ESCUCHARLa empresa tiene 539.758 usuarios en la ciudad de Córdoba, 358.412 de ellos “medibles”. Sin embargo, por ahora sólo 173.391 residenciales tienen medidor instalado. El resto, paga en función de la cantidad de metros cubiertos del inmueble y de su ubicación, esquema que no propende a un uso racional del insumo. ¿Por qué no se avanza en un megaplán de micromedición?. Las explicaciones de la empresa, del Ersep y del concedente
Por Alfredo Flury
La empresa Aguas Cordobesas, propiedad del Grupo Roggio y concesionaria del servicio de agua potable para la ciudad de Córdoba, tiene sólo 173.381 clientes con medidor instalado, 51,4% de los 358.412 “medibles”, esto es, pasibles de tener un servicio que registre la cantidad del insumo consumido.
Los datos a los que tuvo acceso Comercio y Justicia, informados por la compañía y corroborados por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep), aunque con algunas diferencias, muestran una evidente falencia de los poderes concedentes, la Provincia de Córdoba hasta 2019 y la Municipalidad de Córdoba hasta la fecha. Ninguna de esas dos partes lo interpretan de la misma manera.
Sucede que la dinámica en la instalación de medidores es materia pendiente luego de 25 años de concesión y, a cinco años de su finalización y más allá de los planes de inversión que presente la compañía, es el concedente de turno el que tiene la potestad de direccionar esas inversiones a los fines que considere más convenientes y el Ersep el que debe controlar que esos planes se cumplan.
La micromedición es la mejor manera de controlar el consumo de agua de cada cliente y “penalizar” con tarifas crecientes por bloques de consumo a quienes tienen un uso desmedido del insumo, propendiendo a un uso racional de un bien cada vez más escaso y costoso por su transporte y potabilización.
Sin esa herramienta, la empresa cobra tarifas conforme la cantidad de metros cubiertos y de superficie del inmueble y la categorización de la propiedad, esto es el zonal en el cual se encuentra que puede ser del uno al siete, donde el uno es el de menor categoría y el siete el de mayor, básicamente propiedades situadas en un country.
Es evidente que, bajo ese esquema, no hay un incentivo a evitar el derroche y se convierte en un mecanismo injusto para tarifar un servicio básico.
Si en 25 años se colocó la mitad de los medidores a clientes medibles, ¿qué hace suponer que en los cinco años restantes de la concesión se vaya a avanzar en un plan masivo?
Los números
Las cifras informadas por Aguas y por el Ersep difieren aunque no de manera sustantiva. Según la empresa, la cantidad total de clientes (unidades de facturación) es de 539.758. En ese marco, los que potencialmente pueden ser medidos son 358.412.
Entre ese número, la empresa instaló 173.891 medidores en clientes residenciales y 10.410 en no residenciales, totalizando 184.301.
¿Qué hace que un cliente sea o no medible?
Básicamente que habite en un PH, esto es en un edificio o en una vivienda.
“Los edificios por lo general tienen en la bajada de los tanques una bajada por cada núcleo húmedo, una montante que viene para todos los baños y otra montante para los núcleos de cocinas, por lo que se hace imposible medir, en términos económicamente viables. Con este criterio, tendría que ir un medidor por cada montante, y después sumar esa medición. Por esta razón no se mide el agua en cada departamento. Se hace una medición global. No obstante, el consumo en este tipo de unidades suele ser bajo (no hay jardines o patios), siempre que no haya derroche”, explicó una fuente del Ersep.
Los edificios en la ciudad son muchos. ¿Hay cambios normativos en materia edilicia para lograr una medición individual?, consultó este medio. Nadie respondió con precisión.
Esos clientes están entonces entre los más de 180 mil “no medibles” y seguirán en la misma situación.
De todas formas, el Ersep, la Provincia y también Aguas aclararon que hay medidores en algunos edificios (no en todos) en el ingreso, por lo que puede conocerse en detalle cuál es el consumo total de esa unidad habitacional.
Además, la empresa instala “macromedidores” en diferentes puntos de la ciudad que permiten tener un mapeo general del consumo por zona, en los casos en donde no hay medidores, o al menos no en forma masiva.
Como para justificar el escaso nivel de micromedición, el Ersep exhibió un cuadro comparativo con otras prestatarias: AYSA 21,27%, Aguas Santafesinas 27,36%, Salta 22,35% y Córdoba 37,3%. Los datos son de 2014, es decir, tienen más de una década.
Medidos
Respecto a los clientes medidos, sólo 30% del total tiene un consumo superior a la base libre de 25 metros cúbicos por mes. Esa base es considerada muy elevada en función de parámetros mundiales de consumo y podría ser revisada en el marco de la contratación del servicio de asistencia técnica especializada a los fines de la realización de un “estudio preliminar para la Revisión Tarifaria Integral de la concesión de Aguas Cordobesas”, hoy en proceso de licitación por parte del Ersep.
