ESCUCHARApunta a compatibilizar aportes y contribuciones con los vigentes en el ámbito nacional, entre otros puntos. Si no hay avances, habrá “penalidades” hasta que en 2021, de no equipararse, se revisará el financiamiento desde la Nación. Con todo, la norma deja margen para alternativas. El ministro Giordano dijo que no habrá baja de jubilaciones. Mostró “razonable expectativa” por un acuerdo que cubra los $4.200 millones que exige la Provincia – Alfredo Flury – [email protected]
El Gobierno nacional condicionó la cobertura del déficit previsional de las provincias con Cajas no transferidas, a los avances en materia de armonización respecto a las normas vigentes en Anses.
En ese marco, fijó un cronograma para que las provincias avancen en la compatibilización con el régimen de Anses, so pena de reducir el aporte para cubrir el rojo.
Ese plazo tendrá como límite el año 2021.
Si hasta entonces no se armonizaron los puntos que exige Anses, la Nación desactivará la asistencia financiera.
Los requisitos forman parte de los 16 artículos que reglamentan el capítulo de la denominada ley ómnibus en el Título IV “Armonización de sistemas previsionales provinciales”.
Si bien las exigencias parecen taxativas y -en el caso de Córdoba- la armonización fue parcial y un avance en esa línea remite a un inevitable ajuste, tal como se expuso en los últimos años en el marco de la disputa Nación-Provincia, la situación no pareciera ser tan drástica.
“En principio tenemos una razonable expectativa sobre los conceptos que asumirá Anses para la cobertura del déficit”, indicó a Comercio y Justicia el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, quien hasta el año pasado se desempeñó al frente de la Caja de Jubilaciones. De acuerdo con Giordano, Córdoba ya armonizó diferentes aspectos con Anses.
Según el artículo 26 de la reglamentación, “por armonización normativa se entiende la convergencia de la legislación provincial con la nacional en cuanto a los siguientes conceptos: i) edad de acceso a una Jubilación Ordinaria; ii) alícuotas de Aportes Personales y Contribuciones Patronales; iii) cantidad de años de servicio con aportes efectivos; iv) determinación del haber inicial; y v) mecanismo sustentable de movilidad de los haberes jubilatorios”.
De esos puntos, la Provincia cumple acabadamente el tema de la edad jubilatoria, años de aporte y eventualmente el mecanismo de movilidad. En menor medida el cálculo del haber inicial y está claramente desfasada respecto a aportes y contribuciones, mucho más elevados en Córdoba que en Anses.
Giordano interpreta que, según la redacción de la reglamentación, Córdoba deberá avanzar en una reducción de contribuciones y revisar los aportes. Esas decisiones implicarán una baja en los ingresos de la Caja y por consiguiente en un aumento del déficit que este año, tras el ajuste aplicado por la ley 10333, rondará mil millones de pesos.
En ese marco, si tal como señala la norma, el cálculo de los déficit previsionales deberá realizarse conforme aportes y contribuciones armonizados, el rojo que debería cubrir Anses rondaría nueve mil millones de pesos, claro que con las jubilaciones actuales, muy por encima de las nacionales.
De esta forma, si se armonizan parcialmente esos conceptos, se llegaría a los 4.200 millones de pesos que la Provincia pretende que Anses le financie, al menos para este año.
La ecuación muy probablemente no le cierre a la Anses. El monto a cubrir es ciertamente elevado para solventar prestaciones que se ubican entre las mejores del país.
Giordano confía en cerrar un acuerdo en esa línea y descarta de plano ajustar beneficios, incluso futuros.
De hecho, el artículo 32 de la reglamentación señala que “en el caso de que cláusulas constitucionales impidan el proceso de convergencia normativa con la legislación nacional, en alguno de los ítemes comentados precedentemente, la Provincia de que se trate, deberá proponer un esfuerzo mayor en otro concepto, con el fin de garantizar la equidad en el esfuerzo fiscal de cada jurisdicción provincial. El mayor gasto resultante no será financiado por el Estado Nacional y estará a cargo exclusivo de la Provincia”.
El texto de ese artículo es muy parecido al punto 4 del acuerdo que firmó el entonces gobernador Juan Schiaretti con el entonces ministro de Economía, Amado Boudou, en 2009. Aquel punto refería a que, aquellos conceptos que Córdoba no armonizara, debería afrontarlos con fondos propios.
Ese convenio terminó judicializado y hoy espera decisión de la Corte Suprema.
Igualmente, la reglamentación que a priori parece inflexible y complicada para la Caja, tiene otros puntos alternativos.
Así, el artículo 31 señala “(…) En el caso de aquellos regímenes provinciales que vieran reducida o suprimida su asistencia financiera producto de los escasos o nulos esfuerzos de armonización durante el período 2017 a 2020 inclusive, el Estado Nacional podrá reiniciar la asistencia financiera de acuerdo a un esquema de armonización a convenir con cada Provincia”.
Por lo demás, la norma se refiere a las auditorías, la llave para el cálculo de los déficits.
En ese marco, “en el plazo de cinco días corridos de recibida la solicitud, la Anses comunicará a la Provincia solicitante, la información necesaria para la realización de la auditoría. Dentro de los 30 días de recibida la comunicación provincial sobre la disponibilidad de la información, la Anses realizará la auditoría y elaborará el proyecto de Convenio a suscribir, que contendrá el monto de la asistencia financiera nacional, el detalle de los avances provinciales en cuanto a la armonización normativa y las eventuales penalidades por la falta de avance a la misma”.
Según el artículo 20, el objetivo de las auditorías será la determinación del “resultado financiero corriente en base devengado”, de los sistemas previsionales provinciales.
Ese resultado financiero excluirá diferentes conceptos, entre ellos “aquellos ingresos por aportes y contribuciones de los organismos provinciales, originados en alícuotas que estén por encima de las vigentes en la jurisdicción nacional. Tales ingresos serán calculados según las alícuotas nacionales vigentes y las bases imponibles establecidas por las Resoluciones de la Anses”, de ahí que, para la Provincia, el rojo debería situarse en los valores pretendidos.
