ESCUCHARDurante el día número cien del conflicto agropecuario, donde los legisladores comenzaron a preparar el debate para la semana queviene, varios datos de la política dominaron la escena: mientras los productores comenzaron a diseñar el cronograma de trabajo con los legisladores, el Gobierno nacional, Cobos mediante, convocó a los gobernadores a reunirse para intercambiar pareceres sobre el tema. Por otra parte, el Gobierno Nacional dio una clara señal de la voluntad de abrir el debate, yendo más allá del proyecto del Ejecutivo. Otro elemento fue una clara señal del campo en el sentido de levantar los bloqueos en las rutas (ayer quedaban los más rebeldes, donde los autoconvocados controlaban la situación), no obstante, los cruces verbales estuvieron lejos de desescalarse.
Desde el sector rural se sostuvo: "Vamos por todo", "Hay que disolver el Congreso", "Les enseñaremos a legislar" (Alfredo De Angeli y Ricardo Buryaile, vicepresidente de CRA). Estos dichos no sólo fueron cuestionados desde el Gobierno, sino desde el propio sector agropecuario.
El titular de la bancada oficialista de diputados nacionales, Agustín Rossi, garantizó que el proyecto oficial de retenciones móviles tendrá "un debate amplio" en el Congreso y aclaró que "se pueden agregar, suprimir o modificar los artículos".
A su turno, Felipe Solá, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, opinó que el Ejecutivo "nos coloca en una situación compleja", ya que "hay una cantidad de posiciones intermedias entre nosotros (los diputados oficialistas)", al tiempo que descató que busca "conciliar con el sector agropecuario".
Por su parte, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, dijo que el Gobierno envió el proyecto de las retenciones agrarias "para que se debata" y calificó de "nazis" a aquellos ruralistas que amenazaron con escrachar a los legisladores que voten a favor de la norma enviada por el Poder Ejecutivo.
Fernández desmintió que se estudie gravar “los ahorros”
El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, desmintió en forma terminante que se esté estudiando la posibilidad de gravar la renta financiera, rumor que provocó inquietud entre los financistas, aunque no se trasladó a las cotizaciones de ayer.
“El Gobierno no está estudiando nada de eso. Es un delirio”, aseguró el funcionario y confirmó que “no hay un proyecto dando vueltas”.
Al efectuar aclaraciones sobre dichos suyos en una entrevista anterior, indicó que le preguntaron si gravar la renta financiera era un tema pendiente, y constestó: “tal vez, ése y otros”.
Por este motivo, no descartó que sea un tema a debatir en un futuro.
“Habrá que ver el momento y las condiciones. Nadie está debatiendo este tema ahora”, agregó.
Un impuesto de este tipo debería alcanzar la compra venta de acciones, bonos, títulos públicos y hasta depósitos a plazo fijo de sumas importantes.
Asimismo, podrían incluirse los fideicomisos que canalizan los grandes pools de siembra.
Según algunas estimaciones, con ese tributo, el Estado llevaría a sus arcas unos 1.000 millones de pesos al año.
El jefe de Gabinete insistió en afirmar que la administración actual no piensa tocar “el ahorro” de los ciudadanos con la aplicación del impuesto a las Ganancias a la renta financiera.
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