ESCUCHAREl intendente justificó la decisión al decir que esa firma no estaba en condiciones de asegurar la prestación del servicio. El decreto hace referencia a los resultados de la auditoría que mostró resultados negativos. No habrá nueva licitación y los corredores pasarán a Ersa, Autobuses Santa Fe y Coniferal, recién desde el 1 de agosto. Mestre advirtió de que quienes protagonicen hechos violentos quedarán marginados del sistema. Choferes analizan acción judicial.
La Municipalidad de Córdoba resolvió finalmente dejar sin efecto la adjudicación del servicio de transporte a la empresa Ciudad de Córdoba y, desde el 1 de agosto, traspasar los corredores a su cargo a Ersa, Autobuses Santa Fe y Coniferal.
La decisión fue comunicada anoche por el intendente Ramón Javier Mestre luego de una jornada cargada de tensión, posterior a las medidas de fuerza dispuestas primero por los trabajadores de Ciudad de Córdoba y luego por el resto de los choferes a partir de una decisión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
Las protestas, declaradas ilegales, tenían como objetivo, al menos por parte de los choferes de Ciudad de Córdoba, la exigencia de la firma del contrato por 10 años que le asegurara a la empresa la concesión de su área.
La determinación de anoche del municipio quedó firme mediante el decreto 2218 rubricado por el jefe comunal, que consta de cuatro artículos.
El primero deja sin efecto la adjudicación; el segundo dispone que Ciudad de Córdoba deberá continuar prestando servicios hasta la “cero horas del día primero de agosto”.
En tanto el tercero instruye a la Dirección de Transporte para que adopte las medidas necesarias a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior.
De hecho, ese último texto “abre el paraguas” para tomar las medidas necesarias para asegurar la prestación de los servicios que hasta ahora están a cargo de Ciudad de Córdoba.
En ese marco, en principio serán las tres prestatarias restantes que tiene el sistema las que tomarán a su cargo los corredores de la compañía fallida.
“No es necesario una nueva licitación”, explicó luego a Comercio y Justicia el secretario General de la Municipalidad, Alberto Giménez, quien junto su par de Transporte, César Ferreryra, y al asesor letrado, Marcelo Rodríguez Aranciva, encabezaron el acto en el Palacio 6 de Julio.
De acuerdo con lo informado, las empresas deberán proveer las unidades necesarias para suplir la flota de Ciudad de Córdoba -poco menos de 200 unidades-. Con todo, si resulta necesario, el municipio se reservará la potestad de incautar coches de Ciudad de Córdoba para asegurar la prestación del servicio.
Según indicaron los funcionarios, las normas que regulan el sistema y los pliegos licitatorios dejan a cubierto la posibilidad de avanzar en la estrategia informada ayer.
Por su parte, Mestre se encargó de ratificar que todos los empleados de Ciudad de Córdoba (de los servicios urbanos) mantendrán sus puestos de trabajo aunque distribuidos en las otras tres prestatarias.
La posibilidad había sido cuestionada por delegados de esa empresa quienes, en todo caso, pretendían continuar pero todos en una misma compañía.
Asimismo, Mestre advirtió de que en caso de observarse hechos de violencia, los trabajadores que los protagonicen quedarán en condiciones de ser despedidos.
Por lo demás, se descuenta que los empresarios de la firma marginada iniciarán acciones legales.
La jornada de ayer se inició con el transporte circulando con normalidad y con la expectativa de una posible presentación de Ciudad de Córdoba de un plan de capitalización, conforme el emplazamiento que había efectuado el martes al mediodía el intendente.
El empresario Llabot, presidente de Ciudad de Córdoba, presentó un pedido de prórroga y reclamó tiempo para diseñar el plan.
Pero la suerte de esa empresa ya estaba echada y el fin de la adjudicación llegó horas después.
La incógnitas anoche era saber como continuaría el servicio de esa empresa, conocida la decisión oficial.
Por lo pronto, anoche, el delegado Osvaldo Diani garantizó la prestación del servicio aunque adelantó que analizan posibles acciones judiciales contra la decisión del intendente.
