«Sin el Estado no hacemos nada»

En un segundo plano por el conflicto entre los productores agropecuarios y el Gobierno quedó el proyecto de ley de arrendamiento, impulsado por la Federación Agraria Argentina. Sin embargo, la situación sobre la que pretende actuar esta ley lejos está de ser algo secundario. “Es parte de lo que subyace en este conflicto”, explica Aldo Casella, especialista en Derecho Agrario y uno de los inspiradores de la ley.
El problema principal de los pequeños y medianos productores agrícolas “dejó de ser el de la concentración de la propiedad de la tierra: ahora el riesgo mayor es la concentración de la tenencia de la tierra”, había dicho Casella en una entrevista, tiempo atrás. ¿Cómo se explica este juego de palabras?
Negocios, no proyectos.

“A la luz del conflicto se vuelve más cara la necesidad de que se discuta este tema”, sostiene el especialista. “Las manifestaciones externas del conflicto parecen poner en un segundo plano el proyecto de ley, pero no, esto devela precisamente la necesidad de una ley de este tipo. Detrás del reclamo de muchos productores por sus problemas de rentabilidad, está el alto costo que implica el arrendamiento. Esto deviene claramente de un sistema donde se ha permitido entrar a competir por la tierra productiva a sectores que se mueven con la dinámica de la inversión financiera. Compiten por la tierra ofreciendo altos precios, generalmente en proyectos de muy corto alcance, que ya no son proyectos, son negocios casi anuales”, sostuvo Casella.

El proyecto de ley que Casella elaboró junto a la FAA establece, entre otros puntos, una extensión mínima de cinco años en los contratos y obligaciones del arrendatario de cuidado y uso racional del suelo. Propone darles carácter de contratos promovidos a los celebrados con micro o pequeños empresarios y otorgarles beneficios impositivos tanto al arrendatario como al propietario. En cambio, plantea fijarles una fuerte carga impositiva a los fideicomisos y pools de siembra.
“Cuando uno oye hablar a los productores de rentabilidad acotada, a pesar de los altos precios, mediante esta forma de ocupar la tierra hay un alto costo”, afirmó el jurista. Esta situación implica tanto en costos crecientes, los que empujan a producciones de alta rentabilidad como la soja, como en la expulsión de las unidades productivas más pequeñas de las zonas más fértiles, de mayor rentabilidad.

“Si queremos favorecer un sistema de tenencia de la tierra democrática, donde sea posible la existencia de múltiples pequeñas y medianas empresas agropecuarias, que den mucho trabajo, que garanticen la subsistencia de los pueblos rurales, que caminen hacia el desarrollo rural, que permitan vivir dignamente, hay que decidirlo políticamente”.

“Cuando hablamos de ley de arrendamiento hablamos de una parte del sistema de tenencia de la tierra”, explica Casella a Comercio y Justicia. “La cuestión puede volcarse hacia un sistema de extrema renta para los propietarios, o hacia un sistema equilibrado donde se permita el desarrollo de las empresas agropecuarias arrendatarias. Esto puede convertirse en un vehículo hacia la tenencia”, agrega.
Con respecto al actual conflicto, Casella afirmó: “Para mí, estamos ante un punto de inflexión. Desde hace un tiempo -años- estamos ante una situación crítica donde está en juego la subsist

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