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Nos proponemos analizar la situación de los padres de un trabajador fallecido en un siniestro laboral, en el caso de que dicho trabajador, a la fecha de su deceso, sea soltero y sin cargas de familia.
En esta situación, desde la sanción de la ley 24557 (en adelante LRT), y hasta la reforma que introdujera el decreto de necesidad y urgencia Nº1278/2000 a este cuerpo legal, que rige a partir del 1/3/01, según lo dispone el art. 8, Dec. 420/2001, reglamentario del art. 19, Dec. Nº 1278/2000, los padres del trabajador fallecido en tales condiciones (soltero y sin cargas de familia) estuvieron excluidos como legitimados activos para el reclamo de la prestación dineraria por muerte del damnificado prevista en el art. 18, LRT.
Esta última norma (art. 18, LRT), efectúa dos remisiones. La primera, para determinar la indemnización o prestación dineraria, estableciendo que es igual a la prestación por incapacidad permanente total (53 x IB x coeficiente etario), y por lo tanto remite a lo dispuesto en el art. 15, ap.2) del mismo cuerpo legal (art. 18, apartado 1) LRT).
La segunda remisión es para establecer que: “Se considera derechohabientes a los efectos de esta ley, a las personas enumeradas en el art. 53, ley 24241, quienes concurrirán en el orden de prelación y condiciones allí señaladas…” (art. 18 ap. 2) LRT).
En esta normativa (art. 53, ley 24241) no se encuentran enumerados los padres del trabajador, por lo cual, en el caso del fallecimiento del trabajador soltero en cualquiera de las contingencias amparadas por el art. 6, LRT (accidentes de trabajo “
Estos planteos han sido resueltos por la jurisprudencia, con distinta suerte –según veremos– todo ello hasta el 1/3/01, en que la nueva normativa otorga a este universo de reclamantes (padres del trabajador soltero y sin cargas de familia) una clara legitimación activa, como se analizará más adelante.
Es interesante recordar que los padres del trabajador fallecido en un accidente de trabajo son beneficiarios de las prestaciones de la Ley de Accidentes de Trabajo, desde el mismo inicio del sistema reparatorio argentino.
En efecto, la norma originaria (art. 8 inc. a), ley 9688 de 1915) contemplaba a “los ascendientes y hermanos” como legitimados activos para el reclamo por la indemnización por muerte del trabajador, si bien esta legitimación estaba sujeta a la condición de que a la fecha del accidente estos ascendientes o hermanos vivieran “… bajo el amparo y con el trabajo de la víctima…”.
Como se advierte, los padres del trabajador fallecido en un accidente de trabajo, desde el mismo origen de nuestro sistema reparatorio, fueron beneficiarios de la indemnización por muerte, si bien sujetos a dos condiciones para su percepción. La primera era que el trabajador fallecido, al tiempo del deceso no hubiera dejado otros beneficiarios que los excluyera (cónyuge, o hijos menores). La segunda, que los ascendientes o hermanos hayan vivido, a la fecha del accidente, bajo el amparo y con el trabajo de la víctima, es decir, bajo su dependencia económica.
Con el tiempo, la norma especial (ley 9688 y las posteriores leyes Nº23643 y 24028) efectuó una remisión a la normativa previsional a los fines de establecer quiénes eran estos derechohabientes y en qué condiciones accedían a la indemnización.
Así, en la remisión al entonces Régimen Previsional de los Trabajadores Dependientes (ley 18037 t.o. 1976) se considera derechohabientes a las personas que se enumeraban en el art. 38 de dicha normativa, entre las cuales se incluía “…a los padres incapacitados para el trabajo y a cargo del causante, a la fecha de su deceso, siempre que éstos no gozaran de beneficio previsional o graciable…”.
Esta legitimación planteaba una serie de inconvenientes probatorios para los padres reclamantes, relativo a la “dependencia económica”, a la vez que estos requisitos (incapacitados para el trabajo y a cargo del causante) fueron considerados por la jurisprudencia (CTrab. de Cba. Sala VII, Sent. N°45 del 6/6/91 “Castro Miguel Armando y otra c/ Tulio Edgardo Dalla Costa y otros – Demanda”, confirmado por Sent. Nº64 del 22/6/93 Sala Laboral TSJ de Cba.) como verdaderos presupuestos procesales de la acción, cuya inexistencia determina el rechazo de la pretensión indemnizatoria.
