ESCUCHARLa Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) presentó su informe de 2023 sobre las 1.941 denuncias recibidas en línea telefónica gratuita 145.
Entre otros aspectos, advirtió que en últimos años la tendencia fue una evolución de las formas de explotación sexual “desde los casos tradicionales en prostíbulos a nuevas modalidades en entornos digitales”.
El documento precisó que, en función de las denuncias, suman 859 las posibles víctimas, con los casos de explotación sexual a la cabeza (846), seguidos por la explotación laboral (468), la posible captación u oferta laboral engañosa (180) y la desaparición de personas (135). El Listado continúa con las denuncias por privación de la libertad (66), pornografía infantil (23) y posible venta de bebés y niños (21). Luego se ubican las denuncias por grooming (19), abuso sexual (18), publicidad de oferta sexual (13) y traslado (13). En tanto, reportó que otras 139 denuncias fueron catalogadas como correspondientes a “otros delitos”.
Nuevas formas
La PROTEX resaltó que la explotación sexual es el tipo de delito denunciado en la mayor cantidad de casos desde 2015 “de manera estable”.
Señaló que el proceso de “digitalización” o “deslocalización” data de varios años y que el avance de las tecnologías que se aceleró a partir de la pandemia permitió que la trata de personas y la explotación sexual hallaran “nuevas formas” a través de medios digitales. “El cambio de la dinámica del lugar de explotación se da en el año 2022, cuando se ubica en primer lugar la explotación en domicilio particular, tendencia que continúa en el año de estudio del presente documento”, sostuvo.
Al respecto, detalló que durante 2023 se contabilizaron 427 denuncias relativas a domicilios particulares y 240 que refieren a existencia de prostíbulos o “whiskerías”.
“Entendemos prioritario comprender cómo se desarrolla la explotación en estos nuevos espacios digitales, que funcionan de distintos modos y proponen contenidos diferenciales (streamings, redes sociales y plataformas con webcam o grabaciones personalizadas) y, a su vez, analizar los factores que han promovido esa migración de la explotación a entornos digitales”, resaltó la PROTEX.
Bajo esa premisa, apuntó a la importancia de planificar estrategias o políticas públicas en la materia, por la mayor vulnerabilidad ante diferentes formas de violencia que trae aparejada la “deslocalización” o “digitalización” como ámbito de explotación. “El anonimato de los ‘consumidores’ facilita las situaciones de acoso, la violencia psicológica y el uso indebido de las imágenes de las mujeres”, puntualizó.
Redes sociales
A fines de agosto, el titular del Juzgado Federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, procesó con prisión preventiva a tres hombres por trata con fines de explotación sexual y ordenó trabar un embargo sobre sus bienes hasta alcanzar la suma de 10 millones de pesos para dos –uno de ellos, abogado- como coautores, y de tres millones para el tercero, como partícipe necesario.
Los encausados engañaron a al menos 21 mujeres en situación de vulnerabilidad con falsas ofertas laborales de modelaje, para luego explotarlas sexualmente en los estudios de grabación de la empresa denominada “Belle Argentina”. La captación se produjo a través de las redes sociales.
El magistrado resolvió en línea con el pedido del fiscal general Francisco Maldonado, el fiscal federal Fernando Alcaraz y la cotitular de la PROTEX, Alejandra Mángano.
Los dos principales imputados fueron identificados como dueños de aquella firma y de diferentes domicilios ubicados en San Juan capital, donde habrían entrevistado, acogido y explotado sexualmente a las víctimas. El tercer encausado está acusado de oficiar de “monitor” de las mujeres mientras eran filmadas con webcams, durante los streamings eróticos.
La investigación determinó que las ganancias que generaron en dos años superan los 140 millones de pesos (netos).
Complejidad
Por la complejidad del caso y la sofisticación de los medios empleados para la explotación, el fiscal pidió autorización para el uso de la técnica del agente revelador (artículo 5 de la ley 27.319), que consiste en que un miembro de fuerzas de seguridad simule interés, ejecute y/o participe de una actividad del grupo criminal investigado, con la finalidad de identificar a los implicados en un delito, detenerlos, incautar bienes, liberar a las víctimas o recolectar material probatorio.
La medida fue autorizada y actuó personal de la Gendarmería Nacional. Ya con más información, Maldonado le solicitó a Rago Gallo que ordenara allanamientos, que se llevaron a cabo el 3 de julio, en cinco domicilios. Se secuestraron webcams, celulares, preservativos, cocaína y pendrives, entre otros elementos de interés.
“Sexo virtual”
Al dictar los procesamientos, el juez expuso que las mujeres “eran cosificadas y ultrajadas” e hizo hincapié en que los términos “sexo virtual” o “streaming erótico” son eufemismos para la oferta de servicios sexuales ajenos con el fin de ganar dinero.
Añadió que palabras como “monitor”, para quien dirige y controla los comportamientos frente a la cámara; “socios” o “dueños”, para quienes obtienen rédito económico, o “modelaje”, para referirse a la oferta de sexo virtual, buscan otorgarle a la explotación de la prostitución “una apariencia de sofisticación” y “de pertenencia y exclusividad para las víctimas”.
En tanto, indicó que, a pesar de que sus vidas eran disímiles, todas tenían “una situación de vulnerabilidad psicosocial, emocional y económica” marcada por escasas o nulas redes de contención, falta de oportunidades para tener un ingreso estable que “les permitiera progresar en la vida de una forma integral”.
“Esta vulnerabilidad de base que presentaban las víctimas habría sido la llave que permitió que soportaran el maltrato y las condiciones de trabajo que resultaron ser muy diferentes a las prometidas”, sumó.
Facebook
La pesquisa comenzó en marzo de 2022, luego de una denuncia anónima sobre la existencia de una página publicitaria en Facebook de “Belle Argentina – Estudio de Modelaje WebCam”, que se promocionaba como una “franquicia única” en la provincia.
El fiscal solicitó una serie de medidas investigativas. Una vez cumplidas, en noviembre de aquel año, se dispuso el archivo por no haberse podido corroborar la denuncia.
En octubre de 2023, Maldonado acompañó una nueva denuncia enviada por la PROTEX por su conexidad con la causa inicial, pidió el desarchivo y amplió el requerimiento de instrucción.
