ESCUCHAREl proyecto de ley ómnibus influirá en los dos principales impuestos, claves en la coparticipación a las provincias. El Centro Cívico y el resto de los distritos analizan los detalles técnicos para evaluar esa incidencia. En contrapartida, la Provincia sumará ingresos extra por Bienes Personales y ahora por la suspensión del consenso: $6 mil millones anuales
El proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que el Gobierno nacional envió ayer al Congreso incluye, entre otros puntos, medidas que impactarán en una eventual baja de la recaudación de los impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Ganancias, dos tributos claves que la Nación coparticipa a las provincias.
El dato generó preocupación en el Gobierno de Córdoba. Hasta anoche, los funcionarios hacían números para ver la incidencia real de esa medida incluida en el variado articulado del megaproyecto que ahora comenzará a tratar la Cámara de Diputados.
Ocurre que, en la práctica, la devolución del IVA a jubilados y la suba de retenciones que incidirá indirectamente sobre el impuesto a las Ganancias, llevarán a que los recursos a coparticipar por ambos tributos muestren una baja cuyo tenor aún se desconoce.
Aún sin datos concretos, fuentes consultadas por Comercio y Justicia dejaron entrever que el quebranto sobre las cuentas públicas por esas medidas puede ser mayor que los ingresos extra que recibiría Córdoba por la suspensión del Consenso Fiscal relativo a Ingresos Brutos (IIBB) y Sellos y al aporte extra que llegaría por la suba de alícuotas del impuesto a los Bienes Personales todo lo cual sumaría unos 6 mil millones de pesos más en 2020.
La suspensión de la baja de alícuotas de IIBB aportaría unos 4.200 millones de pesos, Sellos otros 500 millones de pesos y la coparticipación de Bienes Personales, ahora con alícuotas recargadas, sumaría unos mil millones de pesos más.
En cualquier caso, son montos estimativos. Todo dependerá de la evolución de la economía en un contexto de incertidumbre por la reacción de las diferentes variables a las medidas que comienza a aplicar la administración de Alberto Fernández.
Pacto fiscal
Respecto al Consenso Fiscal, el Gobierno nacional y las provincias firmaron ayer la modificación de parte del texto, al tiempo que acordaron la suspensión por un año de los juicios entablados a la Administración central por la baja de los impuestos a las Ganancias y e IVA aplicada a la canasta básica de alimentos. Córdoba no había iniciado demanda por ese tema. En paralelo, las partes crearon una comisión que analizará el impacto que tendrá esta decisión en las finanzas provinciales.
La modificación hecha al Consenso suspende la nueva reducción de los impuestos provinciales -IIBB y Sellos-, prevista para 2020, que se encontraba contemplada en el acuerdo fiscal firmado hace dos años, modificado en 2018.
El pacto, plasmado en una “addenda” al Consenso Fiscal de 2017, fue suscripto por el presidente Alberto Fernández y los gobernadores provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante un encuentro que se realizó en el salón Eva Perón de la Casa Rosada, del que participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
Previamente, los ministros de Economía provinciales estuvieron reunidos con funcionarios nacionales para establecer la “letra chica” que suspende efectos del pacto fiscal de 2017, en la cual, según fuentes cercanas a los mandatarios, se analizaron tres borradores hasta que se consensuó una versión final.
Salvo el gobernador de Tierra de Fuego, Gustavo Melella, quien no viajó a Buenos Aires porque hoy debía asumir el cargo, la asistencia fue perfecta: estuvieron los mandatarios de los 23 distritos argentinos, de todos los signos políticos.
Con la adhesión al Consenso Fiscal suscripto durante el gobierno de Mauricio Macri, las provincias se comprometieron a reducir gradualmente la presión impositiva hasta 2022, pero la crisis económica, sumada a la disminución de fondos coparticipables y subsidios, planteó un contexto en el cual las finanzas quedaron en rojo y sin la chance de perder más recursos, disyuntiva que agravaría aún más su situación.
Según estimaciones del Gobierno nacional, la suspensión de la rebaja de IIBB y Sellos implicará un alivio fiscal de 60 mil millones de pesos para las 23 provincias y la CABA.
La comisión que se crea, denominada de “Evaluación del Impacto de la reducción del IVA y de Ganancias sobre la Canasta Básica de Alimentos”, estará integrada por un representante de cada provincia y de la Nación, y tendrá el objetivo de proponer medidas y cursos de acción que posibiliten una solución integral, de carácter no judicial.
En la tarea de lograr el consenso más amplio entre los gobernadores y pulir los detalles del acuerdo estuvo ocupado desde hace una semana el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, quien se mantuvo en comunicación permanente y en algunos casos en forma personal, con los mandatarios tanto del oficialismo como de la oposición, indicaron fuentes oficiales.
En ese sentido, agregaron que el presidente Alberto Fernández busca así evitar las sentencias judiciales y consensuar una reparación financiera con las provincias que presentaron demandas, que no fueron todas.
El gobernador de San Juan, el peronista Sergio Uñac, en una conferencia de prensa posterior que ofreció junto con su colega de Jujuy, el radical Gerardo Morales, explicó: “Debemos colaborar porque lo más importante es restablecer la economía, poner en práctica medidas concretas que repercutan directamente en el consumo y que los argentinos puedan recuperar el poder adquisitivo del salario”.
Uñac aclaró que la cláusula que suspende la baja de los impuestos y que otorga libertad a las provincias para que, en caso de considerarlo necesario, utilicen las alícuotas máximas que se establecían para el año 2019, “no significa un cheque en blanco para que aumentemos” los gravámenes.
Dijo que aún no había hecho una evaluación de los números que significa el acuerdo para su provincia, y agregó: “Sí sabemos la situación delicada en que se encuentran las finanzas nacionales y obviamente la provinciales, que varían de acuerdo a la situación de cada Estado, pero es un análisis que les cabe a todas”.
Por su parte, Morales estimó que con la suspensión su provincia recuperará alrededor de 1.000 millones de pesos anuales y posibilitará “una mayor recaudación”, por lo cual el acuerdo “nos da un alivio a las provincias durante un año, es una ayuda, y luego veremos cómo continuamos con esa hoja de ruta que estaba establecida”.
Para Schiaretti, reunión positiva
El gobernador Juan Schiaretti calificó de “muy buena reunión” la mantenida ayer entre los mandatarios provinciales y el presidente Alberto Fernández, en el marco del acuerdo para suspender parcialmente la aplicación del Consenso Fiscal.
“Los gobernadores hemos tenido una muy buena reunión sobre la adenda al pacto fiscal”, dijo Schiaretti al término del encuentro desarrollado en Casa Rosada.
El mandatario ratificó la voluntad del Gobierno de Córdoba de “trabajar junto al presidente Fernández y al resto de los mandatarios provinciales para que nuestra Argentina deje atrás la crisis y nuestro pueblo deje de sufrir”.