A esta altura, nos parece de utilidad preguntarnos cuál es el propósito que persigue la ley especial de accidentes de trabajo en general, cuando contempla este tipo de indemnizaciones o prestaciones, y, en particular, en el caso de este tipo de beneficiarios (padres).
Pozzo (Cfme. Derecho de Trabajo, Tomo III, Ed. Ediar, Bs.As. 1949, p. 375) responde que no es otro que el de reparar, en parte al menos, el daño causado a quienes están bajo la dependencia económica del trabajador fallecido. Señalaba, ya en aquella época, que los beneficiarios de esta indemnización o prestación son titulares del derecho a ella “
Si bien en algún momento se discutió sobre la necesidad de declaratoria de herederos del causante para que sus derechohabientes pudieran reclamar el pago de la indemnización o prestación, la discusión fue cerrada legislativamente por una de las tantas reformas que sufrió la ley 9688 (leyes 15448 y 18913) que disipó toda duda al establecer que para el reclamo de la indemnización bastaba la simple acreditación del vínculo de parentesco que se invocara.
Por lo que se viene expresando, en este tema es esencial determinar cuál es la ayuda prestada normalmente por el trabajador y a quiénes es prestada.
Partiendo de tales elementos, se determina el beneficiario de la indemnización o prestación, para lo cual debemos regirnos por los principios que en el derecho común fijan las pensiones alimentarias (Cfme. Guillermo Cabanellas, Tratado de Derecho Laboral, T. IV, Ed. Bibliográfica Argentina, Bs. As. 1949, p. 178).
En esta breve reseña de la normativa aplicable a los padres del trabajador fallecido, se llega al art. 18 ap. 2), LRT, que remite al art. 53, ley 24241. Esta última ley instrumenta el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, y su art. 53 viene a ocupar el espacio normativo del art. 38, ley 18037, según se ha interpretado en forma pacífica. Pero es el caso que, en la nueva norma, se han eliminado una serie de beneficiarios que antes se encontraban en la enumeración de la norma reemplazada.
Concretamente, se eliminan a los siguientes beneficiarios del art. 38, ley 18037: “…las hijas solteras y las viudas que hubieran convivido con el causante durante los diez años anteriores al deceso, que hubieran estado a cargo de él y que tuvieran cumplida la edad de 50 años; las hijas viudas y divorciadas o separadas de hecho por culpa del marido que no percibieran prestación alimentaria de éste, incapacitadas todas ellas para el trabajo y a cargo del causante; los nietos solteros, las nietas solteras y las nietas viudas, huérfanos de padre y madre,
Comparto con Ragusa (Cfme. “Los derechohabientes del trabajador en la Ley de Riesgos del Trabajo” publicado en Rev. Derecho del Trabajo-2002-A-865), que no se trata de una hipótesis de “olvido legal” u “omisión involuntaria” del legislador. Por el contrario, se estima que el art. 53, ley 24241, responde a una clara intención de reducir el espectro de beneficiarios en el régimen previsional.
Esto se debe interpretar en el marco del nuevo régimen previsional privatizado que se instala en Argentina a mediados de la década de 1990, con la irrupción de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y de las jubilaciones “privadas”.
En ese orden de cosas, también se debe considerar que los primeros proyectos de lo que sería finalmente el Sistema de Riesgos del Trabajo (LRT) no contemplaba ninguna prestación dineraria para los derechohabientes, más allá de la percepción de la pensión por fallecimiento (Cfme. Antecedentes Parlamentarios de la Ley 24557. Separata La Ley, Año 1995, Nº 10, p. 397 y ss.).
Una visión retrospectiva también nos hace más entendible la problemática cuando se advierte que Argentina, a partir de la sanción de las leyes 24241 y 24557, introduce en la gestión de la seguridad social, a entidades privadas y mercantiles que, como tales, tienen una innata finalidad lucrativa (AFJP y ART) y que, por tal motivo, resultan totalmente incompatibles o inconvenientes para la cobertura de un riesgo de características y contenido altamente social y alimentario como son las contingencias de vejez, invalidez, muerte, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, según ha tenido oportunidad de señalarse desde el ámbito científico y doctrinario (Cfme., entre otros, Cristina Mangarelli en “La seguridad social en el Uruguay”, Ed. Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo 1991), en posición que compartimos.
