas con antelación, dispuso dejar de “gotear” esos recursos y paralelamente devolver los fondos retenidos desde 2006. En el caso de Córdoba, sólo para el año próximo supone más de 5 mil millones, el doble del déficit previsional sin diferimiento. Gremios piden hoy levantar el ajuste a jubilados. Hermetismo de Schiaretti y equipo.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia que dispuso ayer la inconstitucionalidad de la detracción del 15% que aplica la Nación sobre la coparticipación primaria a las provincias, beneficiará a Córdoba en lo inmediato con recursos por más de 5 mil millones de pesos sólo para el año próximo.
La magnitud de la cifra podría sin embargo rozar los 40 mil millones de pesos si la devolución es retroactiva a 2006, tal como lo dispuso el máximo tribunal para el caso de Santa Fe y San Luis, provincias que iniciaron demandas contra la Nación en primera instancia y que ayer motivaron el fallo del Alto Cuerpo. Para el caso de Córdoba, que también interpuso una demanda en la misma línea aunque recién en 2013, el tribunal dispuso avalar la medida cautelar presentada y obligar a la Nación a abstenerse de detraer los recursos, aunque por ahora no devolver el retroactivo.
El fallo fue festejado por el gobernador José Manuel de la Sota. “Éste es un triunfo de Córdoba. Ganamos la batalla. Nos dieron la razón”, evaluó, sobre lo que considera “una reparación histórica. Me pone muy contento porque no fue en vano la pelea que dimos”.
Por lo demás, no hubo pronunciamiento alguno de parte de las autoridades electas, entre ellas Juan Schiaretti. Concretamente, el tema en discusión pasa por conocer si el ingreso de recursos extras para Córdoba podría derivar en la derogación del diferimiento previsional que el gobernador electo prometió en campaña.
Los recursos que llegarían a Córdoba duplicarían el déficit de la Caja de Jubilaciones para 2016 sin ajuste previsional. Con todo, ayer ni Schiaretti ni sus allegados deslizaron esa posibilidad que siempre supeditaron a un acuerdo con la Nación para financiar el rojo previsional.
Gremios, listos para exigir
Como fuere, hoy los gremios estatales presentarán diferentes pedidos para el levantamiento del ajuste, una vez que comiencen a llegar los fondos.
“Mañana (por hoy) ingresaremos un pedido formal para que se derogue el diferimiento a tenor de los beneficios que traerá el fallo de la Corte”, señaló anoche el titular de UEPC, Juan Monserrat, ante la consulta de Comercio y Justicia. El resto de los estatales seguirá el mismo camino.
Por lo demás, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) estimó que el retroactivo para Córdoba desde 2006 a 2015 inclusive roza los 40 mil millones de pesos. Tal perspectiva implica un frente inesperado para el presidente electo Mauricio Macri a tenor del impacto fiscal para las cuentas públicas y será un tema de discusión a la hora de las negociaciones con los gobernadores, entre ellos Schiaretti.
El fallo
Este martes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró, con el voto de los ministros Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, que es inconstitucional la deducción de 15% de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado Nacional, sin el acuerdo de las provincias, para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
El máximo tribunal hizo lugar a las demandas planteadas por las provincias de Santa Fe y San Luis. Con fundamento en esta decisión, la Corte también ordenó al Estado nacional, con carácter de medida cautelar, que suspenda de manera inmediata los descuentos que se le efectúan a la Provincia de Córdoba sobre fondos de la coparticipación federal de impuestos (CSJ 786/2013 (49-C)/CS1 Córdoba, Provincia de c/ Estado Nacional y otro s/ medida cautelar).
En su decisión, el tribunal explicó que la deducción fue originalmente pactada en la cláusula primera del “Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales” del 12 de agosto de 1992 -ratificado por la ley nacional 24.130- y prorrogada sucesivamente mediante diversos Pactos intrafederales de la misma naturaleza. Una vez vencidos esos compromisos, el Estado nacional extendió a partir de enero de 2006 el plazo de esa deducción de manera unilateral mediante el dictado de la ley 26.078, cuyo artículo 76 ahora fue declarado inconstitucional.
