Ambiente: Provincia ajustó pautas y empieza a exigir seguro a empresas

Incluye un grupo empresas de diferentes rubros, confirmó a Comercio y Justicia el ministro Fabián López. Los industriales buscarán una reunión con él para fijar postura. Aseguran que sólo hay seguros de caución y no la cobertura que exigiría la norma. El municipio, que ya aplica la legislación, otorgó 180 días a las estaciones de servicio para contar con la exigencia. [privado] El Gobierno provincial comenzará a exigir a las empresas cuya actividad “entrañe riesgo para el ambiente” la contratación de un “Seguro por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva” con el objeto de, ante una eventualidad, atender a las consecuencias que pudieren generarse. La decisión, confirmada a Comercio y Justicia por el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, se produjo luego de publicarse la reglamentación del artículo 8 inciso K y del artículo 75 de la ley 10208 de Política Ambiental Provincial, sancionada en junio de 2014. “Vamos a comenzar a exigir la contratación del seguro luego de ajustar diferentes criterios respecto a los originales”, aseguró López. La decisión, que involucrará empresas de diferentes rubros, generó preocupación en sus dirigentes. Es que si bien el tema no es nuevo y de hecho la contratación del seguro figura ya en la ley de ambiente nacional (Nº 25675), la decisión de la Provincia de avanzar en la puesta en práctica del sistema tomó por sorpresa a los sectores involucrados. “Es un tema que viene desde hace al menos tres años y que incluso fue planteado a la propia presidenta (Cristina Fernández) por las dificultades que generaba su aplicación”, recordó una fuente del sector industrial. Concretamente, la queja entonces y que, según indicó el informante, sigue sin resolverse, es la inexistencia de empresas aseguradoras que ofrezcan un producto acorde con el que exige la norma. “Sólo hay cauciones que no cumplen los requisitos y no aseguran a las empresas”, advirtió. En ese marco y siempre según las fuentes contactadas, los industriales buscarán reunirse con el ministro López para elevar la posición del sector. “La postura es cumplir con las exigencias del cuidado del ambiente y su remediación pero debe ser en un marco claro”, aseguraron. Efectivamente, la discusión no es nueva. De hecho, este medio publicó el 13 de mayo de 2013 un informe respecto a la decisión de la Municipalidad de Córdoba de requerir el seguro ambiental, mediante un proyecto de ordenanza que adhería a las exigencias de la ley nacional 25675. Entonces, la directora de Evaluación de Impacto Ambiental, Alejandra Toya, defendió la potestad del municipio de exigir una cobertura ambiental. Previamente, a fines de 2012, la Provincia había tomado igual decisión, según señaló en ese momento el ministro de Agua, Ambiente y Energía, Manuel Calvo. Las disposiciones de entonces no tuvieron el impacto esperado. De hecho, el subsecretario de Ambiente municipal, Sebastián Roca, admitió ayer a este medio que se avanzó en varios frentes pero hay sectores que todavía no cuentan con el seguro. Concretamente, admitió que días atrás se acordó con la Federación de Expendedores de Combustibles (Fecac) un plazo de 180 días para poner en marcha el seguro. La idea de los estacioneros es armar un fideicomiso a escala nacional o bien contratar un seguro colectivo y no individual. “Acordamos analizar alternativas ya sea a nivel nacional o en Córdoba”, reveló una fuente de la Fecac, quien recordó que si bien las estaciones tienen un seguro obligatorio, no tiene una cobertura específica como la requerida en las normas ambientales. En cuanto a la Provincia, el Ejecutivo admitió que el cumplimiento fue irrelevante: menos de 10 por ciento del total de empresas obligadas. “Vamos a dar un plazo razonable pero la decisión no tiene marcha atrás”, aseguró López. En cuanto a los rubros involucrados, el más numeroso lo integran las estaciones de servicio. También se incluyen operadores de residuos peligrosos, químicas y determinadas empresas metalúrgicas, entre otras. Respecto a la reglamentación de los artículos específicos (ver Anexo ), los considerandos “refieren, entre otros aspectos: a) la obligación de toda persona física o jurídica, pública o privada, de contratar un seguro por daño ambiental de incidencia colectiva cuando el Nivel de Complejidad Ambiental (NCA) de la actividad riesgosa para el ambiente que desempeñe, resulte igual o mayor al mínimo establecido por la Resolución (...); o en su defecto, cuando la autoridad de aplicación considere conveniente su contratación, teniendo en cuenta circunstancias especiales como la vulnerabilidad del sitio de emplazamiento del establecimiento, antecedentes de desempeño ambiental, antigüedad y ubicación de los depósitos de sustancias peligrosas u otros criterios de riesgo ambiental; b) la participación de Asesores de Córdoba S.A. en todas las pólizas de Seguro Ambiental; c) la contratación del Seguro Ambiental de Incidencia Colectiva como condición previa a la obtención de la Licencia Ambiental; d) el procedimiento de denuncia del siniestro ambiental”. El Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos será la autoridad de aplicación. Preocupa a UIC el “accionar” de grupos por tema ambiental La Unión Industrial de Córdoba (UIC) manifestó su preocupación por el “accionar carente de validez, rigurosidad y metodología científica llevado a cabo por algunos autodenominados referentes sociales ante diversos hechos de público conocimiento en asuntos relacionados con aspectos ambientales”. Si bien la entidad no detalló los casos aludidos, se refiere -entre otros-, a la situación planteada con la empresa Porta, en la zona sur de la ciudad. En un comunicado, la entidad dijo que brega por el “derecho a manifestar y defender libremente ideas y opiniones, siempre que éstas se ejerzan dentro de un marco de respeto a la ley y con estricto asidero científico, dejando de lado actitudes que se prestan para la confusión y mala interpretación de la sociedad”. Y señaló la UIC: “La sustentabilidad, entendida como el logro de consolidados estándares de eficiencia empresaria en el marco de un adecuado y sostenido equilibrio económico, social y ambiental, está en el centro de la estrategia de nuestra institución”. [/privado]

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