ESCUCHAR
Víctor María Vélez, presidente de la Federación Argentina de Magistrados (FAM).
Víctor María Vélez está a punto de cumplir un año como presidente de la Federación Argentina de Magistrados (FAM), cargo para el cual fue elegido por unanimidad. Fue durante mucho tiempo representante de los jueces y funcionarios cordobeses y hace años que ejerce como magistrado en la Cámara 7ª del Crimen. A pocas semanas de que la Legislatura Unicameral postergue la equiparación salarial de los jueces cordobeses con sus pares federales, Comercio y Justicia dialogó con el magistrado.
Las nuevas tareas que asumirá la Justicia provincial en materia de narcotráfico, el per saltum y la polémica en el Consejo de la Magistratura de la Nación para designar al juez que entenderá en la causa Clarín también fueron temas que abordó Vélez con este diario.
– Después de idas y vueltas, finalmente la Legislatura de Córdoba modificó la ley de equiparación para los jueces y recién en 2015 sus sueldos quedarán equiparados con los federales. ¿Qué opinión le merece esta decisión?
– En primer lugar hay que decir que siempre se ataca el salario de los magistrados porque estamos acostumbrados a igualar hacia abajo y porque el nuestro es un sector que no es confrontativo. No obstante, si bien aceptaremos estas nuevas condiciones que nos han impuesto sin recurrir a la Justicia, hay algunas cosas que es importante recordar. La ley de equiparación salarial fue votada por un amplio sector de los legisladores, no sólo por el oficialismo, también por gran parte de la oposición y, por lo tanto, ha sido expresión de la voluntad general. Si fue votada uno deduce que es porque los legisladores sabían lo que hacían y porque la provincia podía afrontar esa equiparación.
En segundo lugar, hay que recordar que el tema de la equiparación no fue un invento de los magistrados cordobeses. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) lo planteó hace años y advirtió en una resolución que, para evitar distorsiones entre lo que cobran los magistrados de distintas provincias y diferentes fueros, había que fijar un parámetro, una equiparación que no fuera de 100 por ciento pero que achicara las brechas, siempre siguiendo como guía lo que cada provincia pudiera pagar. El problema es que cuando uno les pregunta a los gobernadores, éstos siempre aducen que no tienen dinero para el sueldo de los jueces ni tampoco presupuesto suficiente para que funcione correctamente el Poder Judicial.
También hay que decir que esta equiparación tan cuestionada no es de 100 por ciento, ni siquiera llega a 90 por ciento, porque en términos reales se han fijado topes. La diferencia de salarios con los magistrados federales es mucha, estamos haciendo igual tarea y la remuneración es inferior. Esto se agrava si tenemos en cuenta que ahora se sumará más trabajo porque los casos de drogas serán investigados por la justicia provincial. Entonces, cobraremos menos y haremos más tareas. Pese a todo, lo vamos a hacer bien y no creo que ningún juez vaya a llevar a la Justicia esta cuestión.
– Hizo referencia a la competencia que se le ha sumado a la Justicia provincial en materia de drogas. ¿Cree que el Poder Judicial de Córdoba contará con los recursos suficientes para la persecución de estos delitos?
– Sin dudas, en el presupuesto del año próximo el Ejecutivo debe tener en cuenta esta cuestión. La persecución de los delitos del narcotráfico no pueden resolverse con mero voluntarismo. Se necesita infraestructura, se necesitarán recursos. En cuanto a la capacitación, el Poder Judicial ya se está llevando adelante cursos que han incluido a todos los operadores judiciales. No obstante, y más allá de todos los contratiempos que puedan surgir, estoy seguro de que la Justicia provincial hará una buena tarea porque -fundamentalmente- tiene vocación para hacerlo.
– Lo llevo a nivel nacional. En Diputados se está analizando la reglamentación del per saltum, que ya obtuvo sanción en el Senado. ¿Qué opina sobre esta figura?
– A mi entender tiene un aspecto positivo y otro negativo. El positivo es que permite resolver una cuestión de fondo de una manera mucho más rápida. Lo negativo es que se afecta el principio de la doble instancia y se vulnera la garantía de los ciudadanos de poder recurrir las sentencias judiciales. Lo que sí creo es que si esta figura se piensa reglamentar sólo para un caso particular no es una buena señal.
-¿Qué análisis hace sobre los últimos hechos acaecidos en el Consejo de la Magistratura de la Nación y la designación del juez que debe resolver en la causa Clarín?
– Sin dudas es un conflicto serio. Hay que poner una cuota de racionalidad a todo esto, las cosas deben resolverse cumpliendo la ley.