La instalación de medidores tuvo varias etapas en la empresa. Al principio de la concesión, por entonces en manos de un grupo francés y luego, ya después de 2010 con un plan que incluyó un cargo fijo en la factura por el que se instalaron, según la empresa, 73.453 nuevos medidores, además de realizar desde entonces 72 obras para mejorar el servicio, 77 kilómetros de red, seis nuevas estaciones elevadoras y cuatro repotenciaciones de estaciones elevadoras.
En el medio, hubo una renegociación del contrato tras la caída de la convertibilidad que, entre otros puntos, disminuyó las responsabilidades de la empresa en materia de inversiones, al menos de todas, delegación que recayó en el concedente.
“En toda nueva conexión se incluye el medidor, con excepción de los barrios incluidos en el programa “Más agua, más salud”, por medio del cual se están regularizando redes en sectores vulnerables”, indicaron fuentes de la empresa.
“Dentro del plan para obras de mejora está previsto continuar con la instalación de medidores y también de macro medidores. Estos últimos permitirán a futuro tener un mayor conocimiento del balance hidráulico de la red de distribución. Es decir, saber con más precisión cómo se distribuye el agua en los 4.700 kilómetros de red que tiene nuestra ciudad”, completaron.
En cuanto al costo de cada medidor, el contrato de concesión estipula la renovación cada siete años y es a cargo del usuario. Pero también la colocación del primer implemento. El costo es de 21.043,38 pesos más IVA e incluye todos los elementos para la instalación. En el caso de la renovación, se cambia sólo el medidor y el costo es de 8.922,39 más IVA y se factura en seis cuotas mensuales de 1.487 pesos más IVA, indicaron desde la empresa.
¿Por qué no se apura el ritmo de instalación?
La pregunta obligada en función de la cantidad de cuentas “medibles” que aún quedan y después de 25 años de concesión tiene respuestas en parte lógicas pero no por eso justificativas de una tarea que debería haberse realizado ya hace tiempo.
“Hay muchos sectores, particularmente barrios carenciados en los que tenemos información a través de macromedidores que los consumos son muy por debajo del promedio”, indicaron las fuentes consultadas.
En esa línea, aseguraron que el concedente priorizó en esos casos direccionar los fondos para hacer otro tipo de obras, ampliar la red, reforzar estaciones de bombeo y demás infraestructura y dejar de lado la instalación de medidores.
“Los sectores que están medidos son los que sabemos que tienen altos consumos, los barrios cerrados y countries, por ejemplo”, señalaron.
Los planes para 2023
En el Ersep indicaron a Comercio y Justicia que la idea para 2023 es instalar unos 10 mil medidores. Con todo, señalaron que ese tema deberá ser consensuado con la Unidad Ejecutora de Agua Potable de la Municipalidad (EMAP).
En tanto, en el municipio aseguraron de manera escueta que “están trabajando con el Ersep y Aguas Cordobesas en el diseño de un plan para la colocación de nuevos medidores, tanto en la micromedición como en la macromedición en distintos sectores de la ciudad”. La respuesta carece de precisión respecto a plazos y cantidad de instalaciones previstas.
Proyecto de Quinteros para financiar medidas de “preservación”
El concejal de Encuentro Vecinal Córdoba Juan Pablo Quinteros solicitó días a la Comisión de Economía y Finanzas del cuerpo que incorpore en el proyecto de Ordenanza Presupuestaria 2023 la creación del “Fondo para el Uso Responsable del Agua Potable en la Ciudad de Córdoba” .
La iniciativa apunta a “la preservación y cuidado de la disponibilidad de agua potable en el ámbito de la ciudad de Córdoba”, indicó el edil.
La intención es afectar los recursos que provienen de los ingresos que obtiene el municipio por el canon de la Concesión del Servicio de Agua Potable y que, en el proyecto de Ordenanza Presupuestaria 2023, tienen como destino rentas generales, para orientarlos hacia medidas concretas que apunten a preservar la disponibilidad de agua potable, señala.
“Que la empresa publicite por todos los medios una serie de prohibiciones y restricciones para riego, lavado de autos, etc (como medidas paliativas de la crisis) es una alternativa válida, pero queda absolutamente claro que el instrumento que mejor regula la utilización de un recurso es cuando se mide y se cobra en función del consumo. En la actualidad la medición de Aguas Cordobesas se parece mucho más a un “impuesto inmobiliario” que al cobro de la prestación de un servicio público esencial. Pareciera que es más rentable para la empresa del Grupo Roggio cobrar de esta manera (por metros cubiertos) que a través de la medición y el cobro estricto de los metros cúbicos consumidos”, consideró Quinteros.