Las numerosas críticas y planteos de inconstitucionalidad formuladas a la LRT y en particular a la norma que nos ocupa (art. 18, LRT) motivan su modificación, mediante una técnica legislativa muy discutida, como es el decreto de necesidad y urgencia Nº 1278/2000.
Dicha reforma, además de mejorar cuantitativamente el cálculo de las prestaciones dinerarias y el monto de éstas –estableciendo complementos de pago único para las situaciones de incapacidades mayores al 50%– también consideró conveniente modificar el régimen de derechohabientes incluyendo a los “padres del trabajador” y, en defecto de éstos, a los “familiares” a cargo del trabajador.
Concretamente, la norma luego de la reforma dispone que “…En ausencia de las personas enumeradas en el referido artículo (se refiere al art. 53 de la ley 24241 y al orden de prelación y condiciones allí señaladas)
De acuerdo con el texto de la nueva norma y con su reglamentación (art.5, Dec. 410/2001) se interpreta que los padres del trabajador fallecido no están sujetos a ninguna condición (más allá de la acreditación del vínculo) para la percepción de la prestación dineraria por fallecimiento del damnificado (art. 18, LRT).
Esta inteligencia parte de la consideración de que, en el caso de los “familiares”, la norma requiere haber estado a cargo del trabajador fallecido y deriva a la reglamentación el grado de parentesco requerido para obtener el beneficio y la forma de acreditar la condición de familiar a cargo.
La reglamentación enumera en el citado art. 5, Dec. 410/2001, quiénes son estos “familiares” (parientes por consaguinidad en línea descendente y descendente, sin límite de grado, y parientes por consaguinidad en primera línea colateral hasta el tercer grado), y define cuándo se considera que estuvo a cargo del trabajador fallecido (“…cuando concurre en aquél (en el familiar) un estado de necesidad revelado por la escasez o carencia de recursos personales, y la falta de contribución importa un desequilibrio esencial en su economía…”).
Además, la norma reglamentaria señala que esta acreditación se debe efectuar mediante una información sumaria, de conformidad con cómo se encuentre regulado en las distintas jurisdicciones donde la misma se debe acreditar.
En el caso de nuestra provincia de Córdoba, el Código Procesal del Trabajo contempla dentro de los actos de jurisdicción voluntaria (art.82, ley 7987) un procedimiento apto para esta información sumaria.
Como tuvimos oportunidad de señalar, las acciones judiciales iniciadas desde la vigencia de la LRT (a partir del 1/7/96) y hasta las modificaciones introducidas por el DNU 1278/2000 (a partir 1/3/01), se enfrentaron con el problema de la legitimación activa respecto de la pretensión de la prestación dineraria por fallecimiento del damnificado (art. 18, LRT, y su remisión al art. 53, ley 24241).
Para sortear este obstáculo, los accionantes plantearon la inconstitucionalidad de las mencionadas normas, con distintos argumentos y fundamentos que la doctrina judicial ha resuelto con diferentes soluciones, que se pueden sintetizar en dos corrientes: una mayoritaria que se expresa en el rechazo de dichas acciones por falta de legitimación sustancial de los actores; otra, minoritaria, que sortea la cuestión de la legitimación activa, por ejemplo, a partir de la aplicación inmediata de lo dispuesto por el DNU Nº 1278/2000 al caso fallado, aun cuando el hecho generador de la responsabilidad se produjera con anterioridad a la vigencia de esta norma, o tomándose de un defecto en la defensa de la accionada.
En la línea mayoritaria, se puede citar en la jurisprudencia local lo resuelto por la Excma. CTrab. de Cba., Sala V, en la causa “Torres, Luis A. c/ Mapfre Aconcagua ART SA – Demanda laboral-”, Sent. Nº 80 del 5/6/00, y por la Excma. CCC, Trab. y Fam., Cruz del Eje, en la causa “Pérez, Elsa Virginia c/ Nieto- Nieto S.H. y otros– Laboral”, Sent. Nº 104 del 30/10/02.
En el orden nacional, se pueden citar las decisiones de la CNac. de Apel. del Trab., Sala III, Sent. del 29/6/01, en la causa “Levy Iglesias, Mariana R. y otro c/ Consolidar AFJP y otro” (publicado en Rev. Derecho del Trabajo, 2002-A-865); de la Sala II, sentencia del 14/6/00 en la causa “Lazarte, Silvia A. c/ La Caja ART SA” publicado en Rev. Derecho del Trabajo, 2000-B-1519; de igual Sala, sentencia del 12/2/04 en “Casas Andrade, Esperanza c/ Provincia ART SA”, publicado en LL, 2004-D-289.
