ESCUCHARLa Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de Córdoba (Agepj) se pronunció ayer en contra de la pauta presupuestaria prevista por el Gobierno provincial para el año próximo, por considerarla insuficiente.
La recientemente elegida titular del gremio, Irina Santiesteban, opinó que el porcentaje del 6% planificado por el Ejecutivo para el 2009 debiera incrementarse, al menos en dos puntos porcentuales, cifra que consideró imprescindible para dotar al Poder Judicial de un buen servicio de justicia, atento a la creciente litigiosidad que enfrenta ese organismo del Estado.
En la audiencia pública que se realizó ayer en la Legislatura provincial, paso previo para la aprobación del presupuesto, Santiesteban reclamó también la incorporación de más personal en todos los escalafones que conforman la estructura de la carrera judicial.
Mientras que para el 2009 el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba pidió al Gobierno provincial la suma de 347 puestos de trabajo para cubrir cargos en el ámbito de Polícia Judicial y el Ministerio Público y otros 325 para el resto del Poder Judicial, el presupuesto consigna una cifra considerablemente menor.
Para Policía Judicial y Ministerio Público se estipula la creación de 134 cargos, en tanto que para el segundo caso prevé otros 127, lo que suma un total de 261 puestos nuevos. Con relación a este punto, la titular del gremio de judiciales advirtió que muchos de estos cargos -particularmente los destinados a Policía Judicial y al Ministerio Público- no implicarán la incorporación de personal nuevo, sino simplemente la efectivización de un gran parte de los contratados.
Asimismo, Santiesteban señaló que en el ámbito del Poder Judicial no se prevé sumar personal que acompañe la creación de los nuevos juzgados. “Está planificada la inclusión de 6 nuevos jueces de primera instancia, pero no se ha previsto quiénes acompañarán el trabajo de esos nuevos juzgados”, explicó.
Obras
La quema de los Tribunales de Corral de Bustos en diciembre de 2006 motivó que las actuaciones judiciales de esa localidad se hayan concentrado en la sede tribunalicia de la ciudad de Marcos Juárez. Esto en la práctica implica que los empleados, magistrados, abogados y ciudadanos que trabajen o realicen tareas allí deban recorrer 60 kilómetros para realizar trámites en la sede designada de manera provisoria. Dicha situación fue también motivo de cuestionamiento del gremio judicial, al indicar que no se ha previsto la asignación de ningún recurso para la construcción del nuevo edificio.
Finalmente, se planteó como irrisoria la pauta de incremento salrial fijada para los empleados públicos en el 8 por ciento. Si bien, los salarios de los judiciales se acuerdan con el TSJ, Santiesteban reconoció que el aumento de los sueldos al que pueden aspirar está intimamente relacionado con lo que reciben los empleados de la Provincia.
