ESCUCHAREl problema hídrico de nuestra provincia, producto de su ubicación geográfica, donde colindan los macizos montañosos del área central y de la pampa húmeda, desveló por siempre a sus gobernantes aunque fueron pocos los que se comprometieron a hacer obras para intentar paliar tamaño problema.
Jerónimo Luis de Cabrera lo supo al elegir el lugar –siguiendo las rigurosas normas sobre ¿dónde y cómo? fundar ciudades, cuyo origen se remontaba a las disposiciones de Alfonso X el Sabio, con mucho acierto actualizadas por Carlos I– donde fundar nuestra Córdoba de la Nueva Andalucía y obró en consecuencia, pues uno de los cuales era la necesidad de contar con una suficiente oferta de agua para el consumo como para el regadío de quintas y chacras para el correcto abasto de sus habitantes. Las poblaciones aborígenes situadas río arriba siempre tendrán una posición privilegiada. A pesar de que no hay una cuantificación más o menos precisa de los aborígenes que habitaban el sector, a diferencia de quienes lo hacían dentro del ejido urbano.
Cuando los funcionarios de la corona española visitaron la joven aldea -en 1598-, eran 286. Todos desempeñaban tareas por la mita urbana para el mantenimiento de la toma y las acequias principales. Primero a cambio de carne vacuna y luego, por imperio de las ordenanzas de Alfaro, comenzaron a recibir un jornal en metálico por su desempeño en esas tareas o desempeñaban un oficio, bajo la jurisdicción de un curaca o encomendados a vecinos que no residían en la ciudad.
La boca de La Toma era una de las fuentes principales de abastecimiento hídrico. Al principio era una suerte de “trabajo público forzado”, básicamente por la acción del gobernador del Tucumán Alonso de Mercado y Villacorta –catalán de origen-, de conocida arbitrariedad en favor de los encomenderos en la explotación de los aborígenes, sobre todo los calchaquíes y de otras parcialidades diaguitas como la de los quilmes. Conviene detenerse un poco en la personalidad muy singular de Alonso de Mercado y Villacorta, quien fue primero gobernador del Tucumán, cuya jurisdicción incluía las actuales provincias de Córdoba, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero; luego ascendido a gobernador del Río de la Plata, que comprendía las actuales jurisdicciones de Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes; en las zonas dominadas por los españoles que eran una minoría de la superficie de las actuales provincias. Iniciativa tomada en 1617 por Hernando Arias de Saavedra (Hernandarias), primer gobernador nacido en el Paraguay, enemigo acérrimo del contrabando; para combatirlo mejor decidió esa división, pero su lucha a la postre fue en vano.
Puesto que un barco portugués, holandés o francés declaraba falsamente que tenía una avería y debía ser reparado en Buenos Aires -una simple aldea que batallaba por sobrevivir pero con un puerto de acceso a la navegación de ultramar- y pagaba con parte de la mercadería que llevaba en sus bodegas. Muchos comerciantes porteños hicieron muy pingües negocios, de esta manera y así nació la acumulación de capital comercial y la especulación financiera en Buenos Aires, algo que difería en forma notable de la economía del resto del futuro virreinato, basada en la ganadería –ganado ovino, bovino, caprino, caballar y la cría de mulas para atender el exigente mercado altoperuano que reclamaba cientos de miles de animales de carga-, la incipiente industria textil, la explotación de la caña de azúcar, los viñedos cuyanos y la minería extractiva -fundamentalmente oro y plata-, y una incipiente agricultura que generó conflictos entre los españoles peninsulares, poco afectos al laboreo.
¿Por qué se efectuaba esta maniobra? Para evitar el oneroso sistema de flotas y galeones que llevaba la mercadería por Portobello en el istmo de Panamá, luego se trasladaban a Lima y tras pasar por varias aduanas secas llegaban los bienes e insumos necesarios para el Alto Perú y el Tucumán. Nótese que esta maniobra también se hacía con buques que traían esclavos principalmente de Angola que en el mercado se remataban, cotizando a precio de oro.
Alonso de Mercado y Villacorta permitió estas maniobras, se supone a cambio de algo (que puede ser dinero o no), lo cual lo llevó a su destitución y a un juicio posiblemente promovido por los jesuitas, quienes fueron expulsados en 1662 de sus edificios originales con la excusa que obstaculizaban las prácticas de tiro desde la fortaleza (actual Casa de Gobierno) a una distancia más al norte; de tal juicio fue hallado al menos “permisivo” con actividades ilegales tanto de contrabando como tráfico de esclavos y exonerado del cargo. Pero, hete aquí que retoma su puesto de gobernador del Tucumán que desempeñó entre 1664 y 1670. Posteriormente presidirá la Real Audiencia de Panamá, donde murió en 1681. Antes, a instancias del Consejo de Indias y la complacencia de la Corte, le será otorgado el título de Marqués de Villacorta. Cualquier similitud con este tiempo histórico que se transita no es pura coincidencia.
(*) Periodista-Historiador.
