El secretario General de Anses, Alejo Maxit, estimó que unos 500 mil jubilados nacionales tendrán prelación a la hora de liquidar los incrementos de haberes conforme la flamante ley de Reparación Histórica, promulgada días atrás por el Ejecutivo y reglamentada ayer.
En ese marco, serían unos 50 mil los pasivos cordobeses considerados prioritarios.
Se trata de aquellos que tienen más de 80 años, alguna enfermedad “grave” o bien aquellos pasivos en los que el incremento previsto “no supere el 30% del haber mínimo garantizado y un haber reajustado inferior a dos veces y medio dicho haber mínimo”.
“Hay unos 500 mil jubilados que serán prioritarios según los alcances de la reglamentación”, explicó Maxit a Comercio y Justicia.
El término refiere a que, a la hora de elevar a la Justicia los acuerdos que rubriquen los pasivos, los jueces los homologarán en primer término.
Como se estima que la Justicia tendrá capacidad para homologar a razón de 100 mil trámites por mes, se supone que los jubilados prioritarios deberían tener sus acuerdos concluidos y por consiguiente empezar a cobrar con aumento en un plazo máximo de cinco meses desde septiembre próximo. Con todo, una vez visado por los magistrados, el pago será retroactivo al momento de haber asentado el trámite con los datos biométricos correspondientes que, a los efectos legales, tendrá el valor de una firma, según se especifica en la reglamentación de la norma.
En esa prelación no estarán en principio quienes tengan sentencia firme o juicio sin sentencia.
En tanto, la Justicia terminaría de homologar la totalidad de los expedientes recién en un plazo de 24 meses, en función de la cantidad de pasivos en condiciones de adherir a la normativa, unos 2,4 millones en total.
Trámites necesarios
Respecto a los pasos necesarios para acceder al régimen, Anses informó que, en primer término, el jubilado deberá obtener su clave de Seguridad Social a través de la web de Anses. Esa clave permitirá desde hoy ingresando a la misma página, conocer si el pasivo es o no beneficiario del nuevo régimen.
En caso de resultar positivo, el beneficiario deberá ratificar sus datos personales en un trámite presencial en Anses. No obstante, para esa gestión puede ir algún allegado portando el DNI y fotocopia del pasivo.
Paralelamente, deberá acreditar su huella dactilar en un “totem” biométrico que se ubicará en Anses o en el banco en el que el jubilado percibe su prestación.
Ya en septiembre, Anses comenzará a enviar las propuestas de pago.
Si el beneficiario acepta, deberá concurrir a Anses o al banco para dar el visto bueno a través de la huella dactilar de él y de su abogado que previamente deberá haber dado de alta la suya. Respecto al letrado, los que no hayan iniciado juicio podrán contratarlo a cuenta de un pago de 500 pesos de Anses en concepto de honorarios.
Será condición, según indicaron fuentes del organismo, que el abogado tenga matrícula federal.
Desde entonces, se dispararán los plazos para que la Justicia homologue los acuerdos, de acuerdo con lo informado desde Anses a este medio y en función de la reglamentación publicada ayer.
