ESCUCHAREl empresario hizo un descargo por escrito ante el juez Claudio Bonadio en los tribunales de Comodoro Py
El empresario cordobés y propietario de Aceitera General Deheza (AGD), Roberto Urquía, declaró ayer en el juzgado de Claudio Bonadio en el marco de la causa denominada “cuadernos de las coimas”. Lo hizo mediante un escrito en el que negó la existencia de ilícitos en torno de la operatoria de Nuevo Central Argentino (NCA) y de la firma Ferrocentral.
El ex senador fue citado en enero a declarar debido a la sospecha del pago de coimas en el área de los negocios ferroviarios que regenteó entre 2003 y 2009 Ricardo Jaime, quien fue secretario de Transporte de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Según trascendió, en el escrito que el empresario presentó en Comodoro Py afirmó: «Jamás NCA o sus accionistas tuvieron información o sospecha de cualquier negociación o desvío de fondos ilícitos, los que de hecho, no existieron».
Cabe recordar que Urquía maneja la concesión del ferrocarril de carga NCA, cuyos 4.757 kilómetros de vías atraviesan las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán.
Por otro lado, Urquía afirmó que AGD no es una empresa proveedora del Estado ni titular de contratos públicos. “Es principalmente exportadora de productos de la industria oleaginosa y productora para el mercado interno de productos alimenticios”, insistió.
Después de destacar que NCA es una empresa de transporte ferroviario de carga que obtuvo su contrato de concesión durante el proceso de privatizaciones iniciado por el menemismo en 1989, afirmó que para AGD el tren de carga es “indispensable” para la logística de sus productos exportables, por ello la paticipación en el mercado ferroviario.
El empresario aseguró que por la administración de NCA no recibe subsidios del Estado y paga un canon.
Durante el gobierno anterior, NCA se asoció a Ferrovías y constituyó Ferrocentral para el desarrollo del servicio de pasajeros.
Los empresarios de la causa
Una de las causas conexas de la investigación de los cuadernos apunta a los directivos de empresas que hicieron negocios con obra pública entre los años 2003 a 2015. El origen del caso tiene su base en la información aportada como arrepentido por el financista Ernesto Clarens, quien se adjudicó el rol de recaudar el dinero pactado por coimas entre los ex funcionarios y los empresarios.
Clarens aportó listados de 71 empresas, con las sumas de dinero recibidas y el destino de los billetes. A ellos se les sumaron otros nombres aportados por José López y otros que surgieron del entrecruzamiento de datos. En enero hubo una serie de procedimientos en distintos puntos del país para recolectar información.
Bonadio también dividió en dos nuevos expedientes la investigación de las presuntas coimas pagadas por empresarios en el área de Transporte y cobradas -según hombres de negocios arrepentidos- por los ex secretarios Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.
Otra de las causas se centra en los que pagaron las supuestas coimas cobradas por Claudio Uberti cuando estaba a cargo de los corredores viales. Por este caso declaró en indagatoria Gianfranco Macri, hermano del presidente. Su padre, Franco, se encuentra imposibilitado de enfrentar un proceso penal, según determinó un peritaje.
Estos dos tramos derivados del capítulo “cuadernos” también están en pleno trámite.