La fundamentación de esta corriente mayoritaria gira en torno a argumentos referidos, por ejemplo, a los términos del contrato de afiliación suscrito entre el empleador y la ART, señalándose que “…la cuestión en principio se encuentra ceñida al sinalagma contractual, el que únicamente pudo haber previsto entre los sujetos legitimados, para reclamar las prestaciones de dicha normativa a las personas taxativamente enumeradas en el art. 53, ley 24241, al que remite el ya aludido art. 18, ley 24557, no encontrándose facultados los jueces para ampliar la órbita de responsabilidad prevista por el legislador sin grave violación al sistema republicado de la división de poderes…” (causa “Casas Andrade c/ Provincia”).
En los fallos en que se justifica la falta de acción de los padres del trabajador fallecido en el sinalagma contractual (contrato de afiliación por el cual la ART asume sus obligaciones) no encontramos, en las sentencias relevadas, argumentos suficientes respecto de la cuestión de por qué la ART no percibe una prima diferenciada (lógicamente menor que la de un trabajador con cargas de familia) en el período 1996/2001, en el cual la muerte del trabajador soltero no generaba prestación dineraria por muerte del damnificado (art. 18, LRT).
También se ha dicho dentro de esta corriente mayoritaria que la sola consideración de que la regulación prevista en el art. 18, LRT, sea inequitativa, “…resulta insuficiente para declararla inconstitucional por cuanto al existir la facultad de legislar en el Congreso, corresponde a éste apreciar las ventajas e inconvenientes de las leyes que dicte, mientras todo lo referente a la discreción con que hubiere obrado el cuerpo legislativo es ajeno al Poder Judicial que no tiene misión sino para pronunciarse de conformidad a lo establecido por la ley aun en la hipótesis de que se arguyera o pretendiera que la ley es dura e injusta (Conf. CS Fallos 306:655)…” (causa Lazarte c/ La Caja).
En la corriente minoritaria encontramos resoluciones que han declarado la inconstitucionalidad del art. 18, LRT, porque “…lo contrario conduciría a un trato discriminatorio, prohibido por los arts. 1 y 24, Conv. Americana de los Derechos Humanos y art. 26, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobada su incorporación por la ley 23313, al que se asignó jerarquía supraconstitucional en virtud del art. 75 inc. 22, CN, reformada en 1994 (Cfme Cám. de Apel. Lab., Sala I, Posadas (Misiones) Sent. del 15/8/01 en “Romero, Abdón I. y otro c/ Krieger Maderas y otro s/accidente de trabajo”, publicado en Revista Trabajo y Seguridad Social, 2002, p. 960).
La Cám. de Apelaciones de Posadas considera dirimente la reforma introducida por el Dec. 1278/2000 a la LRT, en tanto estima “…que ha habido un reconocimiento legal de la impropiedad de la exclusión a que se llegaba por vía de traspolar reglas inherentes a un régimen previsional –que se sustenta en aportes y contribuciones previas al sistema aun en el sistema solidario– a otro indemnizatorio especial, que se rige por diferentes principios y atiende a otra finalidad. Estimo que ello es importante y que la exclusión en la enumeración legal de los beneficiarios a los progenitores, a que nos conducía forzosamente la remisión del art. 18, se constituía en una discriminación arbitraria entre los padres de un hijo fallecido, según que ese hijo fuera o no un trabajador. Entiendo que ese no ha sido el propósito del legislador, y que tan sólo una remisión desafortunada pudo conducir a tal resultado…”. En ese mismo sentido, también lo interpreta la Cám. de Apel. en lo CC y Lab. de Gral. Pico (La Pampa) en autos “Cuenca R. Darío c/ Inarco S.A.” (A.I. 1161/1998, SAIJ, 2000).
En esta corriente minoritaria se puede inscribir lo decidido por la Sala VII de la CNac. de Apel. del Trab. en la causa “Durán, Delicia A.M. y otro c/ Correo Argentino S.A. y otro” (Sent. del 16/5/01, publicada en Rev. Derecho del Trabajo 2002-A-874) que decide confirmar la declaración de inconstitucionalidad del art. 18, LRT, del inferior, porque “… el apelante no rebate acabadamente la decisión en el sentido de que la omisión normativa de atribuirles a los progenitores carácter de causahabientes del derecho a ser indemnizados ante el fallecimiento del hijo fallecido como consecuencia del accidente de trabajo, violenta la cláusula constitucional referente a la “protección integral de la familia” y previsiones de la Declaración Universal de los Derecho Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos que tienen jerarquía constitucional según lo dispuesto por el art. 75, inc. 22, CN…”).
