Municipalidad de Villa María debe responder por fraude laboral

La trabajadora demandante realizaba tareas de maestranza, al igual que otros agentes en su misma condición. Sin embargo, era la única a quien el municipio la obligaba a facturar como monotributista La Cámara del Trabajo de Villa María, admitió la demanda condenando por analogía a la Municipalidad de Villa María a indemnizar a la accionante bajo las normas de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), al considerar que existió fraude laboral de su parte al hacer facturar con monotributo. [privado] María del Carmen Ledesma realizaba tareas de maestranza para ese municipio y le inició demanda reclamando indemnizaciones laborales. La demandante manifestó que desarrollaba tareas idénticas para la demandada a las efectuadas por personal permanente. En oportunidad de contestar la demanda, la municipalidad demandada negó todo vínculo de naturaleza laboral con la accionante. La Sala, integrada por el vocal Osvaldo Samuel, al evaluar la prueba rendida, sostuvo que Ledesma trabajaba en tareas propias de maestranza en la administración municipal, al igual que otros empleados públicos de planta. La trabajadora se encontró compelida a emitir facturas como si se tratara de una trabajadora autónoma; sin embargo, se encontraba en relación de dependencia, bajo las órdenes de un superior dentro del municipio, relató el fallo. En tal sentido, el magistrado sostuvo: “La accionante pertenecía al colectivo de trabajadores desvirtuados peyorativamente que, mediante una simulación, se pretendía endilgar el carácter de autónomo”, y destacó: “Ha quedado acreditado que la accionante trabajaba en tareas de limpieza, lavando tazas y atendiendo pedidos, haciendo las mismas tareas que los empleados de planta” y que “Ledesma es despedida directamente mediante CD”. Bajo esa premisa el tribunal consideró que “el desdén a la preferente tutela jurisdiccional del trabajador (Aquino Isacio c/ Cargo Servicios Industriales SA s/ Accidentes CSJN 21/09/2004) se presenta tanto en la contratación, como en la ejecución, la extinción y finalmente en el proceso, donde se niega el carácter de jurídico dependiente de la trabajadora”. Posteriormente, la decisión concluyó: “Este claro fraude laboral merece reproche jurídico y nos orienta a declarar la existencia de una relación jurídico dependiente y el despido, lo que nos determina a analizar singularmente cada rubro pretendido”. Rescatando la letra de la ministro de la CSJN Elena Highton de Nolasco, el magistrado suscribió: “El art. 14 bis de la Constitución Nacional ha hecho del trabajador un sujeto de preferente tutela constitucional (Aquino Isacio c/ Cargo Servicios Industriales SA s/ Accidentes CSJN 21/9/2004), por lo que requiere la mayor y mejor protección”. En virtud lo expuesto, el fallo destacó que el artículo 2 del Código Civil y Comercial establece como pautas hermenéuticas no sólo la analogía ya mencionada, sino también el acuerdo de la ley con los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. En definitiva, el tribunal definió que “la coherencia esbozada se traduce en el eslabonamiento del ordenamiento jurídico en búsqueda de superior protección que se pueda otorgar a la persona que trabaja, máxime si no ha podido prestar tareas en los términos del trabajo decente, como lo adjetiviza y promueve la Organización Internacional”, resolviendo que “la referida protección preferente se encuentra en el artículo 245 de la LCT, por lo que declaro procedente este rubro como ha pretendido la accionante”. Autos: "Ledesma María del Carmen c/ Municipalidad de Villa María - Demanda Laboral" (Expte. Nº 445016 [/privado]

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