ESCUCHAREl constitucionalista Félix Loñ consideró que la Resolución 125 de retenciones móviles “está herida de muerte”.
En ese sentido, advirtió que en caso de que el Gobierno nacional insista en su vigencia, podría enfrentar una avalancha de juicios por la restitución del excedente del 35 por ciento existente previo a la puesta en marcha de la polémica normativa, siempre en el escenario de que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia y que el máximo tribunal resuelva su inconstitucionalidad, tal como Loñ entiende que debería ocurrir.
A horas de concluida la histórica votación en el Senado, donde el vicepresidente Julio Cobos debió hacer uso de su voto para desempatar y a la postre rechazar la Resolución 125 y modificatorias, Loñ habló con Comercio y Justicia sobre el escenario futuro y el momento clave para la presidenta Cristina Fernández.
– ¿Qué situación se plantea a partir del rechazo del proyecto oficial en el Senado?
– De acuerdo con la Constitución nacional, el rechazo en general del proyecto con media sanción de Diputados, desactiva el tratamiento del tema al menos por este año. La Constitución es clara: el Gobierno no podrá insistir con ese proyecto. Están las puertas cerradas para la 125.
– Pero no queda desactivada.
– Bueno, en principio no, aunque diríamos que está herida de muerte. Esta Resolución tiene un vicio de origen; por eso la Presidenta envía el proyecto al Congreso para su legitimación por vía legal. Pero ahora ha quedado absolutamente debilitada.
– ¿Qué debería hacer entonces el Gobierno?
– Creo que la Presidenta debiera desactivar de inmediato su vigencia. Ya sea a través de la suspensión o directamente de su derogación.
Acá hay un tema mucho más amplio. El Gobierno nacional debe encarar una solución de fondo para salir de esta crisis. Creo que lo ocurrido en el Senado es el punto clave, el punto de inflexión no sólo vinculado a la vigencia o no de una Resolución tan cuestionada. Acá hubo un proceso de cuatro meses con marchas, con la gente movilizada, que iba más allá del cuestionamiento original para una norma.
Es el momento para encarar una gran convocatoria, una política de consensos que termine con este estilo de conducción autoritaria. Me parece que esta creciente movilización ha sido por eso y creo que la Presidenta debería tomar nota de ello y avanzar en un diálogo abierto, no sólo con los dirigentes agropecuarios.
– ¿De todas formas, en la práctica y hasta tanto no se declare la supuesta inconstitucionalidad, el Gobierno podría insistir en la vigencia de la 125?
– Sí, en realidad eso es posible y de hecho ocurrió hasta ahora amparada en una norma inconstitucional que delega potestades de legislar en materia tributaria en el Ejecutivo. Pero esa alternativa está reñida con la Constitución y es cuestión de tiempo que se termine desactivando.
– ¿Y de continuar vigente y el Gobierno insiste con fijar impuestos desde el Ejecutivo?
– Bueno, en ese caso me parece que el Gobierno deberá afrontar una catarata de juicios en contra de productores que plantearán que se les restituya el excedente por encima del 35 por ciento de retenciones vigente hasta marzo pasado.
Es que el Gobierno sabe que el criterio de la Corte es contrario a su post
