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Marcelo Capello / Presidente del Ieral de Fundación Mediterránea
Existen producciones regionales afectadas en mayor medida por la marcha de las variables macroeconómicas. Y la situación fiscal empeora en todo el sector público, pero el Gobierno nacional se reservó grados diferenciales de libertad.
El tipo de cambio real peso–dólar en Argentina ya se ubica en los mismos niveles de diciembre de 2001. Un tipo de cambio real bajo beneficia en mayor medida a la producción de bienes no transables, que se ubican preferentemente en las grandes urbes, y desalienta la producción de bienes transables, mayoritariamente ubicados en el interior del país. La inflación en dólares derivada del modelo de excesiva y permanente expansión monetaria y fiscal afectó la competitividad en la producción de exportables y de los que compiten con las importaciones. Para estos últimos se intentó compensar imponiendo trabas a las importaciones, pero ello desprotege a los productores de exportables, especialmente aquellos que no han resultado tan beneficiados por los buenos precios internacionales (frutas, aceite de oliva, vinos, entre muchos otros).
¿Cuál es el colmo de las producciones regionales? El hecho de que, además, de haber sido perjudicadas por la pérdida de competitividad que generan las características del modelo y la posterior implementación de trabas a las importaciones, que aumentaron adicionalmente sus costos, se ven ahora también afectadas negativamente por las trabas a las exportaciones que nos imponen otros países (Brasil, por ejemplo, en frutas) como represalia a la estrategia proteccionista de Argentina.
El colmo fiscal de las provincias
Desde el año 1991, las provincias aportan masivamente para financiar la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), por medio de las deducciones a la coparticipación federal que tienen ese destino. Sólo en 2011, el conjunto de provincias aportó alrededor de 42 mil millones de pesos para financiar las jubilaciones nacionales. Tales detracciones siguen presentes después de la estatización en 2008 de los fondos de pensión que administraban las AFJP. Aún así, el poder central no cumple con los envíos que Anses debería realizar a algunas provincias para financiar el déficit en sus sistemas de pensiones. Por caso, la provincia de Córdoba aportó alrededor de 3.500 millones de pesos a Anses en 2011, pero no recibió de vuelta los $1.040 millones que -según convenio suscripto- debían ingresar a la Caja de Jubilaciones local. Algo similar ocurre con Santa Fe. Como agravante para la discusión política Nación-Provincias, ahora la Anses financiará viviendas con sus fondos ahorrados, parte de ellos aportados por las provincias vía las mencionadas detracciones.
Ante la desaceleración económica, una buena cantidad de provincias y municipios se hallan con problemas fiscales crecientes. Ante la muy escasa disponibilidad de ahorros acumulados en años de vacas gordas, han recurrido a dos instrumentos desaconsejables para la actividad económica local: subir impuestos y/o acrecentar sus deudas flotantes, complicando las cadenas de pago a proveedores y contratistas de obras, propagando los inconvenientes aguas arriba y abajo y hacia otros sectores económicos.
El monto de servicios a pagar por las jurisdicciones provinciales en el año que corre no resulta muy diferente al afrontado el año previo, en torno a $16 mil millones. Los inconvenientes financieros derivan, en cambio, de estas otras dos situaciones: por un lado, el hecho de que el déficit primario consolidado en provincias muy probablemente resulte mayor en 2012 ($15 mil millones) que en 2011 ($8 mil millones); por el otro, por cuanto en 2012 se visualizan menores posibilidades de financiamiento para provincias que en años recientes, ya sea porque los propios problemas fiscales del poder central no dejan mucho margen para las ayudas al interior, como por el menor acceso al financiamiento voluntario de que disponen las provincias, agravado tras los acontecimientos en torno a YPF y la posterior suba del riesgo país.
En materia fiscal, también existe un “colmo” para las provincias: como reacción a los problemas fiscales y comerciales, el Gobierno nacional ha recurrido a ampliar sus posibilidades de financiamiento por medio del Banco Central. Esta posibilidad más -probablemente- generará mayor inflación, que complica fiscalmente más a las provincias, que gastan mayores porcentajes que la Nación en salarios, y por cuanto no tienen acceso a la emisión directa de dinero por medio del Central. El riesgo es que ante las dificultades -y en ausencia de financiamiento voluntario- recurran a su propia generación de cuasidinero, como ocurrió a comienzos de la década pasada.
