Posibles salidas de la crisis económica post Covid-19

Por Jorge Fernando Fushimi (*)

Jamás la humanidad se enfrentó a una crisis como la generada por el virus SARS-CoV-2. Ni nuestros bisabuelos, vivieron una situación similar de cuarentena. Sólo un puñado de actividades comerciales han podido mantenerse funcionando. El resto de las actividades económicas han estado sin facturar nada, o muy poco.

Simultáneamente, los costos fijos siguen devengándose y generando obligaciones que no pueden ser afrontadas con los recursos ordinarios que genera la gestión ordinaria de las diversas actividades económicas. Entre otros: alquileres, energía eléctrica, salarios, cargas sociales, impuestos, seguros. Además, deben pagarse los pasivos ya contraídos: las personas humanas, como consumidores, pueden haber contraído deudas a través de las tarjetas de crédito, para adquirir viviendas o automóviles o para consumo.

Las empresas, desde la micro a las más grandes, adeudarán a sus proveedores, a los bancos, al fisco (nacional, provincial o municipal), y tal vez a sus propios trabajadores. En la mayoría de los casos se generarán problemas de cesación de pagos, o de insolvencia. Hay alguna diferencia entre insolvencia y cesación de pagos: la insolvencia se da cuando el pasivo (el total de las deudas) supera al activo (el conjunto de bienes y derechos); la cesación de pagos, en cambio, es un fenómeno generalizado, con visos de permanencia, que impide afrontar las obligaciones exigibles, con el producido del giro normal del negocio.

Para contrarrestar la insolvencia o la cesación de pagos, se han creado los procesos concursales. En nuestro país, la ley 24522 de Concursos y Quiebras (con sus modificaciones), ha establecido procedimientos especiales para que el deudor pueda negociar una salida de la crisis que afronta, con sus acreedores (concurso preventivo) o que –incluso- un tercero pueda adquirir la empresa (salvataje empresario), celebrando un acuerdo preventivo con aquellos. Si la crisis no puede ser solucionada mediante un acuerdo regulado judicialmente, la respuesta será la quiebra: es decir, un procedimiento de liquidación compulsiva de todos los activos, para tratar de ver la mejor forma de pagar lo que se pueda, a los acreedores.

Pero los concursos y las quiebras son procesos judiciales complejos, caros, y lentos. No sirven para salir de una crisis generalizada. Son, podría decirse, la solución final que prevé el sistema jurídico para tratar de conservar la actividad empresaria. Pero son soluciones para una empresa determinada. No pueden ser la solución a una crisis global, de dimensiones catastróficas.

Un eminente jurista alemán, Karsten Schmidt, en ocasión de su conferencia inaugural del IV Congreso Nacional de Derecho Concursal y II Congreso Iberoamericano de la Insolvencia (La Cumbre, Córdoba, año 2000), expresó que con los procesos concursales, las empresas, capitalistas con las ganancias, se convierten en socialistas con las pérdidas. Esto es una realidad: la sociedad, a través de las leyes concursales, asume y absorbe los quebrantos que genera la cesación de pagos de un deudor. Se socializan las pérdidas. Pero, esa solución no es gratuita: todos pierden algo. Mucho o poco, dependerá de la condición con que sorprenda el proceso concursal al acreedor, pero la historia es generosa en ejemplos de quiebras generadas por un efecto arrastre de otra quiebra.

En un contexto, donde una enorme mayoría de MiPyMEs están en cesación de pagos de facto (no declarada judicialmente), pensar en soluciones concursales masivas, no es posible. Se abarrotarían los tribunales (ya congestionados de causas iniciadas como consecuencia de la recesión económica previa a la pandemia), y no todos los deudores podrían recurrir a la solución concursal por la lentitud de los procesos, y los altos costos de transacción, y determinarían una crisis aún mayor.

La crisis amerita una legislación de crisis
Pero esta, no es una crisis menor. Se dice que a la fecha de redacción de este artículo, alrededor de 22 millones de estadounidenses han perdido sus empleos, y se prevé que el PBI mundial, caerá hasta casi un 5% (se habla de un crecimiento negativo de entre el 2,3% al 4,8%, según el Banco Asiático de Desarrollo), lo que implicarían pérdidas globales de entre 1,8 y 3,8 billones de Euros. A nivel regional, la CEPAL “estima una contracción de -1,8% del producto interno bruto regional, lo que podría llevar a que el desempleo en la región suba en diez puntos porcentuales. Esto llevaría a que, de un total de 620 millones de habitantes, el número de pobres en la región suba de 185 a 220 millones de personas; en tanto que las personas en pobreza extrema podrían aumentar de 67,4 a 90 millones[1]”. Estos datos, son para tener una somera idea de la magnitud de la crisis que se avecina.

Los números anteriores nos dicen también que cada país estará interesado en rescatar su propia economía, empresas y trabajadores –en el mejor de los casos- los de la región que integran (refiriéndonos a la CE). Y si, por ejemplo, el BCE decidiera emitir “Eurobonos” o “Bonos Covid-19”, enormes flujos financieros que podrían derivarse a los países emergentes, terminarán yendo a los países que ofrecen tasas interesantes y seguridad jurídica. Ello significará que no habrá tanta disponibilidad de fondos financieros a los cuales recurrir.

La salida de la crisis, necesita del Estado. Un Estado que está en cesación de pagos (¿qué es el default, sino la imposibilidad de cumplir con los compromisos exigibles con la recaudación ordinaria del Estado?) y que sólo dispone de dos grandes recursos: los tributos y la emisión de dinero. Los tributos están asfixiando a la clase media y a las MiPyMEs (recordemos que en el sistema federal, tenemos tres niveles de Estado con potestades tributarias: y una pléyade de tributos distorsivos), y la emisión genera inflación.

El Estado deberá liberar las fuerzas productivas, y permitir y estimular la exportación de toda clase de bienes, sin retenciones distorsivas, para disponer de una balanza de pagos con saldo favorable. Deberá adecuar el sistema tributario para que sea equitativo y fomente la actividad económica, y no sea un lastre más. Es una utopía, pero es la oportunidad para plantearlo. Y el sistema tributario tiene un rol fundamental en la verdadera solidaridad social y la redistribución del ingreso. No pueden admitirse los bolsones de privilegios en el impuesto a las ganancias, y deberá generalizarse para todos los agentes de la economía.

Si contará con pocos recursos, el Estado no podrá darse el lujo de malgastar. Se impone una política de austeridad fiscal que no podrá recaer ni en los sectores vulnerables (la ayuda social no sólo no podrá recortarse, sino que –dadas las proyecciones- deberá incrementarse), ni en los sectores que han estado firmes en la crisis (personal médico y de los equipos de salud, miembros de las fuerzas de seguridad y de defensa nacional, educadores de todos los niveles, y personal que atendió durante la pandemia). Entonces, deberá venir por donde todos sabemos que está el agujero negro del gasto público: los gastos de la política. Y, a la vez de hacer más racional y equitativo al régimen tributario y seguir una política de austeridad fiscal real, que no recaiga sobre la clase media y media baja, sino sobre los eternos privilegiados del sistema, deberán dictarse leyes para la salida de la crisis.

Serán necesarias leyes de emergencia que sean racionales, sensatas y no basadas en dogmatismos ideológicos.

(*) Profesor titular de la Universidad Blas Pascal.

[1] Textual de la página web de la CEPAL: https://www.cepal.org/es/comunicados/covid-19-tendra-graves-efectos-la-economia-mundial-impactara-paises-america-latina.