ESCUCHARLa escasez de datos sobre la cantidad de niños que se encuentran internados en instituciones del Estado es una realidad que afecta a nuestro país desde hace años y una preocupación permanente de quienes trabajan con esta problemática.
Para subsanar este conflicto, desde el año pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) comenzó a trabajar en una “base general de datos de niñas, niños y adolescentes con intervención judicial”, que formalmente quedará inaugurada mañana, según informó el máximo organismo judicial.
Comercio y Justicia pidió a la socióloga Alcira Daroqui, especialista en problemáticas sociales infanto-juveniles, que trace un panorama sobre esta cuestión.
– ¿Qué opinión le merece esta decisión que ha tomado la Corte?
– Hace mucho tiempo que vengo repitiendo que necesitamos saber cuántas personas tenemos privadas de su libertad. Lo primero que hay que decir es que en Argentina hace mucho que no sabemos la cantidad de personas que hay efectivamente detenidas. Acá el problema no es exclusivamente de los menores en conflicto con la ley penal. La Dirección de Política Criminal de la Nación, encargada de relevar estadísticamente estos datos, no tiene esa información. Esto ocurre, por ejemplo, porque el servicio penitenciario de Mendoza no les envía esos datos, como tampoco lo hacen otras provincias, como Córdoba. Sobre la cuestión puntual de los menores de 16 años que hoy están detenidos, creo que es una decisión muy saludable contar con una base de datos. De cualquier manera, yo tomaría algunos recaudos.
– ¿Cuáles son esos recaudos?
– Las fuentes de información. Seguramente los organismos oficiales enviarán esos datos, pero habrá que ver qué ocurre con los otros organismos. Tenemos que tener en cuenta que hay jóvenes institucionalizados en clínicas psiquiátricas o unidades terapéuticas, de rehabilitación de drogas, por ejemplo. Ahí también es necesario relevar. Lo importante es relevar, pero también ver cómo se va a realizar ese relevamiento.
– ¿Por qué parece tan difícil conseguir esta información?
– Porque hay una larga tradición de no informar, simplemente porque no hay obligatoriedad de informar. Pero hay que decir otra cosa. Acá el problema más grave no son los chicos en conflicto con la ley penal, sino todo el resto de menores que están institucionalizados por otras cuestiones.
– Los niños denominados en riesgo social
– Claro, ahí está el verdadero problema. El relevamiento de esos jóvenes es difícil porque es una población muy dinámica, entonces no es sencillo su relevamiento. Un ejemplo muy claro fue lo que sucedió con la Fundación “Felices los Niños”, del padre Grassi. Resulta que se encontraron allí más de 1.500 niños que el Estado no tenía idea que estaban allí, porque muchos de ellos no habían sido alojados bajo la órbita de un juzgado de Menores. El otro problema que hace difícil el relevamiento de estos jóvenes es lo que podríamos denominar un proceso de “oenegización” que comenzó con el neoliberalismo. Yo no cuestiono en sí mismo este proceso. Que el Estado delegue alguna de sus funciones en las ONG no está mal, pero una cosa es la de
