ESCUCHAREl gobernador Juan Schiaretti envió ayer a la Unicameral el proyecto de ley por el que se dispone, con carácter obligatorio, que las facturaciones que emitan los entes distribuidores o quienes fueren responsables de la facturación para el cobro de prestaciones de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, agua y saneamiento, deberán contener exclusivamente los cargos por el consumo realizado por el usuario.
El monto del cedulón se calculará “según el cuadro tarifario vigente al momento de la facturación, más los cargos por mayor facturación, más los cargos por mayor consumo o subsidios, si les resultare aplicable, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Ingresos Brutos”.
Asimismo y según se consignó, el proyecto tiene por finalidad “garantizar los derechos de los usuarios y consumidores a fin de evitar distorsiones de información y en el monto a abonar, producidas por conceptos ajenos a la prestación del servicio”.
Por este motivo, los servicios deberán ser facturados de manera independiente de cualquier otro rubro que resulte ajeno o no asociado a su estricta provisión.
El proyecto no incluye la factura de gas porque no está regulada en el ámbito provincial.
La decisión de Schiaretti va en línea con la determinación tomada por el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) que, con mayoría oficialista, resolvió tiempo atrás exigir a las prestatarias que en un plazo perentorio eliminen de la factura otros conceptos que no estuvieren directamente vinculados con la prestación propiamente dicha. Sin embargo, esa decisión chocó con la resistencia de municipios e incluso de las cooperativas eléctricas.
En el caso de las municipalidades, la de Córdoba encabezada por Ramón Mestre presentó sendas acciones judiciales contra la medida. El tema pasó a consideración del Tribunal Superior de Justicia.
En ese marco y a tenor de las múltiples quejas y dudas de los involucrados, el Ersep resolvió posponer la aplicación de la medida. Por lo demás, el proyecto busca morigerar el impacto del fuerte aumento de tarifas, particularmente en el servicio de energía eléctrica, producto de subas en el valor del megavatio dispuestas por el Gobierno nacional pero también del Valor Agregado de Distribución (VAD) que aplica la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) o las propias cooperativas.
Respecto al texto de la iniciativa que ingresó ayer, para los procedimientos de prevención y solución de conflictos se instruirá al Ersep como autoridad de aplicación, con facultades para dictar las normas complementarias necesarias para el acabado cumplimiento de lo propiciado.
El Gobierno aclaró que la norma apunta a garantizar el derecho constitucional de los usuarios y consumidores, sin perjuicio de que está garantizado el reconocimiento de las autonomías y potestades tributarias de municipios.
