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Por Miguel Cavatorta *
El término competitividad ha estado en las últimas semanas en el centro del debate entre representantes del Gobierno nacional y del ámbito empresarial, por lo que proponemos aportar aquí una mirada.
Por diversos motivos, la competitividad ha adquirido un interés central para todos los actores de la sociedad, tanto en países avanzados como en aquellos en desarrollo.
Creemos que una concepción errónea de competitividad es la que sólo la define como la participación de un país en los mercados mundiales; ésta es una visión que muchas veces se usa para justificar exageradas intervenciones estatales en forma de subsidios, límites a los salarios, precios a los insumos o devaluación monetaria.
Es común, además, escuchar que la caída del salario nos hacen más competitivos, cuando en realidad mantener salarios bajos revela falta de competitividad por la forma como éstos inciden en la falta de bienestar de los habitantes de una región.
Sabemos también que devaluar resulta en menores ingresos y ello baja el estandar de vida.
Competitividad es un concepto sistémico y puede definirse como el conjunto de instituciones, políticas y factores que mejoran la productividad y el bienestar general.
Se conjugan así elementos macroeconómicos, como marcos legales, políticas fiscal y monetaria, instituciones sociales e infraestructura, con otros factores macroeconómicos vinculados con el modo de creación de riqueza y la productividad en la utilización de los recursos naturales, humanos y de capital a la hora de producir bienes y servicios.
Las condiciones generales que afectan la productividad tienden a estar bajo el control del Estado, mientras que los otros elementos que motorizan la productividad son el resultado de intereses del gobierno, el sistema de educación superior y el sector privado.
La evidencia empírica y la teoría indican que son múltiples las cuestiones que afectan la competitividad. Lo que sí está claro es que las empresas tienen un rol excluyente a la hora de crear riqueza.
Frente a este abanico, una mirada interesante que compartimos y ponemos en común es la desarrollada en el reciente Congreso de Clusters realizado en Monterrey (México) (www.clac2012.org), en donde, sobre la base de los desarrollos conceptuales de Michael Porter, se afirma que la productividad depende mayoritariamente de los factores macroeconómicos y que la productividad de un país depende de sus empresas y del modo como se vinculan.
Desde esta perspectiva, los aspectos que inciden en la productividad son:
en primer término, las decisiones que se toman en el ámbito interno de las empresas que inciden en sus capacidades, su efectividad operativa, la innovación en los modos de producción, su inteligencia estratégica y el nivel de complejidad y de sofisticación para competir.
En segundo lugar, un ambiente de negocios de calidad, dado por las condiciones de los factores de producción, entre los que se destaca el nivel de educación general y técnico de la población, la infraestructura en ciencia y tecnología para la innovación productiva, el clima de confianza, los incentivos para invertir, la protección de la propiedad intelectual, la accesibilidad al mercado de capitales, la infraestructura física y de comunicaciones y la presencia de algún tipo de demanda en la cadena de valor que exija seguridad, calidad, tecnología o estándares internacionales.
Y en tercer lugar, la presencia de desarrollos de asociatividad empresarial, clusters, consorcios de cooperación, algún tipo de desarrollo institucional que pueda intermediar entre la sofisticación para competir y el clima de negocios para poder capitalizar las externalidades y la complementariedad que se produce entre ellos.
La productividad es lo que permite mejorar eficacia y eficiencia, clarificar la visión, mejorar la rentabilidad, hacer negocios sustentables, pagar mejores salarios y reforzar la moneda.
La productividad es la base de la competitividad y es muy importante que esté en la consideración de las empresas y del gobierno. Debería estar en la mira y ser temas de agenda para impulsar estrategias de colaboración y de articulación público/privada que nos permitan crecer de un modo sostenible, equitativo, inclusivo y sustentable.
* Consorcio Empresas de Servicios (Conseser)
