La creciente tensión entre la Provincia y el Gobierno nacional por la demora en el envío de fondos ya comprometidos del Programa de Asistencia Financiera (PAF) y para la cobertura del déficit de la Caja de Jubilaciones, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo luego que funcionarios del Ejecutivo provincial advirtieron que también está retrasado el desembolso de $70 millones destinados a la construcción del primer módulo del denominado complejo Bouwer II, en el marco del futuro polo carcelario.
Se trata de un crédito gestionado ante el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, creado por la ley 24855 y cuyos recursos se derivaron de la privatización parcial del Banco Hipotecario.
De acuerdo con fuentes contactadas por Comercio y Justicia, la Provincia ya presentó y cuenta con el aval del proyecto ejecutivo para la construcción del primer módulo para 500 internos del complejo Bouwer II, sin que hasta el momento haya respuesta efectiva de las autoridades del Fondo Fiduciario.
“El desembolso viene demorado. No se si será por una cuestión política pero ya hemos completado todos los pasos requeridos”, aseguró una fuente del Ejecutivo.
Al respecto, recordó que la cobertura del financiamiento no es un subsidio sino un crédito. “Son préstamos con garantía de coparticipación. Hay que devolverlos”, recordó.
El retraso en el desembolso y la consiguiente demora en la licitación de la obra causarán un atraso en el desalojo de los penales de la ex Encausados y de San Martín.
Ambas cárceles iban a ser vendidas por la Provincia y los internos debían pasar a las nuevas unidades que se construirían conforme lo anunciado en marzo de 2008 por el gobernador Juan Schiaretti. Los recursos por la venta de los dos penales iban a destinarse luego al repago del préstamo del Fondo Fiduciario.
Las nuevas unidades penitenciarias iban a construirse en el marco de la declaración de la emergencia carcelaria decretada por Schiaretti en todo el territorio provincial, en el término de 36 meses. En ese contexto, la Provincia invertiría unos US$110 millones para la ampliación de la infraestructura carcelaria.
El decreto incluía la construcción de tres módulos en el predio del Complejo Carcelario Francisco Luchesse en Bouwer, con capacidad para 500 internos cada uno. Un módulo en el mismo lugar, que remplazará a la ex cárcel de Encausados con igual capacidad. Un establecimiento en Río Cuarto con capacidad para 500 internos que substituirá a la vieja cárcel de esa ciudad y una Alcaidía General en Bouwer para contraventores, en dos módulos para 250 personas, con posibilidad de ampliación a dos módulos más.
“Con la construcción de estos nuevos módulos se cerrarán definitivamente estos dos establecimientos (Encausados y San Martín) que ya no cumplen la función para la que fueron construidos hace más de cien años, siendo instalaciones no adecuadas para el servicio penitenciario y ubicadas en la zona urbana de la ciudad de Córdoba”, había asegurado Schiaretti al presentar el plan.