El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, negó la posibilidad de una reestatización de Aerolíneas Argentinas, aunque aseguró que el Gobierno quiere dar “un corte definitivo” a la crisis por la que atraviesa y ratificó que la deuda es de “900 millones” de dólares.
El funcionario pidió también esperar la resolución que la Justicia dará a conocer hoy y garantizó que el Gobierno hará “un programa de recuperación” de la línea aérea.
“Queremos garantizar la continuidad del servicio de Aerolíneas y de Austral”, afirmó Jaime, al tiempo que enfatizó que el Estado va “a ir en defensa de los trabajadores y de los usuarios”.
El Gobierno pidió la intervención judicial para hacer un salvataje de la empresa, de manera de garantizar el funcionamiento de la aerolínea que actualmente es controlada por el Grupo Marsans.
El juez subrogante, Jorge Sicoli, pidió informes sobre el estado actual de Aerolíneas, previo a la audiencia que tendrá lugar hoy a las 10 con ambas partes.
Sicoli requirió al síndico del concurso que interviene en la causa que informe “sobre el estado de cumplimiento de la propuesta con expresión de los montos cancelados, refiriendo también a su porcentual y los créditos pendientes de su cancelación”.
Con esta medida, el juez quiere saber cuál es la situación económica y financiera de la empresa, antes de la audiencia a la que convocó al representante legal de la concursada, a la Secretaría de Transporte, a la Sindicatura Plural, al Comité de Acreedores y a los representante legales de la Asociación de Personal Aeronáutico, Asociación Argentina de Aeronavegantes y de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas.
Al respecto, Jaime aseguró que el Gobierno “es respetuoso de las instancias judiciales”, pero garantizó que se le quiere dar “un corte definitivo” a esta crisis que mantiene “la línea de bandera”.
Respecto de la deuda de la compañía, el secretario de Transporte ratificó que es de 900 millones de dólares, de los cuales 240 millones son exigibles.
También aclaró que si el Estado no hubiera pagado los sueldos la semana pasada, “lo exigible hoy serían los 900 millones, porque (la compañía) no estaría volando”.
En tanto, fuentes del grupo español Marsans informaron que ya se tomó la decisión de salir de la compañía y que se negocia con el Gobierno argentino.
“La decisión de salir está tomada y ahora se busca una salida pactada”, dijeron, limitándose a añadir que ahora se está “en una fase de negociación”.