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Segmentación especial para las pymes, ya que se encuentran en desventaja; generar incentivos a los trabajadores por productividad; que se distribuya la renta nacional y no la de las empresas fueron algunas de las propuestas del empresariado cordobés.
El mes pasado, el diputado oficialista Héctor Recalde presentó un proyecto de ley que propone que las empresas deben repartir una porción (10 por ciento) de sus utilidades con los trabajadores.
A pesar de que el diputado nacional aseguró que la iniciativa, de convertirse en ley, no implicará costo laboral alguno -ya que este plus que cobrarán los empleados tendrá carácter no remunerativo y se efectuará una vez por año fiscal-, al ser consultados por Comercio y Justicia, los empresarios cordobeses de los diferentes rubros se mostraron en desacuerdo y ofrecieron puntos de vista alternativos diferentes.
Una de las razones que explica la negativa tiene que ver con que consideran que se trata de un proyecto que “desalienta la inversión, el empleo y atenta contra una política de ocupación laboral”. Más aún, se considera que no “es aplicable en la situación actual del país y no tiene en cuenta el riesgo empresarial ya que el costo laboral de las empresas aumentó desproporcionadamente en los últimos años”.
Además, según los empresarios, transmite preocupación y retracción en las políticas de crecimiento del país.
“Entendemos lo importante que es que el asalariado pueda acceder a un mejor estándar de vida; sin embargo vemos que la incorporación de este método es de altísimo riesgo y tensión. Si se avanza en este sentido, habrá un gran desánimo en el empresariado como en los emprendedores para realizar negocios en el país”.
Por otra parte, se puntualizó que “en un escenario de fuerte caída en la competitividad del sector industrial, el proyecto genera incertidumbre, incremento en los costos internos de las empresas y del trabajo informal”.
Lo que la empresa quiere
Entre las respuestas de los representantes de las diferentes cámaras y asociaciones cordobesas, también emergieron algunas propuestas alternativas al proyecto de Recalde. Por caso, aseguran que sí estarían de acuerdo con analizar este proyecto “como una cuestión integral”. Otros sectores, diferenciándose de las grandes empresas, indicaron que “si bien no les sorprende el planteo, creen necesario hacer una segmentación clara con las pymes ya que con la actual legislación se encuentran en desventaja”.
Más aún, un gran sector se mostró de acuerdo en generar para todos los trabajadores incentivos por productividad ya que los “índices en nuestro país en esta materia son anticompetitivos”. “El proyecto distorsiona los incentivos para invertir y generar empleo. Si bien la Constitución lo dice, no necesariamente debe ser de esta manera. Además se deben considerar los artículos 16 y 17 que hablan de propiedad privada y la igualdad ante la ley”, fue otro de los comentarios.
Otra respuesta explicó que “según la tendencia modera en la economía mundial, lo que se tiende a “mejor distribuir” es la renta nacional y no las ganancias de determinadas empresas”. En este sentido, se propuso que lo anterior se puede hacer “desde el Estado con sistemas impositivos como herramienta”. Por último, también hubo consideraciones más “duras” respecto al proyecto: “Creemos que es simplemente una presión política para obtener objetivos que no son claros. Tendríamos que ocuparnos de resolver problemas en la relación patrón-empleado, lo que es mucho más importante que la distribución de las utilidades”.
Distribución de ganancias / Por Nahúm Mirad – [email protected]
La iniciativa impulsada por el diputado Héctor Recalde, vinculado con la CGT, busca que las empresas distribuyan 10 por ciento de las ganancias que arrojen sus balances entre los trabajadores. De ese monto, dos puntos serían destinados a un fondo de desempleo. Se apunta a las ganancias netas de las compañías con más de 300 trabajadores y a aquellas empresas que, por la incorporación de alta tecnología, generan grandes ganancias. Desde el espacio de Recalde admiten que esa es la meta de máxima y que existe la disposición de debatir el tema. Incluso se señala que el moyanismo estaría dispuesto a bajarse a 8%.
¿Qué ocurre en otros países? En Chile, el beneficio para el sector laboral no puede exceder de 4,25 salarios mínimos, mientras que en Venezuela se estableció en 4 y en Perú alcanza 18 salarios. En México, la ley establece un reparto de 10 por ciento de las utilidades netas. En cada uno de estos ejemplos, existen variables, en algunos casos por sector económico, en otros por relación con la productividad y, en otros, de acuerdo con la capacidad de pago.
Por su parte, los empresarios reconocen que el artículo 14 Bis de nuestra CN especifica el derecho de los trabajadores a la “(…) participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección (…) ”. Incluso hay quienes estarían de acuerdo en discutirlo en condiciones diferentes a las actuales. Pero -insisten- debatir un artículo que hace 50 años no se aplica, sin resolver en un marco más amplio, es un sinsentido que “enrarece el clima de inversiones”. Por otra parte sacan a relucir los costos que afectan la rentabilidad.
¿Qué efectos tendría en la práctica esta medida? Una posible: en el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) sostienen que, en caso de entrar en vigencia la ley, la redistribución del ingreso empeoraría, castigando los sectores laborales que menos ganan en pymes. En el oficialismo, en las últimas horas, mostraron claras señales de que el proyecto no “es de urgencia” y que incluso requiere maduración.
¿Una discusión que permitiría buscarle las aristas a un pacto social para encarar esta fase productiva? ¿La expresión de una interna de la CGT? ¿Un misil político al corazón de un fragmentado sector empresario, con vistas a las presidenciales de 2011? ¿Una “marcada de cancha” al kirchnerismo” por parte de la entidad obrera? Estos pueden ser los posibles orígenes de tema que -sin dudas- se discutió y debatió durante horas en cada una de las entidades representativas empresariales.
