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En otro operativo realizado por la Afip en la ciudad, se comprobó que siete de cada 10 trabajadores no tenían realizado el trámite de la clave de alta temprana.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y la Dirección Nacional de Migraciones detectaron que 76% de los trabajadores de los supermercados cuyos propietarios son de origen asiático están en condiciones irregulares de empleo.
Además, se comprobó que cinco de los empleados relevados en esos comercios de la ciudad de Córdoba están indocumentados, por lo que deberán regularizar su situación ante la oficina correspondiente.
Así lo informó ayer el ente recaudador en un comunicado difundido a la prensa, en el que se calificó el porcentaje detectado de empleados “en negro” como “inédito”, para los últimos operativos realizados por la Afip.
En este sentido, el organismo destacó que siete de cada 10 trabajadores que cumplen sus tareas bajo el mandato de estos empleadores en la ciudad de Córdoba, “no estaban declarados y no tenían la tramitación de la clave de alta temprana”. En estos casos, la sanción correspondiente a los empleadores es una multa cuya graduación varía en función de la cantidad de empleados no declarados.
En el comunicado, el organismo recordó que “un trabajador que no fue inscripto por su empleador no posee cobertura médica para sí y su grupo familiar, como tampoco posee cobertura en caso de accidentes, enfermedades laborales, muerte o incapacidad. No puede percibir seguro de desempleo en caso de necesitarlo, ni las asignaciones familiares que le corresponden por ley. En definitiva, un empleado no registrado es un ciudadano que no puede ejercer plenamente sus derechos. Se trata de un excluido, aunque aporte su fuerza laboral al desarrollo de una actividad y ésta sea lícita”.
Más controles a empleadores
Por su parte, el director general de los Recursos de la Seguridad Social, Carlos Sánchez, anunció ayer que la Afip lanzará una serie de medidas tendientes a detectar y controlar a quienes no cumplen con las obligaciones laborales y previsionales vigentes.
El avance en estos controles contempla, según se informó, las siguientes medidas: “calificar a los empleadores a los fines fiscales; identificar la categoría correspondiente al convenio colectivo de trabajo en que se encuentra cada empleado, de modo de poder advertir si la empresa ingresa menos contribuciones patronales de las que debería; redefinir el alcance obligatorio de la declaración jurada de cargas sociales; poner a disposición de los empleadores el libro de sueldos y el certificado electrónico de servicios, y aplicar presunciones previsionales para determinar cargas sociales declaradas en defecto y/o empleo no registrado”.
Sánchez advirtió que en la actualidad Afip cuenta con información almacenada, a partir de la cual, primero se busca inducir al cumplimiento voluntario, y en caso de que no suceda, se procede a la inspección o intimación.
“Quienes hacen las cosas bien, no tienen problemas. El que no, va a poder saber que nosotros tenemos indicadores sobre los cuales podemos inferir las irregularidades”, advirtió.