Según el concejal, “de acuerdo a la proyección de ingresos, en concepto de la concesión del agua potable en la Ordenanza Presupuestaria 2023 y del valor del dólar oficial para la importación de medidores, podemos estimar que en 2023, a través del “Fondo de Uso Responsable del Agua”, se podrían cubrir un 34% adicional de las cuentas no medidas, llegando a 65% medido. Su continuidad en 2024 permitiría que el 100% de las cuentas se encuentren medidas, situación muy distinta a la proyección que se puede derivar de los datos de Aguas Cordobesas donde las cuentas medidas aumentan a razón de 1% anual, es decir, a este ritmo, se necesitarían más de 60 años para cumplir con la meta del 100% medido”, concluyó.
Vuelven a licitar asistencia para una revisión integral de la concesión
El directorio del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) autorizó el segundo llamado a licitación para la contratación del “servicio de asistencia técnica especializada a los fines de la realización de un estudio preliminar para la Revisión Tarifaria Integral de la concesión de Aguas Cordobesas SA”.
El acto de apertura de las ofertas tendrá lugar el miércoles primero de febrero próximo a las 10 de la mañana en las oficinas de Compras y Contrataciones del ente regulador.
El primer intento fracasó luego de que no se presentaran oferentes a la compulsa.
El Ersep entiende que la revisión es necesaria porque desde el inicio de la concesión, hace 25 años, la cantidad de usuarios se multiplicó, se sumó infraestructura, se produjeron grandes cambios macroeconómicos (entre ellos el tipo de cambio tras la caída de la convertibilidad), modificaciones en la integración de la empresa originalmente encabezada por la francesa Suez y desde hace varios años por el Grupo Roggio) e incluso un traspaso de la concesión desde la Provincia a la Municipalidad de Córdoba, en 2019.
La idea, según explicó oportunamente a Comercio y Justicia el titular del ente, Mario Blanco, era contar en lo inmediato con datos específicos de la concesionaria, para luego, con esa base técnica, comenzar el proceso de toma de decisiones respecto a qué aspectos cambiar y cuáles no del vínculo vigente.
El proceso para avanzar en la RTI de la concesión del servicio había comenzado en mayo con la presentación de los pliegos para contratar a una consultora externa que audite en detalle todos los aspectos de la concesión.
La idea del Ersep fue buscar apoyo porque, por el volumen, el trabajo excedía la capacidad técnica del organismo de control.
Nuevo llamado
La nueva licitación debió convocarse luego de quedar desierta la primera. El proceso no prosperó, entre otras causas, porque el monto oficial ofrecido habría sido considerado insuficiente. El presupuesto oficial era de 9 millones de pesos en mayo pasado.
La decisión de una revisión integral obedece a que hay una clara percepción de que la ecuación económico financiera de la compañía es hoy muy diferente a la que había no ya en 1997 sino desde 2006 producto del cambio en el contrato durante la gestión de José Manuel de la Sota.
Entre otros puntos, desde entonces, la empresa sumó miles de clientes nuevos a la prestación.
En el pliego original, los objetivos enumerados por el Ersep para justificar la apertura del proceso hablaban de un potencial desequilibrio que, se presume, podría estar beneficiando o perjudicando a cualquiera de las partes. “En caso de verificarse un desequilibrio a favor o en contra”, decía el texto de la licitación inicial.
Se busca “establecer un modelo prospectivo para el reequilibrio bajo los escenarios e hipótesis que se consideren más adecuados”, agregaban los pliegos.
Tarifa “al día”
Otro de los puntos a revisar seguramente será el vinculado a las actualizaciones tarifarias por variación de costos.
Según el numeral 9.2, el contrato de concesión establece un mecanismo regulatorio de revisiones tarifarias por incremento de costos originados por variaciones de precios.
El mecanismo se pone en vigencia cuando se haya verificado una variación de costos igual o superior al 8 por ciento, o bien hayan transcurrido seis meses desde el último periodo analizado, lo que ocurra primero.
Apoyada en ese fundamento, la compañía presenta periódicamente pedidos de revisión tarifaria ante el Ersep que, decimales más o menos, son autorizados tras en análisis de la Mesa de Estudio de Valores Tarifarios y Precios y luego de un debate en Audiencia Pública.
Desde noviembre pasado y tras el último aumento, la empresa acumuló en el año un alza del 80,6 por ciento en las tarifas.
Ahora tiene pendiente otra suba del 25,7 por ciento producto del alza de costos hasta septiembre pasado.
En la empresa admiten las permanentes subas de tarifas aunque recuerdan que en todos los casos los incrementos siempre van por detrás de la inflación, situación que genera un desfase financiero en su ecuación.