En una situación distinta se debe colocar a los padres del trabajador fallecido cuando éstos accionan por el derecho común. En este caso se ha sostenido (CNAT Sala I, Sent. 26/9/03, en la causa “Fernández, Julio y otro c/ Coto CIC SA”, publicado en Rev. Derecho del Trabajo.2004.A- 281) que los padres del trabajador fallecido a causa de un accidente de trabajo, que se encontraban excluidos del ámbito de aplicación de la ley 24557 hasta la sanción del dec. 1278/00 “…tienen derecho a reclamar la indemnización integral sin necesidad de impugnar la constitucionalidad del art. 39 de dicha ley, pues la veda al “
Esta situación no ocurre, generalmente, en los accidentes de trabajo “
También hay que tener presente que, en estos hechos, normalmente concurre en la causación del accidente de trabajo un tercero mediante la utilización de una cosa “riesgosa” (automóvil, camión, tren, colectivo, etc.) por lo que los padres del trabajador fallecido tienen, en tales casos, derecho a reclamar “la reparación de daños y perjuicios” de acuerdo con las normas del CC, “…de las que se deducirá el valor de las prestaciones que haya percibido o debe recibir de la ART o del empleador autoasegurado…”, según lo dispone el art. 39 inc. 4), LRT. En este supuesto, los padres del trabajador soltero fallecido, en el período 1996/2001, tenían expedita esta acción con sustento en el CC, por los daños y perjuicios sufridos, sin necesidad de deducción alguna, en tanto ninguna prestación tenían derecho a percibir en el sistema de la LRT. Como contrapartida, en ese mismo período (1996/2001), los empleadores de un trabajador soltero y sin cargas de familia, fallecido en un accidente de trabajo, cuando las características del mismo permitían el ejercicio de una acción civil (arts. 1109, 1113, CC) no disponían de cobertura asegurativa en el marco de la LRT, en tanto los padres no estaban comprendidos en el ámbito de la ley especial como legitimados activos para el reclamo indemnizatorio.
En la corriente jurisprudencial mayoritaria que se analiza y reseña se advierte que el juez, a pesar de que reconoce que la ley es dura e injusta, se convierte en su esclavo para decir que los padres del trabajador soltero y sin cargas de familia no tienen derecho a indemnización alguna en el marco de la LRT, simplemente porque la ley especial no les da derecho (legitimación activa).
Afirma esta doctrina judicial que el juez no se puede arrogar facultades que no le competen (como legislar), y que tampoco es función del Poder Judicial apreciar las ventajas o inconvenientes de las leyes que dicta el Congreso. Se trata de argumentos lógicos y totalmente válidos desde una estricta hermenéutica jurídica.
En cambio, la posición minoritaria, que naturalmente se compone de una clase especial de jueces, de aquéllos que, como enseñaba Couture, son más aptos para el conflicto laboral porque son “… más ágiles, más sensibles y más dispuestos a abandonar las formas normales de garantía para buscar un modo especial de justicia que dé satisfacción al grave problema que se propone…”, (Cfme. “Algunas nociones fundamentales de Derecho Procesal del Trabajo”, citado por Héctor Genoud “El Juez del Trabajo”, Ed. Abeledo Perrot, p. 40), utilizan todas las herramientas a su alcance para suavizar y humanizar la ley y tratar, de alguna forma, de dar respuesta positiva al problema que se les propone, a través de la pretensión actora.
La normativa hoy vigente (art. 18, LRT, con la reforma del DNU 1278/2000), termina con una de las injusticias que trajo el Sistema de Riesgos del Trabajo (LRT) en su versión original (1996), y a nuestro modo de ver lo hace con un beneficio adicional, o con una suerte de recompensa.
Esta es que hoy, los padres del trabajador soltero y sin cargas de familia tienen acceso a la prestación dineraria por muerte del damnificado (art. 18, LRT) sin otro requisito que la acreditación del vínculo, dejando de lado todos los condicionamientos que en anteriores normativas siempre tuvieron ■
