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Las principales entidades empresariales del país entienden que el proyecto “choca” con el derecho de propiedad. Piden ser consultadas sobre el tema.
Entidades empresariales del agro, la industria, los servicios, la banca y la construcción, agrupadas en el G-7, expresaron ayer su “categórico” rechazo al proyecto de ley que promueve que las compañías distribuyan ganancias entre sus empleados. Consideraron que tal iniciativa representa “un poder de interferencia sindical” que vulnera el derecho de propiedad y que, si no existen consultas previas a las cámaras empresariales, se estarían incumpliendo tratados de rango constitucional.
“Este tipo de iniciativas fracasan cuando no se las impulsa mediante acuerdos y consensos previos”, advirtieron los ejecutivos del G-7 luego de la habitual reunión de cada mes, y reiteraron su confianza en el “diálogo” con el Gobierno y los legisladores para evitar que prospere la iniciativa.
Así lo expresaron en un comunicado conjunto los presidentes de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, Jorge Brito; de las cámaras argentinas de Comercio, Carlos de la Vega, y de la Construcción, Carlos Wagner; de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati; de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, y de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez.
El proyecto, impulsado por el diputado oficialista y abogado de la CGT, Héctor Recalde, ya había generado el rechazo del titular de la UIA, quien había afirmado que Argentina “se parece a Cuba” por ese proyecto. Si bien otros empresarios salieron a matizar la comparación del dirigente fabril, siempre dejaron en claro su desacuerdo a priori con el proyecto.
Ayer estas entidades, las más importantes y poderosas del empresariado nacional, finalmente se reunieron y difundieron un comunicado conjunto sobre el tema.
Allí los titulares de estas organizaciones comentaron que “el proyecto de ley de participación laboral en las ganancias y control sindical de los resultados” fue la cuestión dominante del encuentro “por la gran preocupación que despierta una iniciativa de semejante alcance, proyectada sin consenso empresarial, en un tiempo en que el país necesita un muy fuerte aumento de la inversión”.
Tras ello dejaron en claro que “rechazan categóricamente” el proyectos en cuestión, al considerar que “avanza hacia un poder de interferencia sindical que choca contra los principios constitucionales de derecho de propiedad y de ejercicio de toda industria lícita”. Según su análisis, esta iniciativa otorgaría a los sindicatos “facultades de fiscalización y de información ajenas a su cometido, muy superiores a las de los propios accionistas”.
Afirmaron también que, como entidades empresariales, reconocen la negociación colectiva como “la práctica idónea” para resolver las cuestiones que involucran a trabajadores y empleadores.
En ese marco, los dirigentes interpretaron que de esa manera “se posibilitó que los ingresos de los trabajadores formales hayan experimentado en los últimos años incrementos bien superiores a la inflación real, posicionando los salarios en dólares de los trabajadores argentinos muy por encima de los de la región”.
“Este tipo de iniciativas fracasan cuando no se las impulsa mediante acuerdos y consensos previos”, comentaron, por lo que remarcaron además que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “dispone la consulta tripartita previa (gobierno, trabajo, empleadores) y es un compromiso de rango constitucional asumido por Argentina”.
