ESCUCHAREl titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Número 4, Alejandro Catania, dispuso el procesamiento de los principales directivos de una serie de sociedades comerciales, casas de cambio y cooperativas de servicios financieros íntimamente vinculados entre sí, en el marco de una megacausa iniciada en 2015, en la cual se investiga la existencia de un circuito financiero ilegal en plena city porteña.
Asimismo, el magistrado estableció embargos que en algunos casos superan 16 mil millones de pesos, un monto que permite dimensionar las maniobras bajo análisis.
La instrucción está a cago de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Número 6, subrogada por Germán Bincaz.
Ya se estableció que el centro de las maniobras gira en torno a Indocredit Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda, Anker SA e INC. SA, conocida por su actividad comercial como Carrefour Argentina SA.
La pesquisa comenzó en septiembre de 2014, cuando en el marco de un allanamiento dispuesto en las oficinas de Transcambio SA se detectaron recibos que documentaban el traslado de valores realizado por una conocida empresa transportadora de caudales por cuenta y orden de INC SA, el mismo día del procedimiento y por un monto total de 30 millones de pesos.
A su vez, se secuestró un recibo firmado por una persona en representación de Indocredit Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda que plasmaba la recepción de 30 millones de pesos en concepto y orden de INC el mismo día, pero provenientes de Anker SA, ubicada en el mismo edificio que Transcambio. Es decir, en un mismo día habían sido recibidas en un lugar no declarado como casa de cambio, ni sociedad de bolsa, millonarias sumas de dinero en efectivo que tenía como origen la firma INC SA y como destino, una cooperativa de crédito, consumo y vivienda.
El resultado del procedimiento dio lugar a una investigación preliminar desarrollada por el Área Operativa de Mercado de Capitales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que derivó, en junio de 2015, en la formalización de una denuncia penal, impulsada posteriormente por la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico Número 6, que el 6 de diciembre de 2018 requirió la indagatoria de varios encausados.
La investigación permitió acreditar un modus operandi que tenía como denominador común el traslado por parte de Juncadella SA de la recaudación de la cadena de supermercados hasta las oficinas de Anker SA. Ese dinero, que llegaba ya procesado -es decir, contabilizado y empaquetado- por la transportadora de caudales permanecía escaso tiempo en Anker SA, en tanto era retirado y utilizado por Indocredit para la actividad de descuento de cheques, a pesar de no contar con autorización alguna para ese giro.
Una vez que la Justicia puso en la mira a Anker SA comenzaron a participar de la operatoria otras sociedades comerciales, tales como AD Law SA y Orpil SA.
