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El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) elaboró un compendio de los temas para mejorar una discusión clave en el país: el debate electoral
“Sr/Sra presidente/a: el descrédito público en la Justicia es grande: sólo 50,5% de la población dice poseer confianza en el sistema judicial. La falta de independencia de algunos jueces, la escasa transparencia en el sistema de nombramiento, remoción y sanción de los magistrados y la ausencia de rendición de cuentas hacia la sociedad contribuyen a empeorar la percepción sobre la Justicia (…) usted debe seguir insistiendo en la reforma judicial con la legitimidad que le brinda su origen popular, pero sabiendo que los avances serán lentos”.
Con un diagnóstico y una propuesta, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) elaboró una agenda de temas judiciales para el próximo presidente, en la que destacó la necesidad de reformar “la normativa y la estructura orgánica de la Justicia Electoral para mejorar la administración y el control de los procesos electorales”.
En pleno año electoral y a días de las elecciones primarias nacionales, Sandra Elena, la directora del Programa de Justicia de Cippec, dio precisiones a Comercio y Justicia sobre este informe que hoy inicia la ronda de presentaciones ante actores políticos con la entrega de la agenda en mano, en este caso, con la diputada oficialista Diana Conti.
“La Justicia Electoral en la Argentina tiene deficiencias que deben ser modificadas para fortalecer y asegurar una mayor calidad y eficacia en el ejercicio de su rol de control y fiscalización de los procesos electorales. La Justicia Electoral tiene un doble desafío: por un lado, reorganizar su estructura para mejorar la gestión en la administración de los procesos electorales; y, por el otro, efectuar modificaciones tendientes a mejorar sustantivamente su función de control y fiscalización.
La estructura híbrida con la que cuenta hace que bajo su órbita tenga facultades administrativas y jurisdiccionales. El futuro presidente debería promover un debate abierto e informado en el Congreso de la Nación, con participación de los distintos organismos vinculados con la administración electoral, sobre los límites deseables para las funciones administrativas en vistas de lograr un funcionamiento más eficaz”, señalan en Cippec.
Propuestas
Asimismo, la organización sin fines de lucro que fue creada con el objetivo de mejorar las políticas públicas, incluyó en la agenda una serie de propuestas que los candidatos a gobernar Argentina deberían considerar. Sobre la justicia electoral específicamente recomiendan “fomentar la actividad del Ministerio Público Fiscal en estos procesos por medio de la creación de fiscalías especializadas en materia electoral” y agregan: “Finalmente, creemos que debería ampliarse a otras fases del proceso electoral, como el registro de candidaturas, el valioso paso dado en el registro de electores por medio de la incorporación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación”.
Con respecto al papel en el control y fiscalización, sugieren que la Justicia Electoral cuente con herramientas sólidas que le permitan agilizar los procedimientos judiciales de control patrimonial de los partidos políticos y de las campañas electorales. “Sugerimos el establecimiento de plazos más rigurosos, la mejora de la rendición de cuentas de los partidos políticos y la participación de los auditores contables de la Cámara Nacional Electoral, los fiscales y los terceros interesados”, destaca Elena.
Finalmente, Cippec plantea al próximo primer mandatario la viabilidad de las modificaciones necesarias. “Las reformas en el sector justicia suelen ser más lentas y complejas que las del sector público en general. La resistencia al cambio de los operadores judiciales dificulta la introducción de reformas que en otros ámbitos públicos se llevan a cabo más fácilmente. Sin embargo, la voluntad política, la identificación de líderes de la reforma y una buena estrategia de comunicación pueden superar estos obstáculos. Los actores políticos, jueces, fiscales y defensores suelen actuar corporativamente en defensa de intereses sectoriales y son poco propensos a los cambios. No obstante, también es cierto que existen muchos operadores de la Justicia jóvenes y con vocación de servicio, que podrían convertirse en los líderes del cambio”.
