ESCUCHARLa carencia es menor (5.572 hogares) que a fines de 2017, según el Foro de Análisis Económico de la Construcción. La baja, estiman, podría haber llegado por los planes de ayuda social para compra o mejora de las casas. Sin embargo, afecta a unas 136 mil familias por debajo de la línea de la pobreza. Establecen el monto que requiere la inversión en rutas en el territorio provincial
Por Alfredo Flury – [email protected]
El déficit habitacional en la provincia de Córdoba alcanzó en el tercer trimestre de 2018 a 253.443 hogares, 2,2 por ciento por debajo de igual trimestre de 2017.
Los datos fueron informados por el economista Gastón Utrera de Economic Trends, en el marco del Foro de Análisis Económico de la Construcción, organizado por la Delegación Córdoba de la Cámara Argentina del sector y que se desarrolló ayer en la sede de la entidad.
La cifra, es sin embargo, superior a las 242.383 viviendas informadas por la propia entidad en 2018 y con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec del año anterior.
En rigor, el dato de cierre de 2018 es un anticipo del documento de actualización de las estimaciones de déficit habitacional. De acuerdo con ese informe, la reducción fue de 5.572 hogares desde los 259.021 con problemas en el tercer trimestre de 2017.
“Si bien es probable que, al menos, parte de esta reducción en el déficit habitacional se haya producido por efecto de la ayuda social para la mejora y ampliación de viviendas, el déficit en hogares por debajo de la línea de pobreza se incrementó en 24.129 casas, por efecto del descenso social de dichos hogares, por reducción de su poder adquisitivo durante el último año”, estimaron los responsables del informe.
Respecto a la distribución de las 253.44 familias con problemas de vivienda, 136.528 tienen ingresos que se ubican por debajo de la línea de pobreza, situada en 14.400 pesos.
En tanto, 70.273 eran hogares con ingresos de entre uno y dos “líneas de pobreza”, 39.957 entre dos y cuatro líneas de pobreza y, finalmente, 7.291 son familias que tienen ingresos de más de cuatro líneas de pobreza, esto es por encima de los 53.300 pesos.
En paralelo, de las 58.105 viviendas nuevas requeridas -otras sólo necesitan ampliación o refacción-, 21.124 eran habitadas por familias con ingresos menores al límite de la pobreza, otras 12.928 en el segmento siguiente, 20.073 eran hogares con ingresos de entre dos y cuatro líneas de pobreza y 3.980 eran hogares con ingresos mayores a 53.300 pesos.
El déficit habitacional habla de la necesidad de viviendas nuevas pero también de refacciones o ampliaciones en el caso de aquellas propiedades habitadas por más de una familia o por familias numerosas y refiere a las condiciones de hacinamiento.
En el documento se afirmó que, respecto a quienes sufren el problema, los hogares que no alcanzan a salir de la pobreza requieren de programas sociales para poder solucionar su situación.
En tanto, los que tienen ingresos de más de cuatro líneas de pobreza podrían acceder a créditos hipotecarios. Sin embargo, los que se ubican en la franja intermedia que suman 123.696 viviendas, no calificarían ni para hipotecarios ni tampoco para acceder a programas de ayuda social.
El déficit habitacional es independiente de la propiedad de la vivienda: un hogar puede tener déficit de vivienda tanto si sus integrantes son propietarios como si no lo son. “El problema de la propiedad de la vivienda es de segundo orden, pero puede ser una cuestión a resolver con las políticas públicas”, consideró Gastón Utrera.
Se trata de 386.478 hogares en la provincia de Córdoba que, sin tener déficit habitacional, sus integrantes no son propietarios de la vivienda donde residen.
Las estimaciones de déficit habitacional se obtuvieron aplicando metodología tradicional a los datos trimestrales de la EPH que mide Indec que, para la provincia de Córdoba, abarca a los aglomerados urbanos del Gran Córdoba y Río Cuarto, y cuya información puede ser extrapolada al total provincial a partir de los datos censales de distribución de la población en el territorio provincial.
Según se indicó, en agenda del Foro de Análisis Económico de la Construcción se encuentra una actualización de las estimaciones de necesidad de inversión en viviendas, la reconstrucción de la serie histórica de déficit habitacional (con la información de la Encuesta Permanente de Hogares de los últimos 15 años) y la necesidad de profundizar el estudio de los beneficios sociales de las inversiones en infraestructura de vivienda, incluyendo su impacto sobre el empleo en el sector de la construcción y derrame a otros sectores.
