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Fiscal se opuso a probation de supuesto abogado “coimero”

En Salta, la defensa del letrado Luciano Ciscato, procesado por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo y falsedad de instrumento público, reclamó el beneficio. El agente reclamó que el profesional vaya a juicio

En el marco de una causa conexa con la que involucra a Raúl Reynoso, ex juez federal de Orán (Salta), el fiscal Carlos Amad ratificó que se debe avanzar con el juicio oral y público en contra del abogado Luciano Ciscato, procesado por los delitos de cohecho activo y falsedad de instrumento público.
El agente confirmó su opinión en una audiencia ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
El abogado Ciscato quedó incriminado en un proceso que surgió de las investigaciones que se realizaron en torno a Reynoso, quien desde el 25 de marzo cumple una condena a 13 años de prisión por los delitos de concusión y prevaricato.

Luego de analizar las primeras pesquisas, el fiscal federal Eduardo Villalba y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, impulsaron una segunda causa en la que Reynoso, el narcotraficante Delfín Castedo y los abogados Ciscato, María Elena Esper, Ramón Valor y Arsenio Gaona (prófugo), entre otros, resultaron procesados por distintos delitos.
En el caso de Ciscato, la fiscalía lo acusó de haber participado de la confección de un acta en la que se falsificó la firma de Castedo, con la cual el ex magistrado pretendió probar que el 5 de diciembre de 2013 el narco se presentó en el Juzgado que por entonces comandaba, que quedó imputado y se negó a declarar.
En el dictamen mediante el cual rechazó la posibilidad de la aplicación de la suspensión de juicio a prueba del letrado, Villalba sostuvo que tuvo una relación con la organización criminal liderada por Reynoso y que participó de la maniobra, preacordada, de solicitar la segunda eximición de prisión y presenciar la supuesta indagatoria de Castedo.
Asimismo, agregó que se acreditó que Ciscato constituyó un domicilio falso, aportando la dirección del Colegio de Abogados salteño, en el cual no se hallaba empadronado, para evitar ser notificado. Para el representante del Ministerio Público Fiscal, se trató de un plan que tenía por objeto garantizar la libertad ambulatoria de Castedo.

Teoría
A su turno, la defensa oficial rechazó que la postura de Villalba fuera vinculante para el juez.
Resaltó la falta de antecedentes de su defendido; minimizó la relación del supuesto delito con el accionar de los otros encartados y adujo que la acusación penal prevé una escala que sería de ejecución condicional, a la vez que se refirió a la “estigmatización” en la que caería su asistido si se avanza con el debate.
También destacó las distintas herramientas de solución de conflictos del nuevo sistema acusatorio, que utilizó como un elemento para impulsar la aplicación del beneficio.
No obstante, Amad defendió el dictamen de su colega y enfatizó que el solicitante “retorció argumentos”.
Paralelamente, negó la estigmatización aludida y recordó que los fiscales, en los debates y de acuerdo con la prueba, también piden absoluciones. También precisó que Ciscato tuvo una participación decisiva en una acto procesal con el cual se benefició a un narco y postuló que el caso es grave porque se trata de “una mafia” en toda su dimensión.