ESCUCHARLa Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, encabezada por su presidente, el Dr. Abel G. Sánchez Torres, junto a la vicepresidenta, Dra. Graciela Montesi, y el juez de Cámara, Dr. Eduardo Ávalos, presidió una audiencia de conciliación clave en la tercera y última etapa de un proceso que lleva casi tres décadas: los casos relacionados con las explosiones ocurridas en Río Tercero en 1995. En dicha instancia, se logró alcanzar un acuerdo entre las partes involucradas, marcando un avance fundamental para las víctimas y sus familias.
El proceso judicial, que afecta entre 8.000 y 10.000 damnificados, ha atravesado diversas etapas y dificultades a lo largo de los años. En 2015, se sancionó la Ley 27.179, cuyo propósito era el resarcimiento de las víctimas de las explosiones que aún mantenían procesos judiciales pendientes. Sin embargo, la norma no fue reglamentada hasta el año 2018, lo que retrasó aún más la posibilidad de que las víctimas pudieran recibir las indemnizaciones correspondientes.
A pesar de la sanción de la ley y su posterior reglamentación, hasta la fecha, las víctimas no habían percibido los montos indemnizatorios establecidos, lo que originó que los procesos judiciales continuaran en curso, generando diversas complicaciones y dilatando los tiempos de justicia. En este contexto, se dictaron varios decretos destinados a regular las formas y modalidades de cumplimiento, sin resultados definitivos.
Ante esta situación, y con el objetivo de evitar un mayor dispendio jurisdiccional y resolver el prolongado sufrimiento de las víctimas, el Dr. Sánchez Torres convocó a una serie de audiencias de conciliación entre los representantes legales de los actores y del Estado, específicamente del Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa. La primera audiencia tuvo lugar en abril de 2024, seguida por una segunda en julio del mismo año, y finalmente la tercera, celebrada en octubre.
El acuerdo alcanzado en esta última audiencia es considerado un hito por los miembros de la Cámara Federal de Apelaciones, ya que permitirá destrabar los obstáculos que impedían el cobro de las indemnizaciones por parte de las víctimas. Se espera que este convenio no solo ponga fin a miles de procesos judiciales, sino que además permita que las víctimas de las explosiones, a casi 30 años del trágico suceso, reciban finalmente el resarcimiento económico que les corresponde.
Las explosiones de Río Tercero, ocurridas en noviembre de 1995, afectaron gravemente a la ciudad, dejando muertos, heridos y una comunidad devastada. Desde entonces, las víctimas han luchado durante años para obtener justicia y reparación por los daños sufridos. El acuerdo alcanzado en esta instancia representa un avance significativo, cerrando un capítulo doloroso de la historia argentina y brindando un alivio esperado durante casi tres décadas.
Con este pacto, se espera que en los próximos meses comiencen a efectivizarse los pagos de las indemnizaciones correspondientes, lo que pondrá fin a un largo y angustiante proceso legal para las miles de personas afectadas por las explosiones en Río Tercero. La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba destacó la importancia de este acuerdo, calificándolo como un logro tanto para las víctimas como para el sistema judicial, que finalmente podrá dar cierre a una de las causas más numerosas y prolongadas en la historia judicial del país.