Inversión en rutas
En otro orden, el foro avanzó también en un análisis sobre las inversiones necesarias para reacondicionar o ampliar las rutas dentro del territorio de la provincia de Córdoba. El informe de Economic Trends puso un monto: 861 millones de dólares.
En ese marco, 714,2 kilómetros de rutas nacionales requieren inversiones de ampliación, ya que presentan niveles bajos de servicio y “altos niveles de congestión”, lo que implica un piso de inversiones de 500 millones de dólares (700 mil dólares por kilómetro para duplicaciones de calzada, en terreno llano).
En tanto, 1.806 kilómetros de rutas nacionales requieren inversiones de reparación, ya que presentan bajos niveles de estado, lo que implica un piso de inversiones de 361 millones de dólares.
En caso de que se realizaran las inversiones necesarias para lograr niveles altos de servicio (inversiones de ampliación) y de estado (inversiones de reparación), podrían generarse beneficios sociales superiores a esas inversiones de 861 millones de dólares, señala Utrera.
Sólo por reducción de accidentes fatales, el beneficio social podría superar los 900 millones de dólares en 10 años, monto al que deberían agregarse los beneficios vinculados a reducción de accidentes no fatales y reducción de costos de transporte de personas y mercancías.
Empleo: 69% en negro
El documento presentado ayer también realizó un pormenorizado análisis sobre el empleo en la construcción en la provincia de Córdoba, que alcanzó a casi 180 mil trabajadores, aunque con datos de la EPH del tercer trimestre de 2017. De ese total, 45,5 por ciento son asalariados sin aportes mientras que 20,4 por ciento están “en blanco” y 28,6 por ciento son cuentapropistas.
Si además de los trabajadores empleados en el sector de la construcción se consideran los trabajadores desempleados, cuyo trabajo previo a quedar desempleados fue en el sector de la construcción, el total de trabajadores vinculados al sector, empleados o desempleados asciende a 209.754 trabajadores.
Según se aclaró, la serie histórica del empleo en negro en el sector de la construcción de la provincia de Córdoba, elaborada a partir de la información trimestral de la EPH, muestra una alta correlación con los despachos de cemento en bolsa. Esto implica que la construcción privada particular es la principal demandante de mano de obra en negro.
De la misma manera, la serie histórica del empleo en blanco en el sector de la construcción muestra una alta correlación con los despachos de cemento a granel. La conclusión es que son las empresas constructoras y desarrollistas las que contratan trabajo registrado.
Alerta por suba de costos
Por lo demás, desde la Cámara de la Construcción advirtieron sobre el impacto de la inflación en el sector. Es que, según indicaron, en un contexto de suba de precios, la redeterminación de costos no siempre es efectiva y genera costos económicos y financieros adicionales en las empresas.
El foro diseñó un simulador del impacto de todo el proceso de redeterminaciones de costos y plazos de cobros de certificados para distintos tipos de obras, que permite simular situaciones como la de comenzar hoy una obra cobrando precios de 2017 o financiar el plazo de cobro de certificados con una tasa de interés tres veces mayor que la prevista originalmente, entre otras opciones.
Así, un contratista que se hubiera presentado a licitación a comienzos de 2018, ejecutando luego la obra en medio de la aceleración de inflación y tasas de interés posterior podría terminar perdiendo hasta 20% del monto total de la obra, aún cumpliéndose los plazos y obligaciones contractuales de la administración pública.
El compre Córdoba
Según el estudio, preferir la contratación de empresas locales en licitaciones efectuadas por el Estado genera un impacto positivo sobre la economía cordobesa por los gastos que terminan erogándose en la jurisdicción donde tiene sede la empresa contratista, que se pierden en caso de contratar a una empresa con sede fuera del territorio provincial.
La referencia es al denominado “compre local” que aporta algún beneficio extra a firmas cordobesas en licitaciones provinciales, según la Ley 9331.
Utilizando el simulador de costos del Sistema Estadístico de Costos de la Construcción, de la Delegación Córdoba de la Cámara Argentina de la Construcción, es posible estimar que, en el caso de una obra vial, 28% de la inversión total en la obra derrama ingresos en la economía provincial sólo en caso de adjudicación a empresa contratista con sede en el territorio provincial.
Aplicando al total de la obra pública presupuestada por la provincia de Córdoba para el ejercicio fiscal 2018, considerando efectos indirectos, son 3,343 millones de pesos que pueden derramarse o no en la economía provincial, dependiendo del criterio de selección de contratistas, siempre según el análisis del foro.
