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Cómo podría funcionar un Ministerio de Economía Popular

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Algunas provincias ya tienen agencias o áreas estatales específicamente dedicadas a promover la economía social y solidaria. Hay avances en Buenos Aires y Santa Fe. También está la intención de lanzar el proyecto en Córdoba.

La idea de la creación, con rango ministerial, de una agencia de Economía Popular en los términos planteados ayer por el candidato presidencial Daniel Scioli en el acto político desarrollado en la empresa recuperada IMPA, es una reivindicación de varios años que reclaman el Movimiento Evita y un conjunto de organizaciones sociales que busca darle rango ministerial a la problemática de las cooperativas y pequeños productores de distintos ámbitos.

Así como existe un ministerio que marca las tendencias macroeconómicas y los temas estructurales, se busca que haya, como política de Estado, un acompañamiento y fortalecimiento para la economía popular, entendida como la que engloba a cooperativas, pequeños emprendedores y agricultores, por ejemplo.

Estamos hablando de todo un conjunto de organizaciones sin fines de lucro, englobando en ese universo a las más de 15 mil cooperativas existentes, las 5 mil mutuales del país y un vasto número de diversas asociaciones civiles de promoción social, que se estima en 15 mil entidades.

Sumidas en su mayoría en una situación de informalidad más o menos profunda, no logran el acompañamiento oficial en subsidios y créditos, además de quedar ajenos a la planificación estratégica del Estado.

Actualmente, lo más cercano a un ministerio de la Economía Social es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), dirigido por Patricio Griffin, que funciona como órgano descentralizado del Ministerio de Desarrollo Social. Allí se fomenta “la capacitación, el desarrollo y la promoción de la economía social en todo el territorio nacional”. Según se indica en su página, “es responsable además de trazar objetivos y de elaborar políticas tendientes a la promoción y a la consolidación del cooperativismo y el mutualismo”, mediante la acción directa sobre el territorio. También existe injerencia en la Secretaría de la Economía Social, dentro del mismo Ministerio.

La provincia de Buenos Aires tiene un camino recorrido a medias. A fines de 2014, la Legislatura sancionó la ley 14.650, que crea el Sistema de Promoción y Desarrollo de la Economía Social y Solidaria de la Provincia de Buenos Aires, que define a la economía social y solidaria como “la estrategia de desarrollo basada en la promoción y fomento de relaciones económicas con perspectiva de derechos humanos, en las que debe primar la dignidad de las personas”.

Según la definición, “comprende al conjunto de recursos y actividades de personas, instituciones y organizaciones, que operan según principios de solidaridad, cooperación y autoridad legítima, la apropiación y disposición de recursos, en la realización de actividades de producción, distribución, circulación, financiamiento y consumo digno y responsable, cuyo sentido es la resolución de las necesidades de los trabajadores, sus familias y comunidades, y del medio ambiente; para lograr una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria”. En el caso de Buenos Aires, que tiene un funcionamiento similar al ya existente en otras provincias, la autoridad de aplicación de la ley es un Consejo Provincial, integrado por funcionarios representantes de áreas gubernamentales de ministerios y/u organismos provinciales definidos en el reglamento de la ley; dos miembros del Poder Legislativo, uno por la Cámara de Diputados, y uno por la Cámara de Senadores; tres miembros integrantes de organizaciones, foros o redes de la economía social, con reconocida trayectoria en la materia; un miembro del sector académico; dos representantes de municipios de la Provincia de Buenos Aires, y un representante del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Según la prensa especializada del sector de la economía social, el funcionamiento de esta agencia no se concretó aún, producto de la burocracia que requiere su puesta en marcha.

Los cálculos más optimistas apuntan al final de este mismo año para que se conforme de manera definitiva.

Un camino similar busca transitar la provincia de Santa Fe, donde ya existe un proyecto de «Ley de promoción y fomento de la economía popular, social y solidaria», que está a consideración de la Cámara baja de esa provincia.

En Córdoba, el legislador electo (FPV) Ricardo Vissani, anticipó a Comercio y Justicia que presentará un proyecto similar en la Unicameral, con el fin de crear un Ministerio de Economía Popular o una agencia provincial que tome esa tarea. De aprobarse, sus resultados comenzarán a verse durante la próxima gestión.

 

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