ESCUCHARPor primera vez desde que se dispuso el aumento de las retenciones móviles, el 11 de marzo pasado, la Justicia federal de Córdoba dio trámite a una demanda presentada por una productora agropecuaria en contra del Estado nacional. En rigor, se trata de una “acción declarativa de certeza” interpuesta por el estudio Gentile-Saravia, en representación de la productora Adriana María Remonda, reclamando la inconstitucionalidad de la medida adoptada por el ministerio de Economía y Producción de la Nación.
La presentación encontró eco positivo en el Juzgado Federal Nº 1, a cargo del juez Ricardo Bustos Fierro, quien tras declararse competente en la materia decidió hacer lugar a la demanda y abrir el trámite del juicio ordinario.
En la resolución, a la que tuvo acceso Comercio y Justicia, el magistrado rechazó, empero, la medida cautelar por la que se solicitaba se autorice a la productora demandante a tomar como crédito fiscal o como subsidio el monto correspondiente al “derecho de exportación” que supere el 33 por ciento.
Dicho planteo fue desestimado por Bustos Fierro tras considerarlo improcedente, pero será apelado ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Así lo confirmó a este diario Jorge Gentile, que recibió con beneplácito la medida adoptada por el magistrado federal. Los letrados insistirán en este punto, teniendo en cuenta que la gravedad en la demora perjudicaría considerablemente a su clienta.
“El porcentaje de retención, sumado al pago del resto de los impuestos, dejan al actor sin renta alguna y enfrentado al pago de mayores insumos para la campaña de siembra próxima”, expresó Gentile.
Oportunidad
La decisión del juez cordobés abre la puerta a una serie de juicios que podrían comenzar a tramitarse a la brevedad. Cabe recordar que el conflicto del campo despertó opiniones contrarias entre los juristas respecto de cuál era la vía más idónea que tenían los productores para reclamar sobre la suba de las retenciones.
Bajo el argumento de que éstas pasaron a ser confiscatorias y transgredían el derecho de propiedad, numerosos productores impulsaron recursos de amparo y otros promovieron acciones declarativas de inconstitucionalidad. En un caso se argumentó que el amparo no era la vía procedente y en el restante el rechazo fue in límine, es decir, sin analizar el fondo de la cuestión.
