ESCUCHARLa independencia funcional y la autarquía financiera serán los dos temas centrales sobre los cuales sentará postura hoy el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, en el marco de las XXI Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos que se realiza en Villa Carlos Paz.
Ambas cuestiones fueron el eje de discusión del evento que congrega a más de a 480 fiscales y defensores de todo el país. El debate genera posturas encontradas entre quienes defienden el “actual sistema” y quienes, por el contrario, propugnan un cambio que permita “fortalecer” a los Ministerios Públicos y a las Defensas argentinas.
Mientras el fiscal General de la Provincia, Darío Vezzaro, expresó abiertamente su posición de que el organismo que preside debe ser autónomo del Poder Judicial y capaz de administrar su presupuesto, desde el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, María Esther Caffure de Battistelli se pronunció en contra de cualquier modificación.
Cabe aclarar que un cambio de estas características implicaría la necesidad de reformar las Constituciones provinciales, con la envergadura que esto implica. Más allá de las diferencias y complejidades, el jefe de fiscales advirtió que lo importante es “poder abrir el debate y discutir la ubicación institucional que deben tener los Ministerios Públicos y la defensa en nuestro país”.
Reclamo
Las Jornadas de los Ministerios Públicos permitió, asimismo, que por tercera vez en el año sesionara el Consejo Federal de Política Criminal, que preside la procuradora federal de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo.
De allí surgió un reclamo para que la discusión no se limite a lo que ellos consideran cuestiones simplistas como la edad de punibilidad. En este sentido, reclamaron que se “aggiorne la legislación dejando atrás el sistema de patronato, para trabajar comprometidamente en y para el Sistema de Protección Integral”.
En ese marco, el Consejo advirtió al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional que “resulta necesario y prioritario el impulso de una reforma legislativa a nivel nacional, adecuando la ley 22278 al sistema de protección integral, respetando las facultades legislativas de las Provincias en materia procesal”.
“La Protección Integral de los niños y adolescentes en pos de garantizar su educación, su salud, su derecho a desarrollarse y crecer, es una obligación del Estado que debe ser asumida y cumplida en toda su extensión”, expresó el Consejo.
Prioridades
Además de la problemática de la niñez en Argentina, el órgano se comprometió a comenzar a trabajar en la elaboración de un protocolo de actuación para los delitos de trata de personas.
“Queremos poder instruir a los miembros del Ministerio Público sobre esta cuestión; tenemos que saber qué previsiones tomar en estos casos. No hay que olvidar que las primeras pruebas son fundamentales y muchas veces implican la posibilidad o no de poder comprobar este delito”, concluyó Falbo.
La trata fue también tema de discusión en una de las ponencias de las Jornadas, concitando gran interés entre los concurrentes al evento.
