ESCUCHARLa entidad crediticia lanzó nuevas herramientas para unificar y facilitar el cálculo de las tasas de interés en litigios judiciales. El camarista cordobés Federico Ossola explicó a Comercio y Justicia las implicancias de esta medida, destacando su relación con la inflación y los efectos en juicios laborales. Advirtió sobre posibles riesgos si las tasas fijadas resultan inferiores a la inflación
Por Silvina Bazterrechea – [email protected]
A mediados de septiembre se conocía la noticia de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) implementó una serie de herramientas para facilitar el cálculo de la tasa de interés destinada al uso judicial, incluyendo una calculadora en su sitio web. Este avance responde a un reclamo de aseguradoras y empresas, quienes cuestionaban la falta de claridad en los índices aplicados en juicios laborales que, debido a su duración, podían multiplicar considerablemente los montos adeudados.
En este contexto, Comercio y Justicia consultó al camarista de Córdoba Federico Ossola para conocer las implicancias de esta medida en el trabajo judicial y cómo impactará en la determinación de los intereses.
El magistrado explicó que la creciente inflación y las divergencias entre la Corte Suprema y las Cámaras Laborales nacionales en torno a las tasas de interés para créditos laborales fueron los principales factores que impulsaron esta actualización. “La inflación de estos últimos dos años y las idas y vueltas entre la Corte y las Cámaras Laborales Nacionales han sido el disparador de esta novedad, luego de casi 9 años de silencio del BCRA en relación a los intereses moratorios”, señaló.
Ossola recordó que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, vigente desde 2015, introdujo un cambio fundamental en la determinación de la tasa de interés moratorio. Mientras que antes los jueces podían fijar esta tasa en ausencia de un acuerdo entre las partes, el artículo 768 establece que las tasas deben ser fijadas según las reglamentaciones del BCRA.
“Esto generó una fuerte discusión. Algunos, como yo, sosteníamos que la ley era clara y solo restaba que el BCRA emitiera la reglamentación, mientras que otros defendían que los jueces conservaban la facultad de fijar intereses“, explicó el camarista. Sin embargo, añadió que, en la práctica, los jueces continuaron aplicando sus propios criterios hasta la reciente intervención del Banco Central.
¿Cambia algo con esta medida del BCRA?
“Todo cambia en esta materia”, afirmó Ossola. A partir del 18 de septiembre de 2024, los jueces estarán obligados a aplicar únicamente la tasa definida por el BCRA para el inciso “c” del artículo 768. “Ni Serén ni cualquier criterio judicial ahora son aplicables para la fijación de las tasas de interés moratorio”, subrayó el magistrado
Ossola aseguró que le parece un instrumento válido y que no ve mal que se fije unificadamente una tasa de interés moratorio “general”. Sin embargo, aclaró que el problema se presentará si, de aquí en adelante, la tasa que se ha dispuesto deviene negativa (inferior a la inflación). “Hice los números, y es lo que ha sucedido desde 2015 (la entrada en vigencia del Código) y hoy: la tasa pasiva promedio (híper móvil, por cierto, y siempre intervenida) ha sido casi diez veces inferior a la inflación”.
“Hoy existe una fuerte tendencia a la baja de la inflación, por lo cual espero que la tasa pasiva promedio sea suficiente para cumplir su propósito. Pero si llegara a ser negativa, la única vía para evitar su aplicación sería declarar la inconstitucionalidad de la norma“, advirtió.
Limitaciones de la nueva normativa
Finalmente, el camarista aclaró que esta nueva herramienta del BCRA no es aplicable a todos los créditos, sino sólo a aquellos que incluyan tasas con “escoria inflacionaria”, como los créditos laborales. “Si se trata de una obligación de valor o si se ha declarado inconstitucional la prohibición de indexar, deberá aplicarse una tasa pura, sin escorias inflacionarias”, puntualizó.
Con la implementación de estas herramientas, el BCRA busca simplificar y unificar los cálculos de los intereses judiciales, pero el impacto de esta medida dependerá de cómo se comporte la inflación en los próximos años.