El tribunal consideró que la ausencia de manifestación de acuerdo o adhesión a ese régimen por parte de las provincias invalida esa norma dictada por el Congreso de la Nación. Explica además que esa deducción no podía ser considerada una asignación específica de recursos coparticipables porque no había sido dictada de acuerdo a los recaudos exigidos por el artículo 75, inciso 3° de la Constitución Nacional.
De esta manera, la Corte ordenó al Estado nacional “cesar en forma inmediata de detraer esos fondos bajo apercibimiento de ordenar al presidente del Banco Nación que cumpla con la orden en el plazo de diez días; devolver a las provincias la suma retenida indebidamente desde el 1° de enero de 2006 más los intereses”.
Con el objeto de hacer efectiva la resolución, la Corte fijó un plazo de 120 días para que las partes acuerden la forma y plazos en que la Nación reintegrará las sumas debidas, con la advertencia de que, en caso de incumplimiento, la determinará el tribunal en la etapa de ejecución de sentencia.
Ley de Coparticipación
Finalmente, el máximo tribunal advirtió que “han transcurrido casi 20 años desde la fecha fijada por la Constitución Nacional para establecer un nuevo régimen de coparticipación sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, que garantice la remisión automática de fondos y que contemple criterios objetivos de reparto, que sea equitativa, solidaria y que dé prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional (art. 75 inc. 2)”.
En ese marco, agregó que “ese plazo ha sido ampliamente incumplido, lo cual conspira claramente contra el objetivo de los constituyentes de 1994 de fortalecer el federalismo”, y prosiguió: “ese inmovilismo no puede justificarse por la imposibilidad de lograr acuerdos políticos, en la medida en que la Constitución materializa el consenso más perfecto de la soberanía popular. Frente a sus definiciones, los poderes constituidos deben realizar todos los esfuerzos necesarios para asegurar el desarrollo del proyecto de organización institucional que traza su texto”.
En esa línea, la Corte exhortó al Ejecutivo nacional y al Congreso a que asuman su rol institucional como coordinadores del sistema federal de concertación, implementado por la reforma de 1994, y formulen las convocatorias pertinentes con el objetivo de elaborar e implementar el tan demorado sistema de coparticipación federal”.
Estiman que el costo fiscal total llegará a $363 mil millones
La Nación debería pagarle más de 363 mil millones de pesos a todas las provincias si éstas hicieran los reclamos por la ley de coparticipación, tras el fallo de la Corte Nacional que favoreció a Santa Fe, San Luis y Córdoba.
Según un estudio de la consultora Economía y Regiones, el Gobierno nacional debería afrontar demandas totales por 363.648 millones de pesos.
La consultora hizo el cálculo en función de los montos acumulados entre 2006 y este año por el recorte de la masa de recursos coparticipables para financiar Anses y la AFIP.
El decreto 1399 que firmó el 4 de noviembre del 2001 el ex presidente Fernando de la Rúa para recortar los fondos coparticipables para las provincias, y que fue declarado inconstitucional por la Corte, tenía como objetivo “fortalecer los ingresos de la AFIP” en el marco de una fuerte baja en la recaudación.
Para la Corte, ese decreto fue firmado sin que medie un entendimiento previo con las provincias, que desde el 1 de Enero de 2002 sufrieron un descuento de la tasa coparticipable en un 2,75 por ciento (y desde el 2006 un 1,9 por ciento).Bonfatti, exultante
El gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, celebró los fallos de la Corte conocidos ayer.
“Hoy es un día bisagra para el federalismo en la Argentina, porque tenemos dos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que nos ponen muy felices a los santafesinos”, sostuvo el gobernador en declaraciones con la prensa, tras conocer la noticia de que el Estado nacional deberá reintegrar las deducciones que efectuó a la provincia en los últimos años.
