ESCUCHARLa Comisión Directiva pedirá al Tribunal de Disciplina que suspenda la sanción impuesta al letrado cordobés hasta tanto ésta quede firme
La mesa de Trabajo por los Derechos Humanos presentó ayer 3.000 firmas ante el Colegio de Abogados de Córdoba en rechazo a la sanción que el Tribunal de Disciplina de Abogados de Córdoba le impuso al abogado Carlos «Chuzo» González Quintana.
Cabe recordar que el 9 de septiembre pasado la Sala 4 de dicho Tribunal le aplicó la máxima sanción al letrado cordobés por su intervención en el caso Santiago Maldonado. El cuerpo deontológico invocó el artículo 50 de la ley 5805 que regula la actividad de la abogacía en la provincia de Córdoba, bajo la figura de“falta de decoro”. De este modo, le fue inhabilitada la matrícula profesional por un plazo de seis meses, durante el cual se ve impedido de ejercer profesionalmente.
Durante el encuentro, González Quintana pidió a la entidad profesional ser acompañado por la comisión de la defensa del colegio profesional en los procesos judiciales por venir, que la entidad profesional repudie públicamente la sanción impuesta y que se arbitren los medios necesarios para que no se ejecute la sanción hasta tanto ésta quede firme.
González Quintana ya presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Disciplina pero los recursos en sede administrativa no tienen efecto suspensivo y, por este motivo, pidió la intervención del Colegio de Abogados que hoy preside Ignacio Segura.
“Si en un futuro logro revertir la sanción voy a haberla cumplido de manera anticipada y eso va en contra del mandato constitucional”, destacó el letrado en diálogo con Comercio y Justicia.
Desde el directorio del Colegio de Abogados precisaron a este medio que el letrado tendrá “un acompañamiento” y, en ese marco, harán las gestiones ante el Tribunal de Disciplina para “atemperar la medida” y evitar que tenga suspendida su matrícula mientras se tramitan los recursos correspondientes.
La denuncia
El “ Chuzo” González Quintana fue acusado, a partir de un oficio de la Fiscalía Federal de Esquel, de haber utilizado la figura de la desaparición forzada de personas con testimonios falsos para conseguir medidas cautelares en instancias internacionales y haber invocado la pertenencia a un organismo de derechos humanos al que supuestamente no pertenecía.
Con relación al segundo punto, el Tribunal de Disciplina concluyó que no existió una irregularidad porque efectivamente APDH Córdoba reconoció que González Quintana integraba el organismo en el ámbito local, incluso fue su fundador.
Pero sobre el primer punto le endilgó no haber corroborado la veracidad de los dichos del testigo que vio por última vez a Maldonado, Lucas Ariel Pilquiman, quien luego modificó sus dichos ante la Justicia. Es por este motivo que resolvió apercibir al letrado con la suspensión de la matrícula por el término de seis meses.
Cabe recordar que cuando Santiago Maldonado desapareció, el 1 de agosto de 2017, durante una represión de Gendarmería a la Pu lof Cushamen, González Quintana se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para lograr que el Estado lo busque.
